"Una única familia que impone a las demás una disminución de la presencia de la lengua catalana". Estos son los términos en los que se pronuncia el sindicato de profesores mayoritario de Cataluña sobre los padres del niño de cinco años que pidieron a la Escuela el Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona) que impartiesen un mínimo del 25% de clases en castellano tal y como dicta la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Desde que el Tribunal Supremo decidiese no admitir a trámite el recurso de la Generalitat contra el fallo del TSJC y, por tanto, avalase la sentencia, USTEC-STEs, mayor organización docente de la escuela pública catalana, no ha dejado de lanzar comunicados. Uno de ellos en contra de la familia que se ha convertido en diana política y mediática del independentismo catalán.
"Defendemos una escuela que no sea utilizada como un campo de batalla lingüístico y que no esté sometida al capricho de las ideas particulares de nadie. El proyecto educativo de la escuela Turó del Drac está avalado por la tarea pedagógica realizada y el cumplimiento de los objetivos de dar plenas competencias lingüísticas al alumnado, tanto en catalán como en castellano, al finalizar la educación Primaria", sostiene el sindicato.
Defendemos una escuela que no sea utilizada como un campo de batalla lingüístico y que no esté sometida al capricho de las ideas particulares de nadie"
Y añade: "La judicialización de la organización escolar y del currículo y las medidas cautelares que obligan a incrementar el castellano en buena parte de las aulas del centro se origina en la acción de una única familia que impone a las demás una disminución de la presencia de la lengua catalana y una nueva organización del currículo donde parte de las materias consideradas troncales deben impartirse en castellano".
Según USTEC, esto puede comportar la ruptura del proyecto educativo, la desautorización del trabajo pedagógico del claustro de docentes y del contrato establecido con las familias en el momento de la matriculación. "Ni la dirección del centro, ni las familias han sido escuchadas por el tribunal antes de tomar su decisión", se quejan.
Además, el sindicato docente mayoritario en la región emplaza a la Generalitat y al Departamento de Educación liderado por González-Cambray a dar "el máximo apoyo a los centros educativos y a todo el profesorado para evitar que tengan que realizar cambios que les obliguen a prescindir de la inmersión lingüística y a considerar el catalán como lengua vehicular de estos centros".
Profesores denuncian "siglos de represión"
"Debemos ser conscientes de que tenemos una lengua en situación de emergencia: o se actúa con decisión y firmeza y se ponen las bases para revertir este retroceso o el catalán en pocos años se habrá convertido en la lengua del pasado [...] Hay que dejar de lado los complejos y poner todos los recursos para hacer del catalán la lengua real de uso en la enseñanza, en todas las materias y en todos los espacios de los centros educativos", lanzan.
El mismo sindicato ha hecho un llamamiento a al movilización el próximo 18 de diciembre. "Que el Estado Español no cumple el artículo 3.3 de su propia Constitución no es una sorpresa para ningún ciudadano de Cataluña después de décadas, sino siglos, de minorización y de represión lingüística", dicen los profesores. Sin embargo, consideran, últimamente organizaciones contrarias a la inmersión y el poder judicial español se han aliado para atacar, de nuevo, a la educación catalana.
"A la sentencia ya firme del Tribunal Supremo que insta al Departamento de Educación a implementar un mínimo del 25% en castellano en todo el sistema educativo catalán, se suman las denuncias de particulares (liderados por las organizaciones antes mencionadas) en escuelas concretas que han desembocado en sentencias que imponen también porcentajes de castellano", denuncian los profesores de USTEC.
Es el momento de abandonar las excusas y, más allá de apoyar a las escuelas con retórica, ponerse a la cabeza y liderar la defensa y la respuesta a estos ataques recurrentes"
Para los docentes asociados a este sindicato, ha llegado "el momento de asumir las responsabilidades inherentes al cargo". "Es el momento de impulsar políticas de urgencia por la lengua en la educación; es el momento de abandonar las excusas y, más allá de apoyar a las escuelas con retórica, ponerse a la cabeza y liderar la defensa y la respuesta a estos ataques recurrentes para garantizar y hacer avanzar la inmersión y con ella, la lengua catalana. El país necesita una estrategia consensuada del gobierno con la sociedad y la comunidad educativa", señalan.
Quien no sea capaz de mantenerse firme a la hora de alcanzar los objetivos mencionados y de aplicar las medidas necesarias -advierten los profesores de USTEC- es necesario que se aparte inmediatamente de la representatividad gubernamental.
Tal y como ha publicado Vozpópuli, la de Canet de Mar no es la única familia que ha pedido un 25% de clases en castellano. En la próxima semana, otras cinco recurrirán al TSJC y unas 11 más han iniciado el procedimiento por la vía administrativa.
