Entre el anuncio realizado por Ignacio González de que Madrid se sumaba al euro por receta, el 31 de octubre, al pasado jueves en que presentó la ley de medidas fiscales que desarrolla los presupuestos de la Comunidad para 2013, se han sucedido las conversaciones del Ministerio de Sanidad tanto con el presidente autonómico como con el consejero del ramo, Javier Fernández-Lasquetty, sin ningún resultado, según ha podido saber Vozpópuli.La titular de Sanidad Ana Mato fue la comisionada del Gobierno para intentar reconducir una situación que cayó como una bomba en la línea de flotación del Ejecutivo central, ajeno a los planes de la Comunidad de instaurar una medida en su momento muy criticada, ya puesta en marcha por Artur Mas. Mato intentó que reconsideraran la decisión antes de la presentación de medidas fiscales, pero la respuesta que recibió tanto de uno como de otro es que la Comunidad “necesita cuadrar las cuentas para cumplir los criterios de déficit ” que les ha impuesto el Gobierno "y no hay marcaha atrás", ello unido a la negativa de Hacienda a atender la reivindicación de 1.000 millones de euros que la Comunidad dejará de recibir el año que viene por la aplicación de un modelo de financiación “injusto para Madrid”.La petición de la Comunidad en esas conversaciones es que se les dé un trato igual que a Cataluña, en el sentido de que si bien el Ejecutivo central se ha mostrado contrario al euro por receta, no ha acudido de inmediato al Constitucional, lo que habría parado la aplicación de la tasa. “Si lo hubieran llevado al TC nosotros no hubiéramos adoptado un medida que está en los tribunales. El Ejecutivo no ha hecho nada con Cataluña”, aducen desde la Comunidad de Madrid. Admiten que ellos, al igual que el Gobierno, conocían el contenido del informe del Consejo de Estado, del mes de junio, que considera inconstitucional el euro por receta por entender que invade competencias estatales y crea diferencias entre territorios, pero la inacción del Ejecutivo al respecto les animó a explorar este camino.
Sáenz de Santamaría acordó con Duran Lledia no llevar al TC el euro por receta hasta no negociar otras posibles salidas, Madrid espera lo mismo
Antes de entrar en batalla, Gobierno y Generalitat han abierto una mesa de negociación, --vía acordada por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y por el portavoz del Grupo catalán en el Congreso de los Diputados, Josep Antoni Duran Lleida--, entre los servicios técnicos de Sanidad y de la consejería catalana para ver si se alcanza un acuerdo que no llegará antes de la celebración de las elecciones autonómicas, el día 25, y mucho es de temer que hasta que se forme el nuevo gobierno catalán tampoco, aunque, en teoría, el plazo de negociación se cierra en diciembre. A partir de ese momento habría que tomar una decisión en un sentido o en otro, esto es, llevarlo al Alto Tribunal o aceptar la tesis de la Generalitat, ahora también de Madrid, de que se trata de una tasa que no afecta al precio de los medicamentos (competencia de Sanidad) y que no tiene afán recaudatorio sino disuasorio, para frenar el alto consumo que hay en España.La Comunidad espera ingresar con esta medida unos 80 millones de euros “lo que en un presupuesto de 16.000 millones no es determinante”, explican los mismos medios consultados. “Nosotros estamos esperando y abiertos a la negociación”, insisten en la línea expresado tanto por González como por Lasquetty a la ministra de Sanidad.Desde el Gobierno aseguran que si no hay acuerdo para que retiren dicha tasa “habrá recurso” al tiempo que recuerdan que el debate se ha envenado con declaraciones como las de la ex presidenta de Madrid y todavía líder de los populares madrileños, Esperanza Aguirre. Fuentes gubernamentales señalan que “ha contribuido a crear mal rollo por insistir en el tema y comentar que Rajoy no iba a subir los impuestos y los subió”, recordatorio que, viniendo de las mismas filas no ha ayudado en absoluto a facilitar las cosas. Las espadas siguen en alto.