El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha sido objeto de una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana por un supuesto delito de "abandono de sus obligaciones respecto al servicio público de velar por la salud y protección de sus conciudadanos".
Según consta en la citada querella, a la que ha tenido acceso EFE, los demandantes aseguran que Puig, "en su frivolidad e imprudencia grave, ha antepuesto sus intereses electorales y políticos, espurios a todas luces, a la salud ciudadana con clara desatención de su deber como máxima autoridad de la Comunidad Valenciana".
Los promotores de la querella, según han explicado ellos mismos a EFE, son simpatizantes de Vox que actúan a título personal como acusación popular, y uno de ellos es médico jubilado.
En el texto presentado ante el TSJCV se hace un relato de los principales hitos de la propagación del coronavirus en España y en la Comunitat, con la cifra de contagiados y fallecidos en cada momento.
Se cita el artículo 409 del Código Penal para concluir que "no ha existido una total transparencia en la toma de decisiones por el querellado, sus consellers y el gabinete de crisis. Al tiempo ha sido manifiesta la deficiente regulación y control de la actividad de la población, necesaria para atenuar o evitar la propagación en progresión geométrica del virus".
"Consideramos que se ha producido una omisión intencionada del deber de velar por la seguridad, salud e higiene de los habitantes de la Comunidad Valenciana, en el lapso descrito, y claramente se ha producido un abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público esencial con grave perjuicio para múltiples ciudadanos".
Aglomeraciones
Asimismo, se acusa a Puig de "permitir, promocionar e incluso asistir a eventos, además de trasladar la sensación de normalidad, y ausencia de riesgo a la sociedad valenciana, provocando un agravamiento del número de contagios, determinante para acuciar la gravedad de la presente crisis sanitaria".
Por otra parte, se apunta a la existencia de "indicios sobre instrucciones verbales a los profesionales de la sanidad de la Comunidad Valenciana, sumamente graves. Se está desaconsejando el ingreso en los centros hospitalarios de las personas con síntomas de covid-19 de avanzada edad, que están falleciendo en sus domicilios o en las residencias de ancianos. Todo ello, ante la carencia del material necesario para su atención y recuperación".
"Además, se han suspendido los tratamientos de enfermos crónicos graves, como la quimioterapia para enfermos de cáncer, suspendiendo a su vez operaciones quirúrgicas ya programadas -añade-. Con la grave trascendencia que ello puede suponer para la vida de los enfermos crónicos, y con los dolores y padecimientos que conlleva la ausencia de dichos tratamientos. A todas luces no justificados".
A su juicio "nos encontramos ante un atentado a la integridad moral de las personas de avanzada edad, que han contribuido a la creación y sostenimiento de nuestro estado de bienestar, circunstancia especialmente humillante y repugnante a todas luces. Y que supone un abuso injustificado por parte del gobierno autonómico y de los funcionarios públicos, y lo admiten y promueven".
Sobre la labor de los profesionales sanitarios, la querella concluye que "hay evidencias que apuntan a la presunta comisión de un delito contra los trabajadores, al obligar a dichos profesionales a trabajar sin equipos de protección individual adecuados, además de no realizar las pruebas de detección que se evidencian fundamentales para evitar los contagios, y obligar a desempeñar su trabajo a profesionales sanitarios sin respetar la preceptiva cuarentena".
"Todo ello nos lleva a tener el índice de afectación en el sector sanitario más elevado del mundo, lo que promueve que los enfermos de otras patologías no quieran acudir a los centros sanitarios", siempre según la querella.
Por último, reclaman que se tome declaración al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, entre otros altos cargos de la Conselleria.
