El boicot que los autodenominados Comités en Defensa de la República (CDR) han llevado a cabo esta semana en diferentes facultades de Universidades en Cataluña, impidiendo la entrada a estudiantes que querían asistir a clase como respuesta a la sentencia del procés, ha reabierto un viejo debate jurídico que también ha saltado a la arena política: ¿pueden las fuerzas de seguridad intervenir en los campus universitarios sin permiso de los rectores?
Tanto la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, como el dirigente de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña, Carlos Carrizosa, han planteado en los últimos días la necesidad de permitir que la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra puedan entrar en las universidades catalanas para actuar contra los piquetes separatistas. Algo que, según los juristas, se podría hacer ya sin necesidad de cambios legislativos.
"Si se está vulnerando un derecho recogido en la Constitución, como es en este caso el derecho de educación, al no permitir la entrada a una facultad a los estudiantes o profesores que quieren acudir a clase, el Ministerio Fiscal podría entrar de oficio y ordenar actuar a la Policía", defiende el abogado penalista Carlos Bardavío.
Como respuesta a la represión y censura en los centros universitarios durante el franquismo, y con el objetivo de preservar la libertad de cátedra y de pensamiento, la Constitución de 1978 garantizó, en su artículo 27.10, “la autonomía de las Universidades, en los términos establecidos por la ley”.
Desde entonces, existe una norma no escrita que impide a las fuerzas de seguridad intervenir en una Universidad sin autorización previa del rector. Algo similar a lo que ocurre con los centros religiosos y de culto.
"La Policía puede entrar en la Universidad si hay una denuncia previa, que en este caso puede ser de un estudiante particular o una denuncia colectiva, para investigar el hecho denunciado"
Denuncia previa o actuación de la Fiscalía
La Ley Orgánica 6/2010 de Universidades (LOU) dota en su artículo 2 de autonomía y personalidad jurídica propia a las Universidades. Sin embargo, no hace mención explícita ni tácita a la necesidad de autorización previa del rector, algo que podría chocar frontalmente con la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y que obliga a la Policía a la indagación y persecución de ilícitos penales o administrativos sobre los que exista constancia.
"Esto quiere decir que la Policía puede entrar en la Universidad si hay una denuncia previa, que en este caso puede ser de un estudiante particular o una denuncia colectiva, para investigar el hecho denunciado”, señala Bardavío.
Para este abogado penalista, en virtud del artículo 533 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, un policía podría introducirse en el campus universitario de cualquier ciudad en caso de tener conocimiento de la existencia de un delito. Especialmente si se está privando el derecho a la educación y la libre enseñanza establecido en el artículo 27.1 de la Constitución.
"Eso en las Universidades públicas, pero en las privadas es cosas distinta. Ahí sólo se podría entrar si hay una orden judicial en caso de que el rector se negase a la entrada de la Policía para investigar un presunto delito", añade Bardavío.
Intervenciones policiales en la Universidad
En el año 2014, la Delegación del Gobierno de Madrid, con Cristina Cifuentes entonces al frente, redactó un borrador de protocolo de actuación que permitía específicamente a la Policía Nacional intervenir en los campus sin autorización previa de las autoridades educativas. Una propuesta que generó el rechazo generalizado de los rectores.
Aunque pocos y siempre con autorización de los centros educativos, ha habido casos previos en los que la las fuerzas de seguridad han intervenido en Universidades. En enero de 2013, agentes antidisturbios de la Policía Nacional detuvieron en el campus de la Universidad Complutense en Somosaguas a once personas que, junto a otros compañeros, se habían encerrado en la facultad de Ciencias Políticas del campus de Somosaguas de la Universidad Complutense contra los recortes educativos.
Más recientemente, en marzo de 2018, agentes desalojaron por la fuerza a un grupo de estudiantes que quería "tomar de forma simbólica" el rectorado de la Universidad de Valencia.
