Está previsto que este lunes se pronuncie el Tribunal Constitucional (TC) sobre la treta empleada por el Gobierno para propiciar la renovación del órgano de garantías mediante una enmienda a la proposición de ley orgánica que borra el delito de sedición y cambia el de malversación del código penal. Y es que ante la posibilidad de que el tribunal que vela por el cumplimiento de la Constitución tumbe la tramitación de la reforma antes de que llegue al Senado, el PSOE descarta que Moncloa, en ese caso, apruebe el nombramiento de sus candidatos afines, el exministro socialista de Justicia Juan Carlos Campo y la exalto cargo de Moncloa Laura Díez vía proyecto de ley.
La suspensión, el pasado viernes, del Pleno convocado por el Constitucional para estudiar la reforma de Pedro Sánchez no garantiza al Gobierno que llegue al Senado. El recurso interpuesto por el Partido Popular contra la tramitación en las Cortes se está estudiando este lunes sin que se descarte que se pueda acordar la medida cautelarísima que se solicita. De esta forma, aunque cuenta con la luz verde del Congreso, el Pleno del TC todavía tiene en su mano la facultad de frenar parte de esta reforma del Código Penal. Por eso, fuentes socialistas consultadas por este diario reitera que el problema en caso de que finalmente se paralice, lo tiene le presidente del Senado, Ander Gil.
De hecho, esta opción ganaba adeptos a primera hora del pasado jueves cuando 11 de los 12 miembros del TC se reunieron para estudiar el recurso del PP. Sobre la mesa se encontraban, además, las alegaciones presentadas a última hora del miércoles por PSOE y Unidas Podemos. Los socios de Gobierno quieren protagonismo en la causa y también, en el caso de la formación morada, recusar a dos magistrados (incluido el presidente Pedro González Trevijano) por afectarles de manera directa la reforma de Sánchez. Los morados arguyen que estos dos magistrados no pueden formar decidir sobre un asunto que les afecta directamente.
No se plantea llevar al Consejo de Ministros esos nombramientosPilar Alegría, ministra de Educación y portavoz del PSOE
Si hay algo claro es que Ferraz no está dispuesto a desvelar sus próximos pasos en caso de que, efectivamente, el TC paralice el proceso. Si bien a Moncloa, teóricamente, no le quedaría más remedio que iniciar de nuevo la tramitación parlamentaria de la norma, esta vez sin el procedimiento de urgencia. "No me pida que adelante ninguna pantalla. Pero no se plantea llevar al Consejo de Ministros esos nombramientos. Este partido entiende y respeta la separación de poderes", ha espetado la portavoz del partido, Pilar Alegría, en la rueda de prensa habitual de los lunes.
Mientras, el Pleno del Constitucional debe despejar la abundante cantidad de escritos de alegación interpuestos por el PSOE y por el socio de gobierno, Unidas Podemos. Los partidos que conforman la coalición entienden que la petición del PP supone una injerencia sin precedentes del Constitucional en la actividad parlamentaria, pero conviene recordar que la norma afecta también al propio tribunal de garantías.
Ferraz, no obstante, espera que la decisión del TC sea "ajustada a derecho" y "fundamentada en los pilares de la democracia". "Desde el PSOE nos hemos personado para solicitar que los dos magistrados que tienen mandato caducado no participen en una decisión en la que serían juez y parte. Y que no se admitan las cautelarísimas del PP para que el Congreso y el Senado sigan siendo las cámaras de la soberanía popular", ha remachado Alegría.
Aviso a ERC: "El procés ha terminado"
Desde el pasado jueves, el delito de sedición ya no existe. Ahora hay uno de "desórdenes públicos agravados" con penas más bajas. Tampoco queda rastro ya del delito de malversación tal y como estaba vigente desde 2015. En estos momentos, hay un tipo nuevo de malversación que diferencia si quien lo ha cometido ha obtenido lucro personal o no. Y, de nuevo, con penas más bajas de las estipuladas con anterioridad a la reforma legal. Y todo como contrapartida a ERC en aras de la "desjudicialización" del conflicto, la gran demanda de los republicanos en la mesa de diálogo entre Moncloa y Generalitat.
Pero en el PSOE advierten a ERC de que el "procés ha terminado". Toda una alusión destinada a frenar las ínfulas de consulta de autodeterminación que planten los republicanos en su simposio político. Y que consideran "fruto de la sobreactuación". "Si ha habido un gobierno que ha apostado por el diálogo firme… ha sido este. Para dejar en el ámbito de la política lo que corresponde a la política".
