El pelotazo con el suministro de mascarillas para Madrid acecha a los dos implicados en la operativa. Luis Medina se ha convertido en la cara visible de este contrato por su condición de personaje famoso, pero Alberto Luceño, el otro empresario investigado, se perfila como el cerebro de esta operación con la que se embolsó 5 millones de dólares en comisiones. Su nombre aparece detrás de seis empresas registradas en Madrid y en el sumario de una de las principales causas de corrupción que se siguen en la Audiencia Nacional: la trama Púnica.
Aunque no está imputado en este procedimiento sobre la caja B del PP madrileño, su nombre aparece vinculado a una de las empresas salpicadas por la trama. Los investigadores de este caso le sitúan como antiguo apoderado de Formaselect España y de la nueva denominación que recibió esta mercantil: Escuela Europea de Dirección y Empresa S.L. Se trata de una empresa ligada a un empresario de la trama Púnica pero independiente de Formaselect Consulting, firma esta última clave en el entramado y que también se atribuyó a Óscar Sánchez Moyano.
Según consta en el sumario, al que ha tenido acceso Vozpópuli, se halló documentación en casa del exgerente de la formación regional, Beltrán Gutiérrez, relativa un pago de 60.000 euros de Formaselect para reducir la deuda del Partido Popular en actos electorales. El dinero provenía de fondos de una fundación afín al PP, Fundescam, lo que hace a los investigadores sospechar que esta firma ligada al empresario de las mascarillas participó en el presunto circuito irregular para distraer fondos públicos con destino a las arcas del partido. Con todo, cabe recordar que Luceño no tiene nada que ver en la actualidad con Escuela Europea de Dirección y Empresa S.L y que esta firma no estuvo implicada en la trama.
El caso Púnica
El nombre de Luceño aparece ligado a esta mercantil en su condición de apoderado, tal y como avanzó el diario Infolibre y constata este medio. La empresa registró ingresos de Indra y otros entes implicados en la causa Púnica pese a que no tenía actividad real. Su administrador, Óscar Sánchez Moyano, figura también como uno de los principales protagonistas de esta supuesta trama con la que se habría financiado las campañas electorales de 2007 y 2011 con Esperanza Aguirre como candidata.
Al margen del cargo como apoderado de la Escuela Europea que ejerció entre 2012 y 2013, Luceño también es administrador único de otras seis empresas. Todas tienen domicilio social en Madrid y cinco de ellas (incluida la más antigua Gekko Consultoría Estratégica S.L) se dedican a servicios de consultoría en gestión empresarial. La excepción la marca la sociedad Takamaka Investments S.L. La inscribió en junio de 2020 (tres meses después del pelotazo de mascarillas para el Ayuntamiento) y su objeto social sería la intermediación comercial o venta de productos tanto el ámbito nacional como en el internacional.
Más allá de esta vertiente, Anticorrupción no solo ha pedido que se le investigue por el cobro de presuntas comisiones irregulares con el contrato de mascarillas, sino que también le reprocha que se ofreciera al Ayuntamiento como experto en importación de productos procedentes del mercado asiático y como "agente exclusivo" de la firma contratada, ya que no era cierto. "En realidad, ni tenía experiencia significativa en negocios de importación ni disponía de fábricas en China, del mismo modo que tampoco era agente exclusivo de ninguna empresa malaya ni actuaba movido por ninguna intención altruista", reza la querella.
El pelotazo de las mascarillas
Este mismo jueves, un día después de conocerse el escrito de la Fiscalía, el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid daba el primer paso para investigar los hechos. Su titular, Adolfo Carretero, ya ha admitido a trámite la querella y se prepara para interrogar a tanto a Alberto Luceño como a Luis Medina después de Semana Santa. Por el juzgado desfilarán también como testigos las personas relacionadas con la firma de este contrato que costó al consistorio de José Luis Martínez-Almeida más de 11 millones de dólares.
El juez también ha ofrecido al Ayuntamiento de Madrid que se persone como perjudicado ya que de las pesquisas realizadas hasta el momento se traduce que habría pagado importantes sobrecostes para adquirir mascarillas, guantes, y test rápidos de covid en plena pandemia. De hecho, las comisiones repartidas ascienden a seis millones de euros, quedándose cinco de ellos Luceño. Este empresario, además, está acusado de falsificar la información bancaria que se aportó a las entidades para justificar la naturaleza de estos ingresos tan elevados.
De hecho, fueron los bancos los que dieron la voz de alarma al Sepblac al constatar que la documental aportada no clarificaba lo suficiente el cobro de esta comisiones tan elevadas. La Unidad Inteligente Financiera, por su parte, puso los hechos en conocimiento de Anticorrupción que impulsó la investigación en noviembre de 2020. La misma acredita que Luis Medina, aprovechándose de su condición de "personaje conocido en la vida pública", entabló contacto con un primo del alcalde, el abogado el abogado Carlos Martínez-Almeida, para ofrecer las mascarillas.
Hasta el 426 % del precio real
A partir de ese momento tomaron las riendas de la negociación Luceño y la Coordinadora General de Recursos Humanos del Área de Hacienda en el Ayuntamiento. El acuerdo consistió en el suministro de un millón de mascarillas por 6,7 millones de dólares; 2,5 millones de guantes de nitrilo por 5 millones y 250.000 test rápidos por 4,3 millones de dólares. Según la Fiscalía, los sobrecostes ya estaban incluidos en estos precios, lo que implica que algunas partidas (como ocurrió con el caso de los guantes) se abultaron hasta un 426 % por encima del precio real del producto.
Con todo, los cuatro millones de dólares de comisiones por esta partida concreta no se llegaron a cobrar ya que la mala calidad de los productos recibidos por el Ayuntamiento hicieron que tuvieran que devolverles este monto. Sin embargo, sí salió adelante el suministro de mascarillas y de test. Sobre las primeras apunta el Ministerio Público que su precio se abultó en un total de 4 millones de euros, mientras que de los test destaca que 60.000 del total vendido eran defectuosos. Anticorrupción considera que estos hechos serían constitutivos de delito de estafa, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.
Este último lo sustenta en las inversiones posteriores tanto de Medina como de Luceño. El primero de ellos destinó parte del millón de euros a la compra de un yate bautizado como Feria y a bonos por importe de 400.000 euros. Luceña, por su parte, destinó poco más de 1 millón para la compra de una vivienda en Pozuelo de Alarcon; 42.450 euros en tres relojes Rolex, unas vacaciones en Marbella y un total de doce coches de alta gama (entre ellos un Lamborghini, un Ferrrari y un McLaren). Por estos vehículos pagó un total de 2 millones de euros.
