Las protestas de los agricultores y el campo español se acercan a cumplir un mes con una cifra de 63 detenidos por las fuerzas de seguridad. Este viernes siguen en marcha, y se concentran especialmente en Lleida, Zaragoza, Burgos o Guipúzcoa.
El balance de las movilizaciones agrarias acumulado desde el 6 de febrero hasta las 13:00 horas de este viernes cifra en 9.151 las personas que han sido identificadas y en 3.254 las denuncias administrativas interpuestas, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior.
Los motivos son varios, ya sean los cortes de carreteras, el tránsito de las tractoradas en ciudades no autorizadas u otros altercados con las fuerzas de la autoridad.
Los agricultores asaltan el Parlamento de Aragón en Zaragoza
Este viernes las protestas se han focalizado en distintos puntos del país, especialmente en Zaragoza, donde los agricultores y ganaderos han cercado las Cortes de Aragón y han conseguido acceder a la sede parlamentaria para registrar un documento con sus demandas.
En el Palacio de La Aljafería de la capital aragonesa agricultores y ganaderos se han concentrado y han mantenido un enfrentamiento con la Unidad de Intervención de la Policía Nacional (UIP).
También en Lleida, donde cerca de 300 manifestantes cortan la A-2 a la altura de Tàrrega, algo que tienen previsto hacer al menos hasta mañana; Miranda de Ebro (Burgos), donde medio centenar de camiones no han podido salir de las plataformas logísticas a causa de las protestas; o Gipuzkoa, donde tres columnas de vehículos se han desplazado hasta San Sebastián.
JUPOL denuncia a los manifestantes violentos de Zaragoza
Con un comunicado al que ha accedido Vozpópuli, el sindicato policial JUPOL ha denunciado los altercados en las protestas de Zaragoza ante las Cortes, que achaca a un "grupo de manifestantes violentos".
JUPOL expresa que han resultado heridos "de diversa consideración" nueve agentes de la UIP y cuatro de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR). El sindicato ve en ello una situación "intolerable" por la que piden explicaciones a la Dirección General de la Policía, así como una depuración de responsabilidades "por la falta de supervisión de un dispositivo y nuevamente por la ausencia de órdenes claras, correctas y contundentes" para evitar este tipo de incidentes que ponen en "grave peligro" la integridad de los agentes y los manifestantes.
