España

El PSOE quiere frenar la entrada de Alsa en el transporte regulado de Gran Canaria

Propone hacer una entidad pública con un negocio de 100 millones de pasajeros al año cuando al actual concesionario se le caduca la titularidad de las rutas en 2027

  • Acto de presentación de una de las guaguas, celebrado en el recinto ferial de Arucas -

Nueva Canarias, el partido ala izquierda salido de Coalición Canaria hace dos décadas, mantiene un pulso con el PSOE en varios frentes: uno el del Sáhara, porque CC ha dicho en Rabat que defiende la tesis del PSOE para que el antiguo territorio español esté bajo soberanía de Marruecos, y otro en materia de transportes. Y todo en una misma semana. Los socialistas quieren que las rutas de transporte de viajeros en Gran Canaria sea de control societario público y eso significa que Alsa, que acaba de entrar en las islas y se ha hecho con servicios regulados en islas como Fuerteventura y tiene la cuenta de transporte de grandes operadores turísticos, tendría en 2027 que optar a líneas regulares frente a un competidor de titularidad del Cabildo de Gran Canaria.

Canarias tiene 2,2 millones de habitantes y espera cerrar 2014 con 18 millones de turistas. Es decir: el negocio del transporte regulado no es solamente de los isleños sino de quienes no emplean coches de alquiler para conocer el destino. A juicio del PSOE canario, "defender Gran Canaria es defender un transporte verdaderamente público, de calidad, operado y gestionado desde lo público". El secretario general de los socialistas grancanarios y portavoz parlamentario del PSOE en Canarias, Sebastián Franquis, cree que "esta decisión supondrá la protección de un servicio público esencial, así como la protección social de más de 1.000 trabajadores del sector del transporte en la isla y, sin lugar a dudas, la protección de un estratégico sector económico y de toda su cadena de valor".

La propuesta, presentada por el secretario de Transporte y Movilidad y diputado regional Miguel Ángel Pérez del Pino, supone "integrar los recursos humanos y materiales que, a día de hoy, prestan el servicio de guaguas en la isla mediante cinco empresas concesionarias diferentes en una empresa 100 % pública dentro de la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria", detalla el PSOE. Los socialistas plantean la necesidad de “implementar la gestión directa como modalidad de dirección, ejecución y prestación de los correspondientes servicios públicos esenciales en la isla".

Para Teodoro Sosa, consejero de Transportes de Gran Canaria, de Nueva Canarias, lo que ha hecho su socio de gobierno es un acto "indecente" además de una injerencia en sus áreas de gobierno en una isla que ha pasado de de mover 66 a 91 millones de viajeros y en 2024 alcanzaría los 100 millones de usuarios con el respaldo público de 37 millones de euros de fondos propio. "Estamos trabajando para tomar la mejor decisión, que dé estabilidad, tranquilidad y futuro no solo a Global, sino a las cinco operadoras de la isla”, ha concluido.

En Gran Canaria, el sistema de transporte público de pasajeros está dominado por varias concesiones, pero una en particular, la AUTGC-1, maneja el 90% de la facturación y el 98% de los viajeros. Esta concesión se formó a partir de la fusión de dos empresas, Salcai y Utinsa, que operan bajo la marca Global. Global gestiona la mayoría de los servicios de transporte en la isla. Sin embargo, en 2027, la empresa de transporte Alsa podría competir por esta concesión. Alsa ya tiene presencia en Canarias, gestionando estaciones de autobuses y servicios turísticos en otras partes de las islas. Lo que ha hecho el PSOE canario es pedir que el Cabildo de Gran Canaria sea la dueña del servicio de Global.

Ese año será clave no solo por el vencimiento de concesiones, sino también porque habrá elecciones locales en Canarias, con partidos como el PP, el PSOE y una coalición local disputando el poder. Los partidos más pequeños, como Nueva Canarias (NC) y formaciones locales como Roque Aguayro, buscarán más influencia en el panorama político.

A partir de 2026, las administraciones locales de Canarias (los cabildos insulares) comenzarán a redefinir los contratos de transporte público, lo que abre la puerta a nuevas empresas que quieran competir en este mercado, que mueve unos 99,6 millones de euros anuales y está creciendo. El transporte en Canarias está subvencionado, lo que reduce el costo para los usuarios y representa un gasto considerable para el Estado. El sector del transporte en Canarias se perfila como un negocio atractivo, con 37 millones de pasajeros anuales y más de 43 millones de kilómetros recorridos por los vehículos. Empresas como Alsa ya están posicionándose en el mercado, aprovechando su experiencia en el transporte turístico, como lo hacen en Santa Cruz de Tenerife.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha advertido que, aunque Canarias tiene ciertas excepciones por su estatus de región ultraperiférica de la UE, las concesiones en las islas son de las más grandes y con mayor demanda de España. Por ello, no sería justificable prorrogar indefinidamente los contratos actuales sin abrir la competencia a nuevas empresas. Así, los operadores de transporte y los municipios turísticos están preparándose para la llegada de un mercado más abierto y competitivo.

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