Los 28 exconsejeros procesados en el caso Bankia por un delito de fraude o estafa a inversores por decisión del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, pese a que el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, no les acusó, tratan de evitar a la desesperada sentarse en el banquillo de los acusados aludiendo a la denominada 'doctrina Botín'. Este precepto impide procesar, en casos muy concretos, a los acusados cuando la Fiscalía no les acusa, tal y como ha ocurrido en la investigación sobre la fusión y salida a Bolsa de la entidad financiera dirigida por Rodrigo Rato.
La llamada 'doctrina Botín' fue adoptada por el Tribunal Supremo en 2007 para cerrar el llamado caso de las cesiones de crédito en el que estaba implicado el presidente del Banco Santander, Emilio Botín.
Esa doctrina, que fue corregida por el propio Tribunal Supremo en 2008 con la denominada 'doctrina Atutxa', establecía que las acusaciones populares, como es el caso de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) en Bankia, no podían pedir la apertura de juicio oral cuando la Fiscalía y los perjudicados hubieran solicitado el sobreseimiento de la causa con el objetivo de salvaguardar los derechos del acusado.
Por ello, los exconsejeros tratan de rentabilizar la decisión de Alejandro Luzón, que sólo imputó cargos contra la cúpula formada por Rodrigo Rato, José Luis Olivas, Francisco Verdú y José Manuel Fernández Norniella. Además, recuerdan que el "único posible perjudicado", en este caso el Frob, "en su escrito de conclusiones provisionales también ha solicitado el sobreseimiento de la causa".
Así, el goteo de recursos que llegan al Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional es continuo aludiendo a la 'doctrina Botín' como último recurso para evitar ser juzgados.
Pedroche, Rojo y Ponga
Los primeros en recurrir a esta doctrina que permitió al expresidente del Banco Santander no ser juzgado fueron los exconsejeros de la entidad financiera Jesús Pedroche, Mercedes Rojo y Estanislao Rodríguez-Ponga, este último exsecretario de Estado de Hacienda.
Estos tres acusados enviaron un escrito al juez Andreu en el que le reclamaban que anulara su auto del pasado 17 de noviembre de apertura de juicio oral, al entender que se les debía aplicar la denominada "doctrina Botín" y sobreseer la causa, ya que ni el fiscal ni el FROB les habían acusado.
"El resto de acusaciones particulares personadas, carecen de legitimidad para formular acusación contra mis representados, por lo que sus conclusiones, no pueden ser tenidas en cuenta", especifica el escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli.
Según esta interpretación jurídica, en los procedimientos judiciales en los que no hay personada ninguna acusación particular, será suficiente con que lo pida la acusación popular para abrir juicio oral, aunque el fiscal pida el sobreseimiento: "En cambio, si hay personada una acusación particular, la acusación popular no podrá abrir juicio oral por sí sola", resalta el escrito, que recuerda que en este caso la acusación particular, que es la perjudicada, es el Frob, que no ha acusado a 28 de los 32 procesados por el juez Andreu.
López Madrid y Acebes
A esta estrategia jurídica ya se han unido los exconsejeros Remigio Pellicer Segarra; el yerno de Villar Mir Javier López Madrid; el exministro Ángel Acebes; Ángel Daniel Villanueva Pareja; Arturo Fernández y Araceli Mora, aunque con toda probabilidad será seguida por los 28 procesados que no han sido acusados por el fiscal Alejandro Luzón.
Además, en su escrito, los procesados Jesús Pedroche, Mercedes Rojo y Estanislao Rodríguez-Ponga asegura que el auto de Andreu "se aparta" de lo establecido por el artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
"Se ha procedido a la apertura de juicio oral contra mis representados a pesar de que tanto el Ministerio Fiscal como el único perjudicado por los hechos que se atribuyen a mis defendidos –el FROB han
solicitado el sobreseimiento de la causa para mis representados", concluye el documento del letrado.
Sin restricciones
Por el contrario, las acusaciones ya han rechazado la petición de que se anule el procedimiento. En concreto, la acusación popular de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) rechaza, tal y como interpretan los procesados, que el único perjudicado del delito de falsedad documental sea el FROB.
Además, la CIC explica que en los delitos que se investigan en el 'caso Bankia', "la acción popular no debe conocer restricciones que no encuentran respaldo en ningún precepto legal". También han rechazado la aplicación de la doctrina Botín, entre otros, las acusaciones particulares de la empresa Bochner España y de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec).
