Los disturbios ocurridos en Barcelona tras conocerse la sentencia del procés están teniendo sus primeras consecuencias burocráticas. Apenas 26 días después de los incidentes, el Parlament de Cataluña ha decidido aprobar varias mociones presentadas por Catalunya En Comú sobre las actuaciones policiales que se llevaron a cabo durante las jornadas del 17 y 18 de octubre.
El pasado martes 12 de noviembre, los diputados autonómicos votaron varias cuestiones impulsadas por la marca de Podemos en Cataluña. Entre ellas está la modificación de la normativa que obliga a los Mossos d’Esquadra que desarrollan funciones de orden público a identificarse frente a los ciudadanos.
El texto -aprobado por Junts per Catalunya, ERC, los propios 'comunes’, la CUP y el PSC- busca modificar en seis meses el número y la tipografía del Número Operativo Policial (NOP), que viene siendo el DNI de los agentes.
Según lo aprobado, la nueva rotulación tendrá que ser “visible por delante y por detrás, incluido el casco, desde una distancia de seguridad y con un código corto, fácil de recordar”. Facilitar la identificación de los agentes que actúan en las cargas policiales es una vieja reivindicación que siempre sale en el debate que se origina tras las manifestaciones.
Las revueltas en la Ciudad Condal dejaron aquellos días casi 600 heridos, de los que 288 son agentes de los distintos cuerpos policiales que han intervenido para acometer la actuación de grupos violentos: 153 Mossos d’Esquadra, 134 efectivos de la Policía Nacional y uno de la Guardia Urbana.
La nueva rotulación tendrá que ser “visible por delante y por detrás, incluido el casco, desde una distancia de seguridad y con un código corto, fácil de recordar”
Las dos unidades de Mossos encargadas de preservar el orden público son el Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) y la Brimo. Esta última la constituyen en la práctica los antidisturbios de la policía autonómica. La nueva normativa de identificación, aprobada por los socialistas catalanes junto a los partidos independentistas, facilitaría, en la práctica, que los ciudadanos denuncien a los agentes por las labores desarrolladas durante sus trabajos.
“Hasta que no se apruebe la nueva regulación, la Dirección General de Policía ha de garantizar que todas las unidades del Cuerpo de Mossos d’Esquadra que desarrollan funciones de orden público (...) lleven siempre visible el NOP en la parte de atrás del uniforme”, termina la moción aprobada, lo que supone que se cumpla la normativa actual.
“En vez de apoyar de manera inquebrantable a la Policía y depurar de manera interna los casos con motivos de sanción, nos encontramos con lo contrario, y el trabajo se hace cada vez más difícil”, apuntan desde el Sindicat de Policies de Catalunya (SPC), y añaden al mismo tiempo que no tienen quejas a que se “metan más medidas de control”.
Otras mociones aprobadas
Otra de las mociones aprobadas ha sido la de “exigir al Gobierno del Estado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en caso de actuación en Cataluña, adapten sus técnicas y protocolos a los medios que utiliza la policía catalana”. Este punto va dirigido al empleo de pelotas de goma por parte de la Policía Nacional, algo que ha criticado en una nota de prensa el Sindicato Unificado de Policía (SUP).
Los Mossos tienen prohibido el empleo de este elemento disuasorio desde 2014, a raíz de que una vecina, Ester Quintana, perdiese un ojo debido a un disparo de estos proyectiles en una manifestación por la huelga general del 14 de noviembre de 2012. Desde entonces los agentes autonómicos lanzan pelotas de foam. El PSC y la CUP se abstuvieron en este punto, que fue sacado adelante con los 67 votos a favor de JxCat, ERC y los Comuns, y los votos negativos de Ciudadanos y del PP.
Una de las imágenes que más llamaron la atención durante los disturbios fue la de un agente de la Brimo pasando el brazo por el hombro a un manifestante de ultraderecha. El conseller de Interior del Govern, Miquel Buch, salió al quite diciendo que “los mossos no tienen connivencia con personas violentas”.
Todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, han aprobado “investigar aquellos casos en los que haya podido haber algún tipo de connivencia de algún agente concreto con grupos fascistas organizados”.
