El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha lanzado una ofensiva contra Sociedad Civil Catalana (SCC) en Bruselas. Desde que la asociación contraria al independentismo se reuniese con el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, el pasado 9 de diciembre para denunciar "la deriva iliberal que ha seguido la Generalitat de Cataluña estos últimos diez años", Puigdemont no ha cejado en el empeño de terminar con las visitas de la entidad a las instituciones de la Unión Europea.
Además de solicitar una entrevista con el mismo comisario, el expresidente de la Generalitat y la exconsejera de Educación Clara Ponsatí -también fugada de la justicia española tras el referéndum ilegal de autodeterminación- han dirigido una batería de preguntas a la Comisión Europea vinculando a Sociedad Civil Catalana con la extrema derecha española, Vox y la Fundación Franco. Solicitan respuestas por escrito.
"El 9 de diciembre de 2021, el comisario Reynders se reunión con la organización española Societat Civil Catalana (SCC) para tratar la situación política de Cataluña. Esta autoproclamada 'plataforma cívica', fundada en 2014 en contra del movimiento independentista de Cataluña, dista mucho del movimiento popular que dice ser. La SCC fue fundada y financiada por políticos e importantes empresas con el objetivo específico de crear la apariencia de una movilización popular contra la independencia en Cataluña", arranca el escrito de Puigdemont. Y continúa: "Esta organización ni siquiera está inscrita en el Registro de transparencia de la Unión y nunca ha mostrado transparencia en cuanto a sus cuentas y sus informes anuales de actividades".
Puigdemont y Ponsatí no dudan en relacionar a la asociación presidida por Fernando Sánchez Costa con la extrema derecha. "Y, lo que es más preocupante, están bien documentados los estrechos vínculos de la SCC con la extrema derecha española. Jorge Buxadé, diputado al Parlamento Europeo del partido Vox, es uno de los miembros fundadores de la SCC. Javier Barraycoa, otro de sus miembros fundadores, celebró la presentación de su libro en la sede de un partido neonazi. Asimismo, Josep Ramon Bosch, presidente fundador de la SCC, colgó en internet vídeos de contenido ideológico de extrema derecha utilizando un pseudónimo y asistió a la conmemoración del golpe de Estado de Franco", relata Puigdemont a la Comisión Europea.
Las preguntas de Puigdemont
Además, prosiguen los ex miembros del Gobierno catalán, a los eventos de la SCC suelen asistir representantes de la Fundación Nacional Francisco Franco y de partidos racistas y neonazis. "Considerando lo anterior, formulamos las siguientes preguntas: ¿Cuál fue el motivo de la reunión del comisario Reynders y la SCC? ¿Cuáles son los criterios para decidir qué organizaciones pueden reunirse con los miembros de la Comisión? ¿Aprueba la Comisión que sus miembros se reúnan con organizaciones vinculadas a movimientos de extrema derecha?", cuestionan los autores de la iniciativa.
El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, una de las personas citadas por Puigdemont en el escrito, se ha hecho eco de las preguntas a través de sus redes sociales: "¡Puigdemont, golpista cobarde! Menos preguntas lloronas a la Comisión Europea y más rendir cuentas de tus delitos ante los tribunales españoles. No te vas a salir de rositas. En Vox no nos olvidamos de tus delitos. Y más pronto que tarde…tic, tac, tic, tac".
El escrito de Puigdemont es la respuesta a la reunión que mantuvieron el pasado 9 de diciembre el comisario de Justicia de la Unión Europea con el eurodiputado de Ciudadanos José Ramón Bauzá y la cúpula de Sociedad Civil Catalana. En aquel encuentro, la entidad contraria al independentismo advirtió al comisario Reynders de "la deriva iliberal que ha seguido la Generalitat de Cataluña estos últimos diez años, incluyendo las campañas de desprestigio del Estado de Derecho, la permanente apología de la desobediencia y el clima de coacción a las instituciones judiciales".
Sánchez Costa, presidente de SCC, entregó al comisario un informe sobre "la desertización de la planta judicial en Cataluña y su relación con el acoso que sufren jueces y fiscales con motivo del proceso independentista". Reynders también fue informado sobre "la grave vulneración de derechos en Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana por querer hablar y estudiar en español". El comisario se comprometió a supervisar "personalmente" el caso de acoso contra la familia del niño de Canet de Mar que pidió un 25% de clases en castellano.
Por otro lado, la asociación catalana ha decidido presentar demanda contra los 34 ex altos cargos y funcionarios de la Generalitat acusados de haber contraído responsabilidad contable por los gastos realizados para la organización del referéndum ilegal del 1-O y para la promoción exterior del procés, a través de Diplocat, tal y como adelantó El País.
