El Congreso ha abordado esta semana dos armas de división masiva en la izquierda: la abolición de la prostitución y la regulación del cannabis. La primera se coló tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el congreso federal del PSOE. Los socialistas avisaron de que ese ya es su objetivo. Y, la segunda, tras la proposición de ley de Más País. El grupo que lidera Íñigo Errejón quiere legalizar el consumo de marihuana.
La pelota que lanzaron los socialistas fue devuelta por sus socios de Podemos 24 horas después del cónclave en el que Sánchez se abrazó al expresidente Felipe González: "En el año 1995, González acaba con la prohibición de la tercería locativa [lucro por alquilar un espacio donde se prostituye a una persona] y permite su impunidad, que es lo que favorece a la industria proxeneta. Lo que consideramos es que para poner fin a la explotación de las mujeres lo que hay que hacer es poner fin a la industria proxeneta", dijo la coportavoz, Isabel Serra.
Lo cierto es que el debate sobre la abolición tensiona a los morados y les pilla a pie cambiado. Muestra de ello es que la postura oficial del partido no la menciona. Es más, en el propio Ministerio de Igualdad, que dirige Podemos, conviven partidarios de la prohibición, como la ministra, Irene Montero, y los de la regulación, como la secretaria de Estado, Ángela Rodríguez, que prefiere dar garantías a quienes ejerzan la prostitución. "Siempre ha habido diferente opinión en este tema. El regulacionismo-abolicionismo siempre ha sido un debate en el feminismo y también en las instituciones", explican fuentes parlamentarias moradas.
Los ‘comunes’ no creen que la abolición sea el camino
De hecho, los hermanos catalanes de Podemos, los socios de En Comú Podem, presentaron una enmienda contra la ley integral de garantías sexuales impulsada por Montero, la conocida como ley del solo ‘sí es sí’. Ese ‘pero’ del partido de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, fue un misil dirigido contra la prohibición de la tercería locativa que incluye el texto de Igualdad y que busca "sancionar penalmente a quien destine un inmueble a favorecer la explotación de la prostitución de otra persona".
Los ‘comunes’ no creen que ese sea el camino, pues consideran que ese punto de la ley podría impedir alquilar un piso a las mujeres que ejerzan libremente la prostitución. Y he ahí el quid de la cuestión. ¿Las mujeres que ejercen la prostitución por elección son o no mayoría? El sindicato de prostitutas defiende que sí. Sin embargo, algunas organizaciones sociales denuncian que más del 90% lo hace sin opción y, por eso, urgen la abolición.
"En el PSOE nunca hubo debate sobre este tema. Y no entiendo que haya fricción en Podemos. Además, no creo que haya mayor fricción en el Gobierno por este asunto. El abolicionismo no persigue a las mujeres que optan por la prostitución: no es prohibicionismo. Jamás va contra las mujeres. El abolicionismo persigue el proxenetismo y lo que busca es generar conciencia social con respecto al pago por el sexo. Y el principal eje es ofrecer alternativas de futuro a estas mujeres", explica una responsable socialista de Igualdad que ha trabajado codo con codo con la exvicepresidenta Carmen Calvo.
Unidas Podemos promete consenso
Fuentes moradas explican, no obstante, que confían en que pronto se llegue a un consenso con los ‘comunes’, con quienes negocian para evitar que se rompa la disciplina en las votaciones a las enmiendas del plan de Igualdad.
El anuncio socialista de impulsar una ley abolicionista, no obstante, ha generado cierto malestar en Podemos, ya que según reconocen algunos morados, cunde la sensación de que el PSOE está tratando de robarles algunas de sus tradicionales banderas para perjudicarles electoralmente. Especialmente después de que la subida del salario mínimo y la Ley de vivienda hayan calado como medallas moradas.
"Ese debate divide a Podemos y al feminismo. Es como el otro asunto que se ha colado estos días: la regulación del cannabis. Hay quien piensa que cómo podemos haber iniciado la cruzada contra las casas de apuestas y pretendamos regular el consumo de marihuana", detalla una fuente de los ‘comunes’.
Cannabis ‘sí’, cannabis ‘no’
Más País logró su objetivo el pasado martes, pese a que su proposición de ley de regulación del cannabis no pasó el examen del pleno del Congreso. El partido que lidera Íñigo Errejón terminó contento porque piensa que logró marcar la agenda al Gobierno. Solo el PSOE, en la izquierda, se negó a apoyar el texto.
Los de Errejón creen que ha llegado el momento de abrir las puertas del cannabis porque ha habido "un cambio de percepción en el ámbito de la salud pública". "Durante las últimas décadas, evidencias científicas han demostrado el potencial de las sustancias presentes en la planta en el tratamiento de enfermedades que requieren de aplicaciones analgésicas o paliativas. El tratamiento con cannabis se ha revelado muy positivo para garantizar la dignidad y la mejora de la calidad de vida de personas aquejadas de una enfermedad grave, como el cáncer, o que soportan lesiones de por vida", zanja el proyecto que abordó el Congreso.
El PSOE, sobre la regulación del cannabis: No vamos a participar en esta deriva, en esta carrera por quién lidera y quién llega antes.
Los socialistas, sin embargo, prefieren no adelantar y llevar el asunto a subcomisión para que todos los grupos puedan hacer sus aportaciones. El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, frenó las ansias de Errejón: "No vamos a participar en esta deriva, en esta carrera por quién lidera y quién llega antes. Se trata de legislar bien y, si es posible, con el mayor consenso".
Más País contaba con el ‘no’ del PSOE, pero su plan le permite anotarse el tanto de partido "en la calle". Por eso, también sustenta la regulación por el consenso social que suscita. "Existe un sólido consenso sobre la necesidad de regular y legalizar el cannabis medicinal. Una medida extendida en otros Estados y que cuenta, en 2021, con un respaldo del 90,1 % —defiende que se legalice la marihuana medicinal—. Es decir, aumenta el apoyo con respecto a 2018 que era del 87% de la población española, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)", explica el partido.
Por el momento, tanto la abolición de la prostitución como la regularización del cannabis siguen anclados en la maraña legislativa a la espera de un consenso difícil de lograr entre los partidos que pueden impulsarlos: los de izquierda.
