El PSOE y Coalición Canaria (CC) han alcanzado de forma inopinada un acuerdo puntual para el reparto de menores extranjeros no acompañados (menas) de Canarias en la Península que libra al PP de posicionarse, y que, sobre el papel, no tendrá consecuencias sobre los equilibrios de gobierno en el Ejecutivo del nacionalista Fernando Clavijo.
El PP es socio en Canarias de los nacionalistas y, de no sumarse al acuerdo entre CC y PSOE, podría suponer la revisión del pacto regional, si bien a CC le sigue interesando contar con el apoyo de los populares. En abril de 2025, se supone que para entonces han salido buena parte de los menas a la Península, los nacionalistas isleños celebrarán un congreso para renovar liderazgos, y los populares se podrían ver obligados entonces a tener que asumir un cambio de equilibrios en sus relaciones.
El pacto alcanzado entre el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, establece que las partes se dan 10 días para acordar una fórmula de distribución puntual de menores inmigrantes no acompañados (menas) entre comunidades.
Torres, asediado por cuatro casos de corrupción que hay en las islas de su periodo de mandato entre 2019 y 2024 y también en el candelero de los escándalos judiciales que rodean al Gobierno y a Ferraz, tiene congreso autonómico del PSOE canario a finales de este mes de enero, de modo que está urgido de 'logros' con que presentarse en las islas como un ministro canario en Madrid capazd de resolver problemas de los canarios en contraposición con PP. Y es evidente que este pacto, aunque sea puntual, le sirve de baza.
La entente vasco-canaria
Este acuerdo de CC con el PSOE se suma al que ha establecido con el PNV. Canarias y el País Vasco proponen un sistema concreto para definir el destino de los menores no acompañados, basado en varios criterios objetivos. Entre estos, destacan el tamaño de la población del territorio receptor, su capacidad de acogida actual, el nivel de vida medido a través del PIB per cápita, la tasa de desempleo y el historial de solidaridad reflejado en el número de menores acogidos en años anteriores.
Los nacionalistas canarios llegan a un acuerdo con el PSOE tras adherir a su tesis, parcialmente, a Junts, fuerza con la que ha buscado garantizar una distribución más equitativa y sostenible, asegurando que las regiones con mayores recursos y experiencia en acogida asuman una mayor responsabilidad.
Según el Ejecutivo canario, esto supondría el traslado de unos 4.000 jóvenes desde las islas y de otros 400 desde Ceuta, sin necesidad de cambiar la ley de extranjería. Clavijo explicó que tras reunirse con Ángel Víctor Torres, su antecesor en el cargo, se acordó que los servicios jurídicos de ambas partes trabajarán en un texto cerrado que podrá ser sometido al estudio de la Abogacía del Estado o incluso al Consejo de Estado.
Después de más de un año de tensiones políticas entre el PP y el PSOE en torno a la reforma de la Ley de Extranjería, Clavijo admitió que le resulta "difícil ser optimista" sobre una solución para los menores migrantes.
El presidente canario, Fernando Clavijo, explicó que el Estado ha trasladado a Canarias que podrían surgir dudas sobre la posible invasión de competencias autonómicas al transferir la tutela de menores migrantes a las comunidades autónomas. Mientras Canarias defiende la aprobación de un decreto ley para implementar esta distribución extraordinaria de forma inmediata, aunque posteriormente requerirá el respaldo del Congreso, el Estado prefiere utilizar una proposición de ley.
El expresidente autonómico Ángel Víctor Torres señaló que serán los servicios jurídicos los encargados de determinar el mecanismo más adecuado para llevar a cabo esta medida.
El plan inicial, frustrado en julio, consistía en la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería , que habría hecho obligatoria la distribución de menores no acompañados que lleguen al archipiélago entre el resto de las regiones. Según Clavijo, Canarias no renuncia a esta propuesta, y el Estado continúa negociando con las fuerzas políticas para alcanzar un acuerdo.
Más de un año de tensiones
Después de más de un año de tensiones políticas entre el PP y el PSOE en torno a la reforma de la Ley de Extranjería, Clavijo admitió que le resulta "difícil ser optimista" sobre una solución para los menores migrantes.
Clavijo celebró que se hayan establecido plazos concretos, lo que da confianza para conseguir un texto pactado que luego será sometido a los informes jurídicos pertinentes y buscará el apoyo de los grupos políticos del Congreso. Los matices jurídicos discutidos están relacionados con una posible invasión de competencias de las comunidades autónomas, ya que la iniciativa canaria implica la transferencia de la tutela de los menores de una comunidad a otra.
