El magistrado del caso Púnica, Manuel García Castellón, ha acordado levantar el secreto de sumario que pesa sobre la pieza número 12 en la que se investiga el presunto blanqueo de capitales de los cabecillas de la red. Lo hace a petición de la Fiscalía Anticorrupción y tras incorporar toda la documental remitida por Costa Rica y Liechtenstein. Los investigadores dan luz verde a que las partes tengan acceso a este material tras acotar la fortuna en el extranjero que ocultaron algunos de ellos, como es el caso de Eduardo Larraz.
El exalto cargo del Gobierno de Esperanza Aguirre y exconsejero delegado de Arpegio desvió parte de su patrimonio a Suiza como ya hicieran otros implicados en esta trama cuya instrucción se aproxima a su fin. En mayo de 2019 la Fiscalía comenzó a investigar en secreto esta parte de la macrocausa poniendo el foco en una cuenta abierta en la entidad Credite Insustriel Et Commercial (en París) a nombre de la sociedad Manila Investments. Se trata de una firma panameña que habría canalizado parte de los fondos defraudados a través de Arpegio, ente clave en esta macrocausa.
A estas cuentas en el país vecino llegaron tras meses de investigación por las adjudicaciones que salieron de la Consejería de Presidencia a cuyo frente estaba Francisco Granados. En concreto, las fiscales pusieron el foco en un proyecto de 230.648 euros relativo al convenio de patrocinio entre la Casa de Madrid en Argentina y Arpegio. Esta empresa pública creada durante el Gobierno de Aguirre y dependiente de Presidencia, recibió inyecciones millonarias (se estima que controló 1.000 millones junto con Mintra) para proyectos de la trama.
En este caso el convenio se adjudicó a Over, firma del empresario Daniel Horacio Mercado. Los investigadores acreditaron que las facturas giradas para cobrar estos servicios recogían conceptos falsos y que parte de los 142.000 euros desviados acabaron en las cuentas de la sociedad panameña Manila Investment. Con este telón de fondo, el magistrado dio luz verde en mayo de 2019 a la creación de la pieza número 12 para investigar todo el dinero que esta trama de amaño en las adjudicaciones públicas ocultó fuera de España.
Comisiones rogatorias
El juzgado emitió una Orden Europea de Investigación dirigida a las autoridades francesas para recabar toda la documentación bancaria de las cuentas ligadas a Mercado. En este tiempo, y de acuerdo con el auto del magistrado al que ha tenido acceso Vozpópuli, la investigación no solo se ha dirigido a Francia sino que también han ampliado el foco cursando comisiones rogatorias a paraísos fiscales como Liechtenstein o Costa Rica. Ahora, y tras adherir el resultado de estas pesquisas, el juez que también dirige el caso Lezo o Villarejo, levanta el secreto permitiendo a las partes acceder al contenido.
Lo hace a petición de las fiscales al frente del procedimiento en el que se investiga una presunta caja B en el PP madrileño. Las representantes del Ministerio Público razonan que la prórroga del secreto se basaba en el estudio del material y que las comisiones cursadas al extranjero les han permitido recabar "abundante documentación" al respecto. Además, en el informe remitido al juzgado también muestran los avances en relación a la información aportada por Suiza, país donde habrían desviado sus ganancias algunos de los principales imputados en la red.
De este modo, Anticorrupción señala que se han intercambiado varias peticiones de información con las autoridades suizas y que, como resultado de las mismas, se ha tenido "un amplio conocimiento sobre los saldos embargados cautelarmente a Eduardo Larraz y su esposa en las cuentas suizas. "El estado de ejecución de las actuaciones no ha variado en los últimos meses por lo que consideramos que no hay riesgo que pueda comprometer el resultado de la investigación realizada sobre el patrimonio del investigado Eduardo Larraz. Se hace preciso pues, desclasificar el contenido", añaden.
Desvío de dinero desde Arpegio
Larraz es un viejo conocido de la causa. El que fuera jefe de gabinete de la diputada Celia Villalobos y posterior consejero delegado de Arpegio habría amasado una fortuna con el presunto desvío de los proyectos de este ente público. Los agentes siguieron el rastro de su patrimonio fuera de nuestras fronteras al sospechar que escondió 146 lingotes de oro en Ginebra valorados en 2 millones de euros, según informó el diario El Mundo. De Arpegio y su fundación, las fiscales insisten en que se trató de un instrumento del que se valió Granados para desviar dinero de las arcas públicas a implicados en la red.
De hecho, el propio Granados también habría desviado parte de su fortuna a Suiza. La propia Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) informó en su último informe patrimonial que consta acreditado como el presunto cabecilla de la trama tuvo cuentas abiertas en dicho país desde 2000 (poco después de asumir la alcaldía de Valdemoro) hasta el año 2006. El documento remitido por el Ministerio de Justicia concluyó que dicho capital se transfirió a otra cuenta de Suiza a nombre de su entonces socio, David Marjaliza, el cual, a su vez, envió el dinero a un banco de Singapur.
Para su informe, la ORGA no solo recurrió a datos de Suiza, sino que rastreó el patrimonio de varios imputados en otros países como Estados Unidos, Islas Vírgenes británicas, Costa Rica, Islas Mauricio, Mónaco y Panamá. Sin embargo, Suiza es clave al tratarse de uno de los primeros destinos a los que algunas cabecillas sacaron el dinero de la red. El propio Marjaliza y un antiguo socio, José Luis Cápita, abrieron cuentas conjuntas en 2008 en este país para canalizar parte de las mordidas de varios pelotazos urbanísticos de Valdemoro.
De Marjaliza, que desde 2015 colabora con la Justicia, acreditó la ORGA que figuraba como administrador de más de 60 sociedades. El constructor confeso se apoyó en mercantiles como Millenia Trading PTE (Singapur) o Fine Art Transport Nature (Ginebra) para mover el dinero en el extranjero. Junto con su socio Cápita creó empresas como Tranta donde acumularon 535.485 euros. Los agentes sospechan que parte de la fortuna amasada proviene de operaciones inmobiliarias en Valdemoro aprovechando la influencia de Granados en la localidad madrileña.
De hecho, la parte relativa al blanqueo de la trama en el exterior comenzó investigándose conjuntamente con todo lo relativo a los pelotazos en Valdemoro (pieza 4), hasta que el magistrado desgajó las pesquisas. Anticorrupción sostiene que gracias a la investigación de la Fiscalía suiza se pudo acreditar que Granados desvió a sus cuentas suizas en aquel entonces un total de 1,67 millones de euros mediante procedimientos de compensación. Los beneficiarios de estas recalificaciones del suelo fueron, además de Marjaliza, el constructor Ramiro Cid Sicluna y el presunto testaferro de Granados, Ignacio Palacios.
