La dimensión del presunto 'saqueo' que se produjo en torno a la empresa pública madrileña Arpegio ha hecho que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco haya declarado causas complejas las piezas separadas número 13 y 16 de la trama Púnica, donde se investiga el desfalco llevado a cabo en el reparto “ilícito del suelo público en Madrid” que ya ha sido calificado por los investigadores como un "botín" repartido entre unos cuantos, entre los que destacan el ex consejero madrileño Francisco Granados y el ex director de Gabinete de Celia Villalobos, Eduardo Larraz.
Tanto es así que el juez cree que tras la gestión de Arpegio se pudieron cometer hasta doce delitos de corrupción: delitos continuados de cohecho, malversación de caudales públicos, fraudes contra la Administración pública, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, aprovechamiento y uso de información privilegiada, tráfico de influencias, infidelidad y violación de secretos, prevaricación, falsificación de documento privado y oficial, organización criminal, asociación ilícita y blanqueo de capitales.
Tanto el magistrado como la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) tienen puesto en estos momentos el foco en la gestión fraudulenta de la citada sociedad madrileña Arpegio, ya que sospechan que, durante el boom inmobiliario, la Comunidad de Madrid y varios ayuntamientos de la región constituyeron los consorcios urbanísticos que adjudicaron suelo para la construcción de viviendas protegidas y de precio libre saltándose todos los trámites legales establecidos.
En un auto hecho publico recientemente, conocido por Vozpópuli, el instructor de Púnica sostuvo que la adjudicación de suelo público de la región de Madrid "se convirtió en un botín a repartir y el motor de una red clientelar de empresas promotoras y constructoras que, a cambio del pago de comisiones en efectivo y regalos, fueron favorecidas con las ansiadas parcelas, vulnerando la legalidad".
"Evidencias del reparto ilegal"
En ese escenario, el poder de adjudicación de las viviendas correspondió al exconsejero del Partido Popular, Francisco Granados, considerado el líder de esta trama de corrupción. El imputado aprovechó presuntamente su puesto como consejero durante aquellos años en la entidad para manipular hasta 22 consorcios urbanísticos y un sinfín de contratos de obras públicos incluidos en el llamado Plan Prisma, según consta en el sumario. Sólo los planes Prismas fueron dotados con 1000 millones de euros de fondos públicos.
De igual forma, el juez sostiene en su resolución que la mesa de contratación de Arpegio S.A. -cuyos miembros se encuentran imputados- se convirtió presuntamente en "el centro de decisiones amañadas por las que se cobraron presuntamente comisiones en las decenas de adjudicaciones de suelo público que se llevaron a término".
Gracias a las entradas y registros practicadas en los últimos meses la Audiencia Nacional tiene en su poder "evidencias documentales" sobre ese reparto ilegal del suelo público madrileño. Ahora, la UCO analiza al detalle toda esa prueba documental para poder entregar sus respectivos informes al juzgado. "Lo de Arpegio no ha hecho más que empezar", apunta una fuente de la investigación consultada por este periódico.
