El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá ha defendido la independencia de la Fiscalía y de la Abogacía General del Estado, que han pedido la exoneración de la infanta Cristina en el juicio del caso Nóos, y ha incidido en que el fin último de ambas instituciones es la defensa del interés general. Catalá, que ha acudido hoy al Congreso a entregar sus credenciales como nuevo diputado, ha insistido ante los periodistas en poner en valor la "profesionalidad" y "absoluta independencia" de la Fiscalía y de los abogados del Estado, que actúan en el caso Nóos en representación de la Agencia Tributaria.
"La Fiscalía General del Estado defiende la legalidad cotidianamente ante los tribunales en cualquier de los miles de asuntos que se ven en los tribunales de justicia de España, y la Abogacía General del Estado también defiende el interés general, la posición del Estado, insisto, en los miles de asuntos que tiene que cada día, esa es la posición institucional que tienen ambas", ha asegurado. Previamente, en unas jornadas sobre maltrato animal, el titular de Justicia en funciones ha considerado que los argumentos utilizados tanto por la Fiscalía como por la Abogacía del Estado son los de la "defensa de la legalidad vigente", aunque ha admitido que la reflexión de la abogada del Estado al cuestionar el eslogan "Hacienda somos todos" puede generar confusión.
"Actúan en defensa de la legalidad vigente, afecte a quien afecte, no es una cuestión de personas", asegura Catalá
"Es una frase, lo que importa es el fondo de la reflexión. Entiendo que con ese tipo de frases se pueda generar algo de confusión pero lo que dijo la abogada del Estado es que una cosa es un eslogan publicitario y otra qué constituye el interés general de la Hacienda Pública. La reflexión era mucho más profunda que una frase", ha señalado. Catalá ha negado que la Fiscalía y la Abogacía del Estado busquen exculpar a la infanta y ha reiterado que ambas instituciones actúan en defensa de la legalidad vigente, "afecte a quien afecte". "No es una cuestión de personas", ha añadido.
El ministro ha abundado en esta idea en el Congreso al afirmar que "cada caso requiere una defensa procesal adecuada y poner en valor los argumentos que consideren los fiscales y los abogados del Estado que son más útiles al fin último, que es la defensa del interés general y la legalidad". Así, ha mostrado su confianza en el trabajo profesional e independiente de fiscales y abogados, que -ha dicho- lo que hacen es contribuir al buen funcionamiento de la Justicia, si bien ha recordado que serán los jueces los que tendrán que valorar los argumentos de las partes, de acusadores, defensas y Fiscalía, y dictar la sentencia adecuada.
