El PSOE y Esperanza Aguirre vuelven a protagonizar un nuevo enfrentamiento a tenor de la trama Púnica. Aunque la Audiencia Nacional archivó la causa para la exmandataria madrileña al considerar que no había indicios suficientes para llevarle al banquillo, el partido ha pedido que se actúe contra la exedil y otros 72 diputados populares como responsables civiles de la red. Ella tilda la actuación de "bochorno" y recuerda que está fuera del procedimiento.
Así conta en la nueva documental incorporada a la macrocausa y a la que ha tenido acceso Vozpópuli. De acuerdo con la misma, el PSOE y ADADE (que litigan como acusación popular) solicitaron la apertura de juicio oral para todos los acusados en la pieza 9 del caso Púnica, relativa a la presunta caja B del PP madrileño. Además, la formación pidió que se actuara contra Esperanza Aguirre y contra 72 diputados autonómicos electos en los comicios de mayo de 2011 en la Comunidad de Madrid.
El motivo esgrimido por el partido es que todos ellos serían responsables civiles a título lucrativo de la presunta caja B del PP. En respuesta, la defensa de Aguirre ha remitido un escrito al Juzgado Central de Instrucción número 6 en el que apunta que se trata de un "bochornoso intento de fraude procesal" y pide que se rechace teniendo en cuenta que se le archivó la causa el pasado mes de octubre.
Comparación con los ERE
La defensa de la exlíder del PP de Madrid asegura que el partido, en su condición de acusación popular, no tiene legitimidad para ejercitar acción civil alguna, potestad que queda reservada para el Ministerio Fiscal, los perjudicados por el delito y los actores civiles de los mismos. "Cualquier pretensión civil ejercitada por una acción popular tiene legalmente que ser rechazada", expone. Al respecto reitera doctrina del Tribunal Supremo que respalda lo argumentado.
Se pretende la pseudoimputación de Aguirre por la puerta de atrás. Cualquier cosa vale con tal de dirigir frente contra ella y abrir el telediario con la noticia fraudulenta y abiertamente fake
Además, la defensa de Aguirre insiste en que ella no se benefició de la trama que ahora juzgará la Audiencia Nacional y mediante la cual se habrían desviado fondos públicos de la Comunidad de Madrid a las arcas del partido. Al respecto alude al auto de octubre en el cual el magistrado Manuel García Castellón, siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, archivó la causa para más de 70 personas implicadas en la Púnica. Entre ellos, además de Aguirre, se encontraban Francisco González, la exconsejera Lucía Figar, el empresario Juan Miguel Villar Mir o su yerno Javier López Madrid.
"Fracasado en su intento de que se imputara a Esperanza Aguirre pretende su pseudoimputación por la puerta de atrás, mediante su consideración de responsable civil o de partícipe lucrativo. Cualquier cosa vale con tal de poder dirigir frente a ella y poder abrir el telediario de los próximos meses con la noticia engañosa, fraudulenta, abiertamente fake, de que el procedimiento se dirige contra ella y por extensión frente a 72 diputados del PP como responsables económicos de un delito. Lo que en términos de manipulación se expresará: "¡Estos sí que se han llevado dinero a su bolsillo y no como los condenados de los ERE!".
Aguirre, exonerada
Aguirre trata de cerrar página por completo de este capítulo judicial que arrancó con su imputación en esta macrocausa en septiembre de 2019. Además de ella, se imputó a los también expresidentes Ignacio González y Cristina Cifuentes, entre otros. En su declaración ante el juez negó por completo tener conocimiento de los contratos fraudulentos con los que se habría desviado dinero al partido y dijo que ella nunca gestionó directamente las partidas de los entes supuestamente utilizados para ello (Fundescam o Plan Arpegio, entre otros).
Además, delegó las cuestiones económicas en el que fuera tesorero del partido regional, Beltrán Gutiérrez. Finalmente, tras años de investigación, el juez puso punto y final a la instrucción y tras, adherir el informe del Ministerio Fiscal, envió al banquillo a cerca de una decena de personas, entre las que se encuentran Francisco Granados (considerado cabecilla de la Púnica), Beltrán Gutiérrez, el exconsejero Borja Sarasola o el informático de la trama Alejandro de Pedro.
Con todo, el auto del juez está recurrido ante la Sala de lo Penal, de manera que este ente tendrá que pronunciarse acerca de si confirma el archivo decretado para Aguirre o, por el contrario, da la razón al PSOE. Este es el único fleco que tiene pendiente de resolver en relación a su vínculo con Púnica teniendo en cuenta que el otro asunto que le afectaba, relativo a las pruebas que tenía que presentar contra ella un exalcalde del PP, también se ha archivado de manera definitiva.
La caja B del PP
Este capítulo enfrentó igualmente al PSOE y a Aguirre ya que mientras el partido se posicionó a favor de este exedil popular, Aguirre sostuvo en todo momento que sus acusaciones eran falsas y que no se le tenía que escuchar. El asunto en cuestión se remonta al verano de 2020. Entonces Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda, dijo que fue testigo de cómo el extesorero del PP Álvaro Lapuerta le dio a la 'lideresa' un sobre con dinero negro procedentes de constructores ligados al partido.
En su comparecencia ante el juez (junto con otros dos testigos más) explicó que nada en el partido se hacía sin el consentimiento de Aguirre y que estaba al tanto de la presunta financiación opaca, hasta el punto que Mercado Puerta de Toledo, empresa pública que entonces dirigía Ortega, participó en el circuito. Dijo que se sobrefacturó un millón de euros en contratos de publicidad.
El juez abrió pieza separada para investigar estos hechos y requirió toda la documental. Finalmente terminó adhiriendo la investigación a la pieza 9, que enfila su camino al banquillo, y mantuvo las pesquisas a la espera de recibir la información comprometida por el exregidor de Majadahonda, conocido como 'el Rata'.
Éste, que cumple pena en prisión por su implicación en Gürtel, solicitó tiempo extra explicando que su estancia en prisión dificultaba en gran medida el acceso al material. El juez le concedió varias prórrogas, pero finalmente decidió dar carpetazo al asunto y seguir adelante con la trama Púnica sin este material. Aguirre defendió en todo momento que la única intención del excompañero de filas era beneficiarse de esta colaboración con Anticorrupción para reducir su condena por la trama Gürtel.
