La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se niega a archivar la investigación que se sigue contra Cofely en el caso Púnica. Los magistrados de la Sección Cuarta han desestimado los recursos presentados por tres de los políticos investigados. En tres autos, recogidos por Vozpópuli, el tribunal ha respaldado las pesquisas del juez instructor, que muestran indicios de criminalidad que acorralan a la multinacional y a dos de los ayuntamientos con los que firmó contratos: el de Almendralejo (Badajoz) y el de Valdemoro (Madrid).
Ante la petición de archivo, los jueces han subrayado la batería de pruebas incriminatorias que hasta ahora se acumulan en la causa: "correos, comunicaciones telefónicas y documentación incautada". Han hecho especial hincapié en el informe de la Guardia Civil del 21 de junio de 2017 y en las declaraciones de investigados y testigos.
Según las fiscales a cargo de la investigación, Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá, Cofely es una de las empresas que más se habría beneficiado de los amaños de la Púnica. Consiguió contratos de ayuntamientos de "forma irregular" por un valor superior a los 170 millones de euros con la ayuda de intermediadores y políticos.
Pago de comisiones a políticos
Tal y como recuerda el juez Manuel García Castellón en un auto de 2 de septiembre de 2019, "el propio [David] Marjaliza [conocido como el delator de la trama] confesó que repartió personalmente el dinero que Cofely pagó a sus empresas instrumentales entre esos y otros cargos públicos". Y José Javier Hernández Nieto, exconcejal del Ayuntamiento de Valdemoro, explicó "con precisión milimétrica" cómo funcionan "los resortes de corrupción en una multinacional", lo que permitió al instructor "completar el puzzle de esta pieza de Púnica, centrada en una de las líneas de negocio que más beneficios reportó a la trama".
Uno de los recursos rechazados por la Sala de lo Penal corresponde a Hernández Nieto. Su defensa pidió el archivo del procedimiento al considerar que "no consta que esté implicado en la presunta contratación, en el seno del Ayuntamiento de Valdemoro, cuando ejercía de Teniente de Alcalde, con la entidad Cofely".
Los magistrados han recordado en su auto la "existencia de una conversación telefónica, habida en la mañana del 20 de junio de 2014 entre el señor Marjaliza y el señor Hernández Nieto", en la que el político elude responder ciertas preguntas de su interlocutor, una "prevención" que "no puede pasar desapercibida" en un momento en el que "se desplegaba a sus efectos el contrato de eficiencia energética suscrito en diciembre de 2013 entre Cofely y la Corporación Municipal del Valdemoro", por el que Marjaliza cobró comisiones.
Según consta en el auto de 2 de septiembre de 2019 del juez instructor, el contrato en cuestión se formalizó por un importe de 60, 8 millones de euros y con una duración de 15 años. "Cofely fue la única empresa que se presentó al concurso, al haberse asegurado previamente unos pliegos a su horma, que llegó a redactar y a imponer el precio de la licitación", apuntó.
Contratos amañados
También "persisten indicios suficientes (...) derivados del análisis de correos, comunicaciones telefónicas y documentación incautada" que indicarían que el ex teniente de alcalde y vocal de la mesa de contratación Luis Alfonso Merino Cano (PP) participó en la trama, según sostiene el Ministerio Fiscal. En concreto, "en un concierto ilícito dirigido a adjudicar a la mercantil Cofely el contrato público de eficiencia energética que licitó en el año 2014 en el Ayuntamiento de Almendralejo". Por ello, la Sala de lo Penal ha acordado desestimar el recurso presentado por su defensa.
Los magistrados también han denegado la petición de archivo de José Antonio Regaña Guerrero, exconcejal del PP del Ayuntamiento de Almendralejo investigado en la pieza vinculada a las actuaciones de Cofely. El juez instructor acordó su imputación a petición de la Fiscalía al considerar su implicación en las supuestas irregularidades cometidas en la contratación de los planes de ahorro de servicios energéticos ofrecidos por la filial de la multinacional francesa GDF Suez -que ahora ha pasado a llamarse Engie-.
Según las pesquisas, Regaña Guerrero habría allanado el camino para que fuesen los empleados de la empresa licitadora -Cofely- quienes confeccionasen los pliegos que propiciaran la adjudicación del contrato a su favor. Los magistrados han concluido que de tales diligencias "queda patente que la actuación del recurrente (...) dista de ser neutral, pues se encuentra más cerca de tener visos de presunta comisión delictiva, en el ámbito de tipos penales aludidos", según consta en uno de los tres autos que avalan la investigación del juez de Púnica pocos meses antes de que se cierre definitivamente la instrucción.
