El PSOE hará oídos sordos al aluvión de críticas de la oposición y volverá a preguntarse a sí mismo en la sesión de control en el Congreso de los Diputados. Fuentes del Grupo Socialista aseguran a Vozpópuli que es "algo que pueden hacer y que se ha hecho en otras legislaturas". "Se puede volver a dar en el futuro", dicen estas fuentes. "Es una potestad de todos los grupos".
Cuatro diputados del PSOE han formulado este miércoles preguntas a ministros de su partido en el Parlamento. Los temas eran de campaña en Castilla y León, que celebra elecciones el 13 de febrero. La situación ha sido casi ridícula. "La Junta hace mucho menos por las familias de Castilla y León que el Gobierno de España", ha comenzado la diputada socialista Luz Martínez Seijo en su pregunta a la ministra de Educación del PSOE, Pilar Alegría.
No es habitual que el grupo que sostiene al Gobierno haga preguntas al Gobierno. Y se deja que la oposición monopolice, como así le reconoce la Constitución, el control del Ejecutivo con preguntas -tanto orales en el pleno como escritas- interpelaciones, mociones o peticiones de comparecencia, entre otras iniciativas.
Estupor hasta en el PSOE
El PP ha presentado una queja formal a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. "Lo que nos faltaba por ver en el Grupo Socialista: convertir la sesión de control en el Congreso en un spot electoral serie B de pésima calidad", ha dicho la portavoz popular en la Cámara, Cuca Gamarra.
Lo ocurrido también ha causado cierta sorpresa en sectores del PSOE -pocos-, que no daban crédito al "espectáculo". "Es difícil de creer que se haya hecho algo así", aseguraba un ex diputado. "El problema es que ya nos hemos acostumbrado a todo. Nada nos sorprende".
La estrategia del PSOE se ha ejecutado con Pedro Sánchez ausente. El presidente del Gobierno se encontraba de viaje en Emiratos Árabes y no ha participado en la sesión de control, que era la primera del año tras el parón de enero. "Se ha buscado protegerle de este numerito", explican fuentes parlamentarias.
Las preguntas del PSOE al PSOE se han formulado un día después de la polémica por el decreto del uso de la mascarilla en exteriores. El Gobierno aprobó esta norma hace un mes ante el avance de la sexta ola del coronavirus. Y el Congreso la ha convalidado esta semana gracias a que el Ejecutivo introdujo en ese decreto un paquete de medidas en torno a la Atención Primaria y la actualización en el pago de las pensiones.
La trampa permitió al Gobierno sacar adelante la norma. La ley obliga a convalidar los decretos en su totalidad, y no se puede votar de forma aislada a favor de un punto y en contra de otro. La maniobra también provocó fuertes críticas al Ejecutivo, incluidos los socios de legislatura de Sánchez. Pero desde el Ejecutivo se asegura que este es un modus operandi habitual.
La mascarilla y otras tretas
Es cierto que gobiernos de todos los colores han aprovechado estos decretos para introducir modificaciones legislativas. Pero rara vez, como ha ocurrido con la mascarilla, el voto de los grupos se ve condicionado por lo supuestamente adyacente y no por lo principal. En este caso, votar en contra del uso de la mascarilla en exterior suponía rechazar la paga para los pensionistas.
El Tribunal Constitucional ya tumbó una polémica disposición adicional introducida por este Gobierno en uno de sus primeros decretos tras el estallido del coronavirus en marzo del 2020. La Moncloa coló una reforma de la ley que regula el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en un paquete de medidas económicas para mitigar el golpe de la pandemia.
La modificación era para colocar en la Comisión Delegada del CNI a Iván Redondo y Pablo Iglesias, que entonces eran director de Gabinete de la Presidencia y vicepresidente segundo, respectivamente. El TC declaró inconstitucional y nula esta disposición porque carecía de "una justificación objetiva de extraordinaria y urgente necesidad".