Gonzalo Boye, abogado de Carles Pugidemont, ya trabaja en dos frentes judiciales para frenar una posible extradición del expresidente catalán ante la Justicia española. El letrado ha explicado que el equipo está ultimando ya el escrito de petición de medidas cautelarísimas que va a presentar ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) amparándose en la resolución de este órgano del 30 de julio en la que comunicaba que las órdenes de detención del Tribunal Supremo están desactivadas.
En una rueda de prensa, ofrecida conjuntamente con el exconseller catalán Toni Comín, el letrado ha explicado que van a presentar en las próximas horas este escrito mientras, en paralelo, Puigdemont aguarda a pasar a disposición judicial en la corte de apelación de Sàsser (Cerdeña). Este órgano es el competente de estudiar su posible entrega a España tras la detención del expresidente catalán la noche de este jueves a su llegada al aeropuerto de Alghero.
El objetivo de su defensa (que también ha anunciado que abrirá una segunda vía ante la Justicia italiana), es lograr que el líder independentista recuperar la inmunidad parlamentaria que se le otorgó en calidad de europarlamentario. La misma está suspendida a tenor del último pronunciamiento del TGUE en el que desestimó la petición de medidas cautelares solicitadas por su equipo legal. En ese mismo documento, la Justicia europea también apuntó que la Orden Europea de Entrega y Detención (OEDE) estaba desactivada pese a que el Tribunal Supremo niega este extremo y defiende que sigue "vigente".
La Policía italiana detuvo al expresidente de la Generalitat tras saltarle una alerta en la base de datos del Sistema de Información Schengen. Según ha explicado Boye en rueda de prensa, los agentes procedieron a su arresto cumpliendo de esta forma con el protocolo ya que sobre él estaba vigente una orden de detención. Aunque sus abogados trataron de impedirlo, la Policía alegó que carecían de competencias para evitar el arresto. De este modo, Puigdemont -que viajó a Cerdeña para participar en un acto de la asociación catalana Adifolk- fue trasladado a la prisión de Bancali desde donde se espera su pase a disposición judicial en las próximas horas.
Fuentes del alto tribunal consultadas por este diario explican que, hasta el momento, no había llegado ninguna comunicación desde la Justicia italiana, la cual ya estudia la resolución del TGUE en relación a la inmunidad parlamentaria de Puigdemont. La interpretación que haga el juez de la misma va a ser clave en aras a esclarecer si ve indicios para entregarlo a España para que le juzgue el Tribunal Supremo, o bien le dejan en libertad. La Justicia europea resolvió el 30 de julio retirarle este privilegio.
Sin inmunidad
Para entender el embrollo sobre la protección jurídica de la goza Puigdemont hay que remontarse a principios de año. Entre enero y febrero el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, envió unos suplicatorios al Parlamento Europeo en los que pedía que se dejara sin efecto la inmunidad de Puigdemont y de los exconsejeros Lluis Puig, Antonio Comín y Clara Ponsatí. El objetivo del Supremo era facilitar su entrega a España para juzgarles por la celebración del referéndum ilegal del 1-O, como ya hicieron con el resto de acusados en esta causa.
Desde entonces hasta julio, el Parlamento se pronunció en varias ocasiones sobre el asunto. Primero suspendió la inmunidad, después, en junio, admitió el recurso de los dirigentes independentistas y se la devolvió de manera provisional. Finalmente se la acabó retirando en julio. Este fue el último pronunciamiento del TGUE y el que, por tanto, prevalece a la hora de resolver la situación de Puigdemont. En el mismo, la Justicia europea dictaminó que podrían desplazarse para asistir a reuniones del Parlamento sin ningún problema legal. Ahora bien, perdían la inmunidad "en el territorio de todo Estado miembro distinto de su territorio nacional".
La clave la tiene el TJUE
En relación a las órdenes de detención -que el Supremo reactivó en octubre de 2019- el TGUE explicó que el asunto quedaba en el aire a la espera de que el Tribunal de Justicia se pronunciara sobre la cuestión prejudicial lanzada por el Supremo sobre Lluis Puig. El asunto, que sigue pendiente de resolución, se ha convierto en la clave de la extradición de Puigdemont, ya que pese a que el Supremo entiende que no se anuló la vigencia de las órdenes, la defensa del líder catalán interpreta la comunicación en sentido opuesto. Es por ello que, la última palabra sobre su futuro más inmediato la tendrá la Justicia italiana.
La cuestión prejudicial se lanzó por parte del Supremo tras la negativa de Bélgica de entregar a Puig. El alto tribunal planteó entonces esta petición para dilucidar si este país tenía base legal para rechazar la entrega del exconseller independentista pese a ser reclamado a través de una orden de detención. El Tribunal de Justicia admitió a trámite la cuestión pero todavía no ha resuelto sobre la misma. Esta asunto podría dilatar la respuesta que ofrezca Italia sobre si entrega o no a Puigdemont para que el Supremo le juzgue por los mismos hechos por los mismos hechos que atribuye a Lluis Puig.
