El magistrado Santiago Pedraz ha decretado prisión provisional sin fianza para Javier Biosca por su implicación en una estafa de 250 millones de euros con criptomonedas. El bróker, que fue detenido por agentes de la Guardia Civil el pasado domingo en Málaga, ha comparecido ante el instructor que le investiga por estar detrás de este fraude en el que también están implicados su mujer Paloma Gallardo y su hijo Sergio Biosca y que suma más de 4.000 afectados.
Según informan fuentes jurídicas Biosca –contra el que también se actúa en otros juzgados- ha comparecido por videoconferencia ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 tras su detención el pasado domingo. Pedraz ha seguido el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación particular y ha acordado su ingreso en la cárcel por su implicación en esta causa que arrancó a tenor de una querella interpuesta por la Asociación de Afectados por Inversiones por Criptomonedas. Con todo, y según las fuentes consultadas por Vozpópuli, Biosca será citado a declarar en otro momento ya que esta comparecencia, que se acuerda en el marco de la conocida como vistilla, solo tenía como fin legalizar su situación.
Sobre el empresario pesaba una orden de búsqueda y captura. Tras su arresto, el juzgado de instrucción número 1 de Torrox (Málaga) trasladó a la Audiencia Nacional su puesta a disposición de este órgano que le atribuye la comisión de un total de nueve delitos tanto a él como a su mujer e hijos. Según los querellantes Biosca debe permanecer encarcelado primero por alto riesgo de fuga y segundo por la posibilidad de que destruya pruebas que son claves para el avance de esta investigación penal.
Entramado en el extranjero
Aunque Biosca no se ha pronunciado sobre los hechos que se le atribuyen en esta macroestafa, ha dicho que recibió amenazas de muerte y que eso le llevó a desaparecer. Sin embargo, los denunciantes insisten en que constituyó sociedades en el extranjero (entre otros países en Guinea Bisáu) donde habría ocultado gran parte de la fortuna amasada con esta estafa de criptomonedas que se impulsó principalmente durante el confinamiento. Por ese motivo han solicitado al magistrado que tome declaración también a los otros acusados del procedimiento que habrían actuado como intermediarios a la par que han aportado documental relativa a escrituras y otros datos de sus empresas en el extranjero.
Según la documental que obra en la causa, Biosca y su familia impulsaron en 2019 un negocio dedicado a la inversión de criptomoneda pese a que no contaban con la autorización pertinente ya que no estaba inscrito en la CNMV. Una vez montado el negocio, comenzaron a captar clientes a los que les garantizaba una rentabilidad semanal del 20 o del 25%. Como en un primer momento recibieron la rentabilidad prometida, los inversores se multiplicaron. Sin embargo, en los primeros meses de 2020 se dieron las primeras irregularidades y el bróker dejó de pagar a los perjudicados. El declive final se produjo en octubre de ese año cuando la sociedad desde la que operaba, Algorithmics Group, dejó de abonar las cantidades prometidas.
Embargo de todas las cuentas
En ese contexto, Pedraz ordenó hace apenas dos días el bloqueo de todas las cuentas y depósitos que estén a nombra de Biosca, su pareja y su hijo. También formó una pieza separada de medidas cautelares y expidió mandamientos a Banca Privada de Andorra, la CECA y la Confederación Nacional de Entidades de Crédito para que hicieran efectiva la ejecución del bloqueo. Igualmente ofició al Grupo II de Fraude Financiero para que canalicen todas las respuestas que reciban de las entidades a las que ahora se dirige.
Con todo, la investigación ha sufrido varios vaivenes ya que, aunque en un primer momento se archivó, la Sala de lo Penal dio la razón a los querellantes y ordenó al magistrado reabrir las pesquisas. Según argumentó, la Audiencia Nacional ostenta la competencia para investigar este asunto el cual, además, fue denunciado también por otra asociación que suma 300 afectados y habla de daños que alcanzan los 105 millones de euros. "Concurren en este momento los presupuestos establecidos en la Ley para atribuir la competencia a la Audiencia Nacional", reza el auto de la Sala.
