La reforma 'exprés' para modificar la ley actual de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se plantea con la proposición de ley anunciada este martes por los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos, ha sido recibida con críticas tanto en los partidos de la oposición como en el seno del órgano de gobierno de los jueces como en la mayoría de las asociaciones --que lo califican de "inconstitucional"-- a excepción de Juezas y Jueces por la Democracia que lo ven como alternativa al bloqueo actual.
Una de las críticas más repetidas por jueces y políticos de la oposición ha sido comparar este cambio en el nombramiento de los vocales del CGPJ con las reformas llevadas a cabo por el gobierno nacionalista polaco.
Reforma de Sánchez
La propuesta de PSOE y Unidas Podemos busca que el Congreso y el Senado puedan elegir a los vocales del CGPJ con mayoría absoluta en segunda votación, 48 horas después de una primera en la que se mantendría la proporción actual de una mayoría de tres quintos.
Por tanto, el Gobierno pretende rebajar el porcentaje de diputados y senadores necesarios para nombrar en el Congreso y el Senado a los miembros de órgano judicial. En la Cámara Baja, por ejemplo, pasaría de 210 diputados a 176.
De esta forma, el Ejecutivo tendría mayor facilidad para controlar el CGPJ, el órgano de gobierno del poder judicial español, cuya finalidad es garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de la función judicial.
Reformas polacas
Durante los últimos años, el gobierno del partido conservador Ley y Justicia ha impulsado una serie de cambios en el sistema judicial. Hace dos años, entró en vigor una ley que redujo la edad de jubilación de fiscales y jueces de tribunales ordinarios, así como la edad de jubilación anticipada de los jueces del Tribunal Supremo polaco a 60. Un cambio que posibilitaba al gobierno polaco a renovar a casi un tercio de los miembros del Supremo y que el Tribunal de Justicia de la UE consideró ilegal.
En febrero de este mismo año, el parlamento polaco aprobó un nuevo proyecto de ley impulsado por el partido del Gobierno que aumentó la responsabilidad disciplinaria de los jueces de una forma similar a la ley marcial vigente durante el régimen comunista. La ley que provocó protestas por todo el país y fue duramente criticada por la oposición fue entendida como una forma de castigar a los jueces críticos.
La ley contemplaba sanciones, incluido el despido, para aquellos magistrados que cuestionaran públicamente las reformas judiciales. La presidenta del Tribunal Constitucional polaco, Malgorzata Gersdorf, llegó a denominarla como "ley mordaza".
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea advirtió al gobierno polaco de que no se puede abrir procesos disciplinarios contra jueces nacionales por acudir a la Justicia europea para plantear cuestiones prejudiciales que les ayuden a interpretar el derecho en los litigios que resuelven.
También hubo una reforma en 2016 en el Consejo Nacional del Poder Judicial polaco (KRS), el homólogo al CGPJ español, un órgano compuesto por 25 miembros. Desde dicho cambio, se fortaleció la presencia del Parlamento en este órgano, puesto que 23 de los 25 miembros serían nombrados por el Legislativo. En el caso español son 20 de 20.
Esta elección por parte de la cámara baja polaca, el Consejo es elegido con tres quintos del parlamento, y en caso de que no se alcance esta cuota, se procederá a una segunda votación en la que servirá una mayoría absoluta, el mismo procedimiento y los mismos porcentajes que ahora quieren incluir PSOE y Podemos en España.
