El primer consejo de gobierno de Canarias tras las elecciones regionales del 28 de mayo de 2023 en la etapa socialista y NC de Ángel Víctor Torres como presidente autonómico adoptó el acuerdo de pedirle a Madrid permiso para emitir 150 millones de euros de deuda pública bajo el marco del régimen económico y fiscal (REF) de las islas.
Esa autorización se ha producido este verano de 2024 y abre la posibilidad de que los compradores lo hagan con cargo a la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC), es decir, a vacaciones fiscales permanentes que tienen las islas por sus limitaciones geográficas. Una respuesta de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos sobre quiénes son los dueños de la deuda pública del Gobierno de Canarias ha tenido esta respuesta a Vozpópuli: "Le comunicamos que no disponemos de esa información".
Y es cierto: se sabe que la deuda de Canarias está en manos de entidades de crédito, seguros, fondos de inversión, otras entidades financieras y no financieras y personas jurídicas radicadas o no en las islas (en su día Dexia compró deuda) pero no las identidades de sus titulares. "Desde que se compra por una entidad financiera deuda pública incluso para la RIC perdemos el control, es matemática pura, el banco recoloca ese producto entre sus clientes, y ya decidirá si la renueva o recoge beneficios", indica un funcionario especializado en este esquema.
A la pregunta de si la deuda canaria puede estar en manos saudíes o chinas la respuesta es: "perfectamente". A la pregunta de si los empresarios canarios compran deuda con cargo a la RIC y por tanto conocer la identidad, la respuesta ha sido: "Eso es un mantra, es muy escaso lo que se compra el capital canario de RIC, se puede saber porque es una ayuda de Estado y las subvenciones legalmente son públicas; pero la deuda canaria la compran los bancos mayormente".
El régimen fiscal de Canarias, aunque las autoridades de las islas lo intentan evitar, genera controversias entre los técnicos de la Península y el archipiélago desde hace siglos.
Ya en 1718 fue mutilado y arrastrado por las calles de Tenerife Juan Antonio de Cevallos y Gayón, un inspector con poderes ilimitados que mandó a Canarias el rey Felipe V para intentar poner orden en el paraíso fiscal canario no declarado a cuenta de los negocios de producción tabaquera, que estaba a su vez en manos de militares.
A modo de ejemplo la RIC es un producto muy complejo que el año pasado hizo saltar las alarmas en las empresas de energía eólica porque estas Ayudas de Estado se consideró que no eran compatibles con las concedidas por el Feder vía IDAE con otras que incentivan el desarrollo de energías innovativas.
En enero 2024 se ha aclarado que se pueden mezclar en el cóctel de incentivos de Canarias para generar economía. Y es que la RIC se creó para aliviar costes empresariales dada la ubicación del archipiélago y las ayudas del IDAE son para el impulso. Formalismos que con lecturas estrictas ponen de los nervios a técnicos en Canarias y en Madrid.
6.000 millones de deuda
La Deuda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias al finalizar el ejercicio 2022, según los datos de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera a los que ha accedido Vozpópuli, se situaba en 6.393,92 millones de euros. Canarias tiene 750,5 millones de euros de deuda en valores imputables a deuda vida, 4.311 millones en préstamos a largo plazo; 33,4 millones de euros de deuda con el BEI a los que hay que sumar 1,298 millones de euros colocados en el fondo de financiación de CCAA, de acuerdo con los datos de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera del Gobierno de Canarias a fecha de octubre 2023. En operaciones de factoring sin recurso ahora está a cero euros cuando en 2021 tenía 12,3 millones de euros.
Cecabank dio oxígeno financiero a Canarias en julio de 2021 por 125 millones de euros y ese mismo mes BBVA hizo lo mismo por valor de 70 millones de euros. En diciembre de 2021 se completó una emisión de 300 millones de euros. 4.235 millones de euros de instrumentos financieros del Gobierno de Canarias están en manos de entidades como Cajasiete (Rural de Tenerife), que tiene 140 millones de euros, CaixaBank, Banco Santander, Bankinter, Banc Sabadell, Cajamar y Abanca siendo CaixaBank la entidad que más resolvería la papeleta de la deuda a las autoridades canarias, quizás por tener mayor implantación y ser heredera de CajaCanarias (Banca Cívica) e Insular de Ahorros (Bankia).
Canarias tenía a cierre de 2023 750,5 millones de euros de deuda en valores imputables a deuda vida, 4.311 millones en préstamos a largo plazo; 33,4 millones de euros de deuda con el BEI a los que hay que sumar 1,298 millones de euros colocados en el fondo de financiación de CCAA, de acuerdo con los datos de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera del Gobierno de Canarias a fecha de octubre 2023. En operaciones de factoring sin recurso ahora está a cero euros cuando en 2021 tenía 12,3 millones de euros.
Los gastos financieros totales (intereses vencidos más los gastos de formalización, modificación y cancelación de deudas) suman en las islas 23.981.793 euros, lo que representa el 31,47% del total de gastos financieros reflejados en la Cuenta de Resultado Económico Patrimonial. El resto se corresponde, entre otros, con los intereses de demora (10,72%) y sobre todo con las ejecuciones de sentencias (47,35%), donde destaca un procedimiento de ejecución de sentencia recaída en un recurso contencioso administrativo en materia de convenios urbanísticos, por un importe de 44,76 millones de euros (15,61 millones de euros de principal y, 29,15 millones de euros de intereses legales).
En 2022, la Comunidad Autónoma de Canarias no realizó ninguna operación de reestructuración de deuda pública ni de amortización anticipada sobre pasivos financieros vigentes. Sí hizo ocho nuevas operaciones de préstamo a largo plazo con entidades de crédito, por un importe global de 898,7 millones de euros.
