Los dos nuevos delitos que el juez Peinado ha adherido a la causa contra Begoña Gómez, intrusismo y apropiación indebida, pueden traer a nuevos implicados y líneas de investigación. Algunos de los aspectos más polémicos de la vinculación de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) con Gómez se suscitaron antes de que la Cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) existiera. No fue con el rector actual, Joaquín Goyache, también imputado, sino con el anterior, Carlos Andradas, con el que Gómez empezó su carrera ascendente en la UCM en 2015, justo cuando Pedro Sánchez llegó a la Secretaría General del PSOE.
En lo que respecta al instrusismo, la querella de Hazte Oír que el juez ha atendido alega que la mujer de Pedro Sánchez redactó pliegos de prescripciones técnicas para la contratación de asesorías sin estar cualificada ni acreditada para ello. Sin haber "acreditado disponer de conocimientos ni facultades" ni "estar cualificada técnicamente, al objeto de conocer científicamente, las citadas necesidades exigidas a los licitadores", a lo que añade que esta labor no se encontraba "entre las facultades de la Codirectora del Master [...] careciendo, en principio de la condición de autoridad o funcionario, para la elaboración de dicho pliego", dice el juez.
El origen de todo ello es la propia codirección del Máster de Fundraising primero y de la Cátedra y el Máster de TSC después por Gómez, que no es licenciada, un asunto sobre el que Peinado ya se ha interesado en las declaraciones de testigos e imputados. El propio Goyache declaró el 29 de julio que "pensaba que era licenciada".
La estratagema de nombrarla codirectora y así solventar la traba que supone la escasa formación de Gómez para que asuma un cargo de este tipo no se ideó con Joaquín Goyache de rector. La Complutense ya había utilizado la fórmula con el Máster de Fundraising de la UCM que desde junio de 2015, cuando Pedro Sánchez fue nombrado secretario general del PSOE, Gómez asegura codirigir.
No hay huella digital del Máster de Fundraising de la UCM ligado a Gómez ni de relación de ésta con la universidad pública madrileña hasta junio de 2015, con Pedro Sánchez de secretario general del PSOE y elecciones generales en diciembre en perspectiva y Andradas recién nombrado rector. Con todo, en respuestas de la Complutense a preguntas a través de Transparencia se asegura que fue "codirectora de estudios de Formación continua de Técnico de Fundraising durante los cursos 2012/13 y 2013/14". Y cabe suponer que el Máster en Fundraising arrancaría en el otoño de 2014. En aquel tiempo trabajaba en Task Force, luego Inmark, en actividades de captación de fondos.
En LinkedIn Gómez da cuenta de una vinculación a la universidad madrileña desde 2012 en tareas de "codirectora del título en Dirección de Captación de Fondos para el Tercer Sector".
Este asunto ya originó una polémica el 8 de agosto de 2018, cuando el IE anunció que creaba el IE Africa Center y fichaba a Gómez para dirigirlo, un mes y ocho días después de que Sánchez llegara a La Moncloa. En el currículum de Gómez que proporcionaba la nota del IE, se aseguraba que codirigía el Máster de la UCM desde 2015, lo que fue muy criticado.
"Con más de 20 años de experiencia en consultoría y docencia, Begoña Gómez ha sido directora de Consultoría del Grupo Inmark y es desde 2015 co-directora del Master en Fundraising Público y Privado para Organizaciones sin Ánimo de Lucro en el Centro Superior de Estudios de Gestión de la Universidad Complutense de Madrid", decía la nota.
El entonces rector, Carlos Andradas, se defendió en Twitter y rebajó lo que la nota de prensa implicaba de la relación de Gómez con la UCM y de su estatus: Gómez "no tiene ninguna relación contractual con la UCM ni imparte clases en ninguna titulación oficial". El rector precisaba que Gómez "codirige (con un profesor de la UCM) y colabora en un título propio de formación permanente". Que Gómez no sea profesora de la UCM ni licenciada le impedía dirigir una titulación en la UCM, lo que se solventó nombrándola codirectora.
A continuación, añadió que "la Complutense no se ha negado a dar esa información. No existe sueldo porque no hay contrato. En el curso 2017-18 el título propio no se impartió". Con todo, detalló que por la anterior edición del citado curso, la del 2016-17, la esposa de Pedro Sánchez "percibió 1xxx euros, siendo la primera x menor que 5".
Carlos Andradas fue un rector próximo al PSOE y así era conocido en la UCM, según ha podido constatar Vozpópuli. Ahora mismo es alto cargo del Gobierno. El 5 de octubre de 2021 el Consejo de Ministros le ha nombrado rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Registro ante notario
En relación al delito de apropiación indebida, el instructor precisa que Hazte Oír aportó documentos "que podrían justificar la investigación por este tipo delictivo". La acusación pidió que se investigara la inscripción por parte de Begoña Gómez de la marca TSC Transformación Social Competitiva y del software de la Cátedra que lleva el mismo nombre y que impartía en la universidad.
En concreto, solicitaron que se investigara si esta herramienta había sido financiada por empresas con presupuesto a la Complutense pese a que la registró a su nombre. "Evidentemente, esta conducta, podría ser incardinada en el delito de apropiación indebida, recogido en el Artículo 253 del Código Penal", dice Peinado.
El 2 de marzo de 2020, más de cuatro meses antes de llamar al rector de la UCM, Joaquín Goyache, a La Moncloa, y ocho meses antes de que se creara la Cátedra, Gómez solicitó a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) el registro a su nombre de una marca con el nombre y el logo de la Cátedra y el Máster.
Gómez ha registrado una segunda marca en la OEPM con el nombre de Plataforma Transforma TSC, herramienta que ofrece en una web cuyo software crearon gratis para la Cátedra con un coste de 150.000 euros Telefónica, Indra y Google. También ha registrado el dominio de la web y ha creado una sociedad de la que es administradora única y controla al 100% con el mismo nombre.
Lo que no ha registrado a su nombre en los registros oficiales es el software, como ha comprobado Vozpópuli.
No es habitual hacerlo, pero el software puede registrarse como obra en el Registro de la Propiedad Intelectual a nombre de una persona física o jurídica. Este periódico ha podido constatar en el Registro de Propiedad Intelectual estatal, dependiente del Ministerio de Cultura, que Gómez no lo ha registrado, y tampoco en el de la Comunidad de Madrid. Los funcionarios presentes trasladaron que la UCM acababa de realizar la misma pregunta.
Sí cabe otra manera de registrar el software, en depósito notarial del código fuente, que no es pública. Se trata de una novedad sofisticada que se utiliza últimamente en operaciones empresariales, cuentan abogados de Mercantil a este periódico.
Vozpópuli ha visitado la Notaría con la que trabaja Begoña Gómez para rastrear esta posibilidad. El funcionario no pareció sorprenderse por la visita ni desconocer lo que se le preguntaba, pero no desveló nada como cabía esperar. Si el juez se lo requiere, deberá hacerlo.
Se trata de la última pesquisa, la más avanzada, y que sólo puede culminar el juez, una vez que la mujer del presidente del Gobierno no está colaborando para esclarecer este hecho, clave para el caso.
¿Imputación de la UCM?
¿Sabía la UCM que Gómez iba a registrar o había registrado la marca de la Cátedra a su nombre? Desde la Complutense han mantenido que estaban analizando todo lo ocurrido e informarían cuando aclararan la situación, lo que han planteado especialmente en alusión al software, propiedad de la universidad, que Gómez ofrece en la web y que ha presentado a la Cámara de Comercio de España en sesiones en distintas ciudades.
Finalmente la UCM remitió al juez un informe que concluye que "las actividades de investigación no permiten alcanzar una conclusión definitiva respecto a la existencia, o no, de perjuicio sobre su patrimonio". Y aseguraba que "la UCM no tuvo conocimiento de la posible existencia de tales marcas hasta la publicación por los medios de informaciones referidas a María Begoña Gómez Fernández".
En cuanto a la creación de la empresa que ofrece el software, el informe asegura que se hizo "sin conocimiento ni participación de esta universidad", y avisa de que "por cuanto su denominación, persona que la constituye y objeto, pudiera dar lugar a, como mínimo, confusión con el contenido y promotores del convenio para la creación de la cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva firmado entre la Universidad Complutense de Madrid y otras personas jurídicas".
Aquí parece apuntar a un perjuicio a su patrimonio difícil de medir en estos momentos, situado en el terreno de los intangibles. Cabe recordar que Gómez ha creado un estructura para hacer negocio aprovechando el nombre y medios de la UCM y ha ofrecido ya su plataforma con el software a pymes, pero el software es gratuito.
El informe, elaborado por la asesoría jurídica, alerta de que "en su condición de administración pública se encuentra legalmente obligada a defender su patrimonio". La UCM parece buscar el ataque como defensa y de hecho el pasado 18 de junio ya intentó ejercer la acusación contra la esposa del presidente del Gobierno, lo que el juez rechazó el 20 de junio.
El pasado 28 de julio el rector fue imputado y el juez ha citado como testigo para el 18 de noviembre al director de la Asesoría Jurídica de la UCM, Gabriel Ramón Navarro.
Personal de la Escuela de Gobierno de la UCM y profesores de la Cátedra colaboraron con Gómez en el registro a su nombre de marcas y dominios de la UCM y en el desarrollo de la plataforma en la que ofrece el software de la Universidad, según ha desvelado Vozpópuli.
El auto de la Audiencia Provincial de Madrid que avaló el pasado 7 de octubre la investigación del juez Peinado a Begoña Gómez apunta a una futura imputación de la Complutense como persona jurídica. Así se desprende del texto, que pide analizar su relación con aquellos terceros (personas físicas, empresas o instituciones) que le han dado soporte, financiación, patrocinio, colaboración o ayuda, económica, logística, de formación, o de cualquier otro tipo".
Con todo, juristas consultados por Vozpópuli apuntan que la responsabilidad penal de la persona jurídica no está prevista para órganos públicos estatales autonómicos o institucionales.
