Los sobres con balas en su interior dirigidos a Fernando Grande-Marlaska, Pablo Iglesias y María Gámez en vísperas de las elecciones madrileñas, ¿constituían un hecho excepcional o se enmarcan en una peligrosa rutina de amenazas a dirigentes políticos? La pregunta tiene difícil respuesta, al menos en términos objetivos. No hay datos oficiales de años anteriores con los que comparar esa cadencia que se registró el pasado mes de abril. Y el Gobierno, que debía haber respondido en los últimos días a una solicitud de información sobre esta cuestión, incumple los plazos exigidos por la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
El envío de cartas amenazantes con munición en su interior dirigidos al ministro del Interior, al candidato de Unidas Podemos y a la directora de la Guardia Civil fue uno de los principales asuntos sobre los que orbitó la campaña electoral en los comicios madrileños del pasado 4 de mayo. Fue el dirigente de la formación morada quien denunció los hechos ante la opinión pública en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado iniciaron las pesquisas para tratar de determinar quién era el autor de las amenazas. Investigaciones en su mayor parte infructuosas: las huellas dactilares no arrojaron resultados y el seguimiento de los buzones desde los que se enviaron los sobres no sirvió para dar con el responsable. Hasta que por fin, el pasado 20 de julio, el juzgado de Instrucción número 3 de Madrid archivó las diligencias abiertas en torno a este episodio ante la imposibilidad de identificar a quien envió las cartas -los agentes sospechan que se trata de una única persona-.
Para tratar de determinar si los hechos se trataban de episodios aislados o si se enmarcaban en una preocupante rutina de amenazas con balas contra dirigentes políticos, Vozpópuli envió una solicitud de información al Ministerio de Hacienda -de quien depende la gestión de Correos- a través del Portal de Transparencia. En concreto, se solicitaron datos sobre el número de municiones detectadas por Correos en la última década.
'Silencio administrativo'
Dicho departamento registró la entrada de la petición el 21 de junio, fecha en la que comenzó a computar el plazo para ofrecer una respuesta. De acuerdo a la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el Ministerio de Hacienda tenía un mes para ofrecer una respuesta. El plazo expiró el 21 de julio, sin que el departamento facilitase los datos.
La ley de transparencia ofrece a la administración la posibilidad de ampliar un mes más el plazo para responder a las solicitudes si considera que son de especial complejidad o están saturados ante una avalancha de peticiones, pero siempre deben notificarlo al usuario que requiere los datos. En el caso de las balas detectadas en la última década no ha habido ninguna respuesta o notificación.
De hecho, el silencio administrativo es uno de los métodos habitualmente empleados por los organismos públicos para evitar contestar a cuestiones incómodas. Al usuario siempre le queda presentar un recurso ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Asimismo, la administración puede denegar las peticiones en caso de considerar que incumplen algunos de los preceptos establecidos por la ley de transparencia. En la cuestión relacionada con los sobres y las balas difícilmente se podría acoger a la premisa de que se trata de una cuestión sensible en términos de seguridad, puesto que existe un precedente reciente.
El precedente
El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu interrogó al Gobierno en una pregunta escrita registrada en el Congreso de los Diputados el pasado 26 de abril sobre “cuántos envíos de sobres y paqueterías con artefactos o material explosivo han sido detectados por Correos en los últimos diez años”, y pedía un desglose “por años y provincia”. El Ejecutivo facilitó el 3 de junio la información requerida por Iñarritu: “Se señala que en los términos exactos recogidos en esta iniciativa, en los últimos 10 años, no se han detectado por Correos artefactos o material explosivo en los envíos que tramita la Sociedad”.
Así pues, cabría esperar que también se facilitasen datos sobre las municiones o balas detectadas por Correos en la última década. Por el momento, el Gobierno opta por el silencio administrativo.
