El exconseller de Solidaridad y Ciudadanía de la Comunidad Valenciana Rafael Blasco ha ingresado este lunes en el centro penitenciario de Picassent (Valencia) para cumplir una sentencia de seis años y medio de cárcel por el desvío de fondos públicos dirigidos a cooperación internacional.
Blasco ha ingresado minutos antes de las nueve de la mañana, según la dirección del citado centro penitenciario, citada por la agencia Efe. El exconseller Blasco había sido citado por la secretaría de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para que informase sobre el centro elegido e iniciase su condena, pero acudió el viernes a última hora, tres días antes de lo previsto, y hasta hoy no ha trascendido el nombre del centro penitenciario que había elegido para cumplir condena.
El exdiputado autonómico y exportavoz parlamentario del PP ha sido condenado por delitos de malversación en concurso de prevaricación y falsedad, y tiene pendientes otras dos causas por el supuesto desvío de otras partidas destinadas también a iniciativas solidarias. El Tribunal Supremo rebajó en año y medio la condena inicial del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana al entender que no existió delito continuado, y mantuvo la pena de 20 años de inhabilitación para cargo público.
La sentencia relata cómo Blasco, en su calidad de conseller, convocó en marzo de 2008 la concesión de subvenciones a grandes proyectos de cooperación internacional, convocatoria a la que concurrió otro de los condenados, Marcial López, en nombre de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales. "En realidad, se trataba de una entidad prácticamente de su propiedad, que gestionaba de forma personal y directa como plataforma para obtener en su propio beneficio subvenciones y otro tipo de ventajas", reza el documento.
Solo llegó el 3%
La Conselleria concedió a esta fundación un total de 1,6 millones de euros supuestamente para dos proyectos en Nicaragua que tenían como propósito mejorar las condiciones de vida de dos comunidades rurales a través del acceso de agua potable y fomentar el desarrollo sostenible mediante la producción de alimentos. En este sentido, el Supremo considera probado que de este dinero que la Generalitat invirtió en estos dos proyectos apenas llegó a su destino la cantidad del 3 %, exactamente 47.953 euros. El 97 % restante fue aprovechado por los condenados para adquirir y reformar inmuebles en la ciudad de Valencia.
El departamento de Solidaridad y Ciudadanía rechazó inicialmente los proyectos de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales por falta de experiencia previa, pero ante las presiones del exconseller, fueron adjudicados los fondos finalmente, según la sentencia. El alto tribunal señala en su fallo que la conducta de los condenados supuso "pisotear nobles sentimientos del ciudadano que con agrado deseaba ver destinada una parte de su contribución del erario público a fines solidarios trasnacionales".
