La mayoría del Gobierno y de los asesores de Mariano Rajoy opinan que Artur Mas no cometerá “la estupidez” de ir a elecciones anticipadas en Cataluña para regalar la hegemonía política a Oriol Junqueras (ERC), principal beneficiario del proceso soberanista. Sin embargo, ningún ministro pone la mano en el fuego ante un perfil político “tan suicida” como el que arrastra el presidente de la Generalitat. En todo caso, Mas está jugando fuerte sus últimas cartas cuando queda semana y media para la cita del 9 de noviembre, a la que la Generalitat desea dar, sobre todo, realce internacional. Según fuentes de CiU, Josep Antoni Durán i Lleida, siempre satisfecho con su papel de emisario, ha trasladado a La Moncloa que recurrir al Constitucional el simulacro de referéndum solo tendrá como consecuencia una movilización masiva de los catalanes y, a continuación, la convocatoria de elecciones plebiscitarias. Es lo que cree que está en la cabeza de Mas.
Ningún ministro pone la mano en el fuego sobre lo que Artur Mas hará después del 9-N
Durán ha explicado a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que si el Gobierno renuncia a impugnar el sucedáneo de referéndum, Mas se vería con margen suficiente para, después del 9-N, reencauzar las conversaciones que ha mantenido con el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y pactar con él la aprobación de los Presupuestos regionales de 2015 en el Parlament, llave que le abriría la puerta para agotar la legislatura. En medio de tanta incertidumbre y de su propia división interna, los socialistas catalanes se mueven en el alambre. Por una parte, han pedido al Ejecutivo que no prohíba “la movilización ciudadana” del día 9 pues, en su opinión, carece de efectos jurídicos, y, al mismo tiempo, han reclamado a la Generalitat que, llegado el caso, no se salte la legalidad.
El Consejo de Estado: idénticos objetivos
La respuesta de La Moncloa a la advertencia de Artur Mas ha sido rápida: Rajoy no ve en estos momentos espacios para evitar la impugnación de la consulta porque considera que la Generalitat, a pesar de la reconversión del 9-N, está incumpliendo la ley. El Consejo de Ministros se pronunciará formalmente este viernes después de que la Abogacía del Estado haya recomendado activar un conflicto de competencias ya que el Gobierno catalán habría invadido atribuciones que solo le corresponden al Estado al estar promoviendo un referéndum encubierto. El propio Consejo de Estado emitió ayer jueves un informe en el que considera que la consulta alternativa organizada por Mas eleva, si cabe, la gravedad de la que fue suspendida por el Constitucional, ya que se omiten “algunas de las más elementales garantías constitucionales”. El hecho de que el Gobierno catalán no haya aprobado un decreto de convocatoria del “proceso de participación ciudadana”, en modo alguno impide apreciar, asegura esta institución, “la existencia de un acto jurídico administrativo de convocatoria ya formalizado”. En síntesis, el Consejo concluye que tanto el objeto como los elementos esenciales de la nueva consulta, son “sustancialmente idénticos” a los de la que fue suspendida a finales de septiembre.
Cómo alimentar la movilización ciudadana
Incluso entre los diputados más moderados de Convergencia se opina que Rajoy incurre en un error al impugnar el 9-N, pues con ello contribuirá a alimentar la movilización ciudadana el día de la consulta y, al mismo tiempo, a reducir el espacio político que de otra manera tendría Artur Mas para evitar ir a elecciones anticipadas en Cataluña.
En el Gobierno se sabe que uno de los objetivos de Mas es lograr la más alta repercusión internacional el 9-N
“Somos los primeros en reconocer que no nos convienen ahora unas elecciones anticipadas y Mas lo sabe. No se va a mover nada antes del 9-N, pero no podemos descartar ninguna posibilidad porque la presión de la calle es cada vez más fuerte”, apuntan fuentes de CiU.
En el Gobierno se conduce esta recta del conflicto con el siguiente criterio: “Mas persigue, sobre todo, una alta repercusión internacional del 9-N y ha dejado al Estado sin margen para no recurrir la consulta. Lo peor que podría ocurrir es que el proceso se les vaya de las manos a los promotores. Lo mejor, que la Generalitat respete la ley, actitud que facilitaría después el diálogo”. Todas las cartas parecen echadas.
