La salida hace un año de Ignacio Stampa del caso Villarejo ha vuelto a resucitar en las últimas semanas convertida en una crisis que afecta a la cúpula de la Fiscalía General del Estado. El fiscal ha desatado la tormenta al apuntar que la mano derecha de Dolores Delgado intervino para dilatar en el tiempo una investigación abierta contra él por revelación de secretos. A su cruzada se suman vocales del Consejo Fiscal que piden acceder a su expediente para estudiar los hechos, pero Delgado se niega a facilitar su contenido al considerarlo reservado. Estos son los protagonistas de una historia a la que todavía le quedan capítulos por sumar.
1.- Ignacio Stampa
Fue, junto con Miguel Serrano, el fiscal que comenzó investigando a José Manuel Villarejo por todos sus encargos de espionaje. En julio de 2020 la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le abrió unas diligencias por revelación de secretos. El objetivo era indagar si los fiscales filtraron información confidencial de la causa a abogados de Podemos, partido que ejerce la acusación popular. Así se traducía en unos mensajes internos del equipo jurídico del partido en los que la letrada Marta Flor insinuó que tenía una relación con Stampa que trascendía del ámbito profesional.
Las diligencias las asumió el fiscal Carlos Ruiz de Alegría. Las mismas se mantuvieron abiertas hasta febrero de este año. Sin embargo, la documentación de su expediente demuestra que el instructor ya intentó archivarlas a comienzos de octubre del año pasado. El día 27 de ese mes Stampa se jugaba la plaza fija en Anticorrupción, órgano en el que trabajaba en comisión de servicios. En el Consejo Fiscal no obtuvo ni uno de los 80 votos que se emitieron, en parte porque tenía esta investigación vigente.
Al vencer la comisión de servicios, tuvo que abandonar Anticorrupción y, consecuentemente, también la acusación de uno de los mayores casos de corrupción de la democracia. Tras meses en silencio presentó una reclamación patrimonial al Ministerio de Justicia por los daños causados y una demanda en Sala de lo Contencioso del TSJM. El objetivo es que la Justicia se pronuncie sobre si tiene derecho o no a acceder a los papeles de su caso, negados en un primer momento.
2.- Carlos Ruiz de Alegría
Es el fiscal que investigó y archivó las diligencias a Stampa. El expediente, al que ha tenido acceso Vozpópuli, demuestra que remitió dos decretos de archivo al no apreciar indicio de delito. El primero lo envió el 5 de octubre y el segundo el 23 de ese mes (cuatro días antes del Consejo en el que se votaban los nombramientos). Entre ambas peticiones recibió un correo de la Secretaría General Técnica en el que se le sugería que practicase más diligencias al considerar que era un tema de calado.
Por ello, además de las pruebas ya recabadas, se tomó declaración en calidad de testigo a Miguel Serrano, compañero de Stampa en el caso Villarejo y al exabogado de Podemos José Manuel Calvente (a quien ya se le había intentado citar en un primer momento). Este último fue expulsado del partido entre acusaciones de acoso laboral y sexual a Marta Flor. Calvente denunció en una carta la existencia de estos whatsapps internos y además los puso en conocimiento de la causa abierta contra él en el juzgado de Madrid tras una querella de Flor. El abogado ganó en instrucción y ante la Audiencia de Madrid. Ambos determinaron que no se produjo tal acoso.
Ruiz de Alegría accedió y les tomó declaración. Serrano negó connivencia alguna con Podemos y Calvente restó importancia a los chats internos. Por eso el fiscal llegó a la misma conclusión: no veía delito. En su segundo decreto de archivo explicó que no había "huella alguna de indicios" de filtraciones a Podemos. Con todo, la cúpula del órgano que dirige Delgado no respondió hasta noviembre, cuando Stampa ya había perdido la plaza. Finalmente las diligencias se archivaron en febrero. Tras el resurgir de la polémica, explicó en entrevista al Periódico de Cataluña que él fue quien facilitó el informe íntegro al fiscal porque tenía derecho a conocer las comunicaciones que recibió de la Fiscalía General.
3.- Álvaro García
Fiscal jefe de la Secretaría Técnica y mano derecha de Dolores Delgado. Fue el que remitió los correos sugiriendo la práctica de más diligencias antes de archivar la causa. También dijo que era determinante analizar los mensajes de whatsapps del equipo jurídico de Podemos, pese a que Ruiz de Alegría ya los había requerido previamente al juzgado que investiga el caso Villarejo. Además de sus propuestas de investigación, en noviembre del pasado año pidió tener acceso a todo el expediente y en diciembre volvió a proponer adherir documental nueva y tomar más declaraciones a testigos.
Participó en el Consejo Fiscal del pasado 24 de noviembre donde se estudió el caso Stampa. Explicó la pertenencia de su actuación y declinó irregularidad alguna. Fuentes de la cúpula del Ministerio Fiscal razonan que nunca se buscó dilatar la investigación para hacerla coincidir con la votación de los nombramientos. También ven razonable que se apartaran estas comunicaciones de la causa. Entienden que es práctica habitual y se amparan en el carácter secreto de las investigaciones.
4.- Dolores Delgado
Señalada por Stampa como la artífice de esta actuación junto con el exabogado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Delgado no se abstuvo en la votación de los fiscales del año pasado. El Consejo salió en defensa de esta actuación asegurando que no había causa alguna que le obligara a apartarse. Sin embargo, las acusaciones apuntan a un interés directo de la fiscal general en el caso Villarejo no solo porque el despacho que ostenta su pareja ejerce la defensa de algunos de los principales acusados, sino también por haber sido protagonista involuntaria de unos audios del comisario jubilado.
Desde la Fiscalía se le desvincula por completo de la gestión del caso Stampa. Ella misma incluyó este asunto en el Pleno del pasado 24 de noviembre ante las "gravísimas y difamatorias" acusaciones del exfiscal de Villarejo. En su intervención en el Senado del pasado 18 de noviembre le afeó no haber impugnado los nombramientos de sus compañeros en su momento y avisó que sus acusaciones provocaban un gran daño a la imagen de la institución.
5.- Baltasar Garzón
También aparece en audios de Villarejo, así como en sus agendas personales. Le apodaba 'el Mago'. El abogado irrumpió en esta historia cuando la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y vocales de la Asociación de Fiscales (AF) pidieron "información por escrito" de los abogados que litigan en el caso Tándem, el mismo en el que acusaba Stampa. Ilocad, el despacho de Garzón, respondió defendiendo a Delgado y el carácter secreto del expediente. También avisó que preparaba acciones judiciales contra la AF y avisó de que no tenían legitimación alguna para pedir el expediente.
6.- Asociación de Fiscales
Tanto APIF como la Asociación de Fiscales han jugado un importante papel para que se estudien estos hechos. La primera cuestionó que García pudiera hacer esas sugerencias a Ruiz de Alegría (porque no es un superior) y la segunda lucha por acceder al expediente. Explica que los papeles los piden los vocales de esta asociación que integran el Consejo Fiscal y que sí están legitimados para ello. Delgado respondió a su petición por escrito que no había tenido acceso a la causa pero que, "en aras de una absoluta transparencia", podría facilitar el expediente siempre y cuando así lo autorice el afectado, es decir, el propio Stampa. La asociación estudia en estos momentos su respuesta.
7.- José Manuel Villarejo
El comisario se convirtió en uno de los principales enemigos de Stampa y Serrano. Siempre ha mantenido que la Fiscalía colaboraba con Podemos y que cuando ha querido pronunciarse en relación a una supuesta financiación irregular de este partido (que él mismo investigó junto con la policía patriótica), se le ha impedido. Tanto es así que presentó una querella ante el TSJ de Madrid contra Stampa y Serrano por revelación de secretos. Esta misma semana los magistrados respondían declinando abrir una investigación y apuntando que no había indicios que acreditasen que los dos fiscales filtraron información secreta del caso.
