Ciudadanos fue el aliado inesperado de Pedro Sánchez en el anterior estado de alarma y puede volver a serlo en una hipotética prórroga del mismo en la Comunidad de Madrid en poco más de una semana si fuese necesario. El partido naranja deberá estar atento a este nuevo escenario pues en la primavera hubo varias promesas incumplidas en los pactos que selló con el Gobierno de coalición.
El anterior estado de alarma pasó sin problema las tres primeras prórrogas -gracias al apoyo del PP-, pero la tres siguientes fueron un suplicio parlamentario para Sánchez. Ante la negativa de ERC a secundarlos, el jefe del Ejecutivo tuvo que buscar el apoyo de los 10 diputados naranjas. Para la formación de Inés Arrimadas no fue un paso fácil pues varias de sus caras conocidas abandonaron el partido -Juan Carlos Girauta, Carina Mejías y Marcos de Quinto-.
El primer acuerdo entre Sánchez y Arrimadas se produjo el 5 de mayo. La principal obsesión de Cs era que no decayeran los ERTE y las ayudas a pymes y autónomos sin que el Ejecutivo tuviera un plan B. Salvado ese escollo, el resto de puntos asumidos por el Gobierno fueron más bien compromisos bienintencionados.
Por ejemplo, Sánchez se comprometió a dialogar "y, en su caso, consensuar" medidas para la implementación del plan de 'desescalada' que fuese "real y sensato". Para ello, el Gobierno mantendría contactos semanales con Ciudadanos "para informar sobre la crisis sanitaria".
Asimismo, asumió un diálogo para la adaptación de los ERTE y las ayudas a pymes y autónomos con el fin de que pudieran adecuarse éstas "y el resto de las medidas de protección social a las necesidades que se produzcan más allá del Estado de Alarma". Arrimadas se felicitó de ello en su cuenta de Twitter por haber sacado tres compromisos a Sánchez:
Logramos que el Gobierno acepte nuestras condiciones:
✅Adaptación de ERTEs y medidas de apoyo a autónomos y pymes más allá del Estado de Alarma
✅Consensuar una salida ordenada del Estado de Alarma
✅Reunión semanal Gobierno-Cs para consensuar medidas de respuesta a la crisis— Inés Arrimadas (@InesArrimadas) May 5, 2020
El 19 de mayo se votó la quinta prórroga y la debilidad parlamentaria del Gobierno de coalición obligó a Sánchez a renunciar a la prórroga de 30 días del estado de alarma que quería solicitar al Congreso. Para ello, recurrió de nuevo a los apoyos que le salvaron en el anterior decreto: PNV y Ciudadanos.
Sánchez y Arrimadas volvieron a comprometerse a analizar las medidas y reformas legislativas necesarias "que permitan una salida ordenada del estado de alarma y la gestión de la pandemia, ya sin la utilización de la herramienta constitucional de la declaración de alarma". En síntesis, era el mismo punto que se había pactado para la cuarta prórroga.
La novedad fue que el Ejecutivo se comprometió a comunicar en dos semanas "las primeras conclusiones de su análisis con el objetivo de dialogar y, si es posible, consensuar las medidas y reformas legislativas necesarias". Nada de ello ocurrió. Desde el Ejecutivo se adelantó que con toda seguridad habría que modificar las leyes de Seguridad Nacional y de Salud Pública, pero no se atrevió a dar el paso, algo que ahora le reprocha el PP de Pablo Casado.
No hay más ciego que el que no quiere ver... más que una oportunidad para atacar al PP en vez de proteger la salud.
Llevo 6 meses ofreciendo un Plan B con la Ley 3/1986 para luchar con eficacia contra el Covid sin otro ruinoso Estado de alarma. La hemeroteca es implacable ?? pic.twitter.com/KqcyzoXc7z— Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) October 11, 2020
La formación liberal 'vendió' también como un éxito el compromiso del Gobierno de habilitar el mes de julio para que fuese hábil en el Congreso de los Diputados, lo que en la práctica obligaba al Gobierno a rendir cuentas en sede parlamentaria, si bien es algo habitual en los últimos años.
Asimismo, Arrimadas se felicitó por haber sacado de Sánchez el compromiso de que no hubiera "ninguna mesa de negociación con ERC ni los separatistas para dinamitar la igualdad entre españoles". Esta era una de las reclamaciones tanto del partido de Oriol Junqueras como de JxCat para transitar como mínimo a la abstención en aquella prórroga.
"Por eso nos mostramos satisfechos de haber logrado aislar las demandas de los nacionalistas para poner a los españoles en el centro y haber conseguido mejoras para todos ellos", remachó Ciudadanos en su propio comunicado.
Este compromiso de Sánchez sí se cumplió en aquel momento de mayo, pero en septiembre volvió a plantear al presidente de la Generalitat, Quim Torra, la posibilidad de que sus gabinetes trabajasen un orden del día para poder celebrar la cita la mesa de negociación "que debe tener lugar en Barcelona". La cita no fraguó al mezclarse la Diada y el tercer aniversario del referéndum ilegal del 1-O con las complicaciones judiciales de Torra, quien finalmente fue inhabilitado por el Supremo, pero demostró que Sánchez podía cambiar de criterio en apenas tres meses.
Otro rédito sacado a Sánchez por parte de Arrimadas fue aumentar en un mes -de tres a cuatro- el plazo para ingresar impuestos sin intereses de demora a los contribuyentes que se hubieran visto afectados "por el impacto económico negativo" del coronavirus.
Asimismo, el Gobierno se comprometió a "agilizar" el pago de las prestaciones por ERTE o desempleo "a quienes aún no lo han cobrado para que puedan percibirlo durante el mes de junio, como muy tarde", pero aún así siguen produciéndose retrasos en la recepción de este subsidio.
El último punto del aquel acuerdo entre el Ejecutivo y la formación centrista señaló que se analizaría la posibilidad de ampliar "más allá de la vigencia del estado de alarma" la prestación extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos, así como la consecuente exención de sus cuotas de Seguridad Social durante la percepción de dicha prestación. Dos hechos que sí ha mantenido el Ejecutivo de Sánchez.
El plan de ayudas para el turismo
El 2 de junio se produjo la sexta y última prórroga del estado de alarma. Ciudadanos y el Gobierno de coalición volvieron a darse la mano, a pesar de que los votos naranjas ya no eran necesarios para sacar adelante la votación. En todo caso, a cambio del apoyo de los 10 diputados de Cs, el Ejecutivo se comprometió a establecer nuevas ayudas al turismo.
El compromiso de la Moncloa fue aprobar antes del 15 de junio un plan que, como punto de partida, iba a constar de 2.500 millones de euros de líneas de avales ICO para garantizar la liquidez del sector, así como de 151 millones de euros en inversión en la transformación y digitalización del sector que incluirá el refuerzo de destinos inteligentes y sostenibles.
El posterior anuncio de Sánchez fue de mayor cuantía al comprometer 4.262 millones de euros para este "sector estratégico" por su peso en la economía española, pero no convenció a los beneficiarios. Hoteles, aerolíneas, agencias de viajes, bares y restaurantes manifestaron su "decepción" con las medidas anunciadas, basadas fundamentalmente en avales para nuevas líneas de financiación, en la mejora de la competitividad con programas de formación y 'mentoring' y en la promoción de los destinos.
Moncloa se comprometió a contar con todas las comunidades autónomas "en pie de igualdad" en el marco en el Consejo Interterritorial de Salud, pero la promesa cayó en saco roto
Más controvertido fue el siguiente punto del acuerdo, ya que volvía a incidir en que el Gobierno analizaría las reformas legales para establecer un mecanismo alternativo al estado de alarma para que el país estuviese protegido ante eventuales rebrotes sin necesidad de recurrir de nuevo al estado de alarma. Lo mismo que en la cuarta y quinta prórroga, sin que el Ejecutivo haya dado este paso por el momento como se ha visto tras el caso jurídico en Madrid.
Por último, Moncloa se comprometió a contar con todas las comunidades autónomas "en pie de igualdad" en el marco en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para analizar el marco jurídico necesario para garantizar una salida ordenada del estado de alarma y la gestión de la pandemia. Una promesa que tras el verano cayó en saco roto cuando se intentó imponer a Madrid unos criterios únicos para esta región.
