El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, advirtió hoy a España de que el referéndum de autodeterminación que ha convocado en Cataluña el 1 de octubre se va a celebrar "guste o no".
"Lo siento, España. Cataluña va a votar sobre su independencia os guste o no", asegura Puigdemont en un artículo que hoy publica en The Washington Post y en el que expone su visión sobre la historia de esa región y la convocatoria del referéndum independentista, que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional.
"Nuestro compromiso con el derecho a la autodeterminación y a la voluntad del pueblo catalán de decidir su propio futuro permanece intacto", precisa el presidente catalán, quien acusa al Gobierno español de actuar con represión en Cataluña.
"La represión del gobierno español no será capaz de cambiar eso. El 1 de octubre, (fecha del referéndum) los ciudadanos de Cataluña ejercerán su derecho a decidir si quieren convertirse en una nueva república independiente", afirma.
Puigdemont señala que el camino a esta consulta secesionista fue "pavimentado por una decisión mayoritaria del Parlamento catalán" y relata en que, en las "últimas elecciones regionales en septiembre de 2015, los partidos independentistas obtuvieron el 47,8 por ciento de los votos, lo que les dio la mayoría absoluta de escaños".
A la luz de esto datos electorales y en opinión de Puigdemont, "no puede negarse la legitimidad democrática de nuestro actual gobierno catalán". Y "por esta razón, después de hacer varios esfuerzos infructuosos para llegar a un acuerdo sobre los términos del referéndum con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, inicié la consulta", subraya.
En su articulo acusa al gobierno de Rajoy de rechazar este "desafió democrático" y optar, en su lugar, por emprender una campaña de "represión autoritaria". Las fuerzas de seguridad españolas "han confiscado urnas, papeletas, arrancado carteles de la campaña e intimidando a los ciudadanos", dice Puigdemont.
También se ha arrestado a funcionarios del gobierno regional catalán, se han intervenido teléfonos, allanado residencias privadas y prohibido manifestaciones políticas, dice el presidente de la Generalitat, que obvia en el artículo que esas medidas fueron llevadas a cabo por orden judicial.
