La reforma legal que plantea sacar adelante el Gobierno para renovar el Tribunal Constitucional (TC) no solo ha provocado profundo malestar en el Partido Popular, sino que tampoco ha sentado nada bien en el Consejo General del Poder Judicial. La intención del Ejecutivo de que el órgano de gobierno de los jueces pueda ahora nombrar a los dos miembros del Constitucional que le competen por Ley se entiende dentro del CGPJ como una "falta de respeto" y una nueva injerencia a su labor.
Fuentes internas del órgano consultadas por Vozpópoli explican que esta nueva fórmula que estudia el Ejecutivo y de la que se enteraron por la prensa no se adecúa a la legalidad. Sostienen que se les debe restaurar la competencia de los nombramientos en su plenitud, cercenada en marzo del año pasado cuando el Ejecutivo sacó adelante con su socio de Gobierno la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para limitar la actuación del CGPJ en funciones.
La entrada en vigor de la reforma legal generó rechazo frontal en el órgano dado que se les imposibilitaba seguir con los nombramientos discrecionales pendientes. El presidente en funciones del CGPJ, Carlos Lesmes, avisó ya entonces del colapso que ello iba a provocar en algunos órganos como el Tribunal Supremo, donde el número de vacantes sin renovar asciende a día de hoy a 14.
Un TC progresista
El Ejecutivo de Pedro Sánchez defendió entonces la validez de esta medida, amparándose en el bloqueo del PP a renovar un órgano que actúa en funciones desde finales de 2018. Sin embargo, un año y tres meses después la situación se ha vuelto en su contra. La falta de consenso en todo este tiempo ha provocado que se llegue al fin del mandato de cuatro miembros del Tribunal Constitucional sin que se puedan renovar si no se desbloquea la situación del CGPJ.
La Constitución recoge que dos de los miembros los nombra el Gobierno y otros dos el CGPJ. La imposibilidad de éste último de promover nombramientos deja al Ejecutivo en una situación muy complicada, máxime teniendo en cuenta que la renovación de este tercio del tribunal de garantías se debe hacer de manera conjunta (artículo 159 de la Constitución). Fuentes jurídicas explican a este medio que el Ejecutivo puede nombrar a sus dos propuestas, pero no podrían tomar posesión de su cargo hasta que hicieran lo propio los del CGPJ.
Ante este escenario, el Ejecutivo ha decidido registrar esta nueva reforma legal que permita al órgano de gobierno de jueces efectuar únicamente estos dos nombramientos. El momento no es baladí. El TC tienen pendiente de pronunciarse sobre recursos a leyes clave, como el que interpuso el PP en 2010 contra la Ley del aborto aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Decisiones todas ellas que se acordarían con un TC renovado y, por tanto, de mayoría progresista, ya que con los nuevos nombramientos Sánchez se garantizaría el cambio de una mayoría conservadora a progresista. Entre los actuales miembros que han culminado su mandato de ocho años en el tribunal de garantías se encuentra su presidente, Pedro González-Trevijano; el vicepresidente Juan Antonio Xiol y los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares.
Fricción con Podemos
Las fuentes del Consejo General del Poder Judicial consultadas explican al respecto que no vale con devolverles la competencia para ejecutar los nombramientos del TC, sino que ésta debe ser plena, en cumplimiento de lo recogido en el artículo 122 de la Constitución. En la actualidad hay más de 60 nombramientos pendientes de acometer, entre Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales.
En estos dos últimos órganos siguen los magistrados en plaza, aunque estén en funciones, pero no ocurre lo mismo en el Tribunal Supremo, donde el colapso es una realidad. Solo en la Sala de lo Contencioso-Administrativo hay ocho vacantes pendientes de ser nombradas. Le siguen tres en la Sala de lo Social, dos en lo Militar y una más en la Sala de lo Civil.
Además, el Gobierno debe tener en cuenta que podría ocurrir que el CGPJ no alcanzara consenso para elegir a sus dos candidatos. No es habitual ni usual, ya que los vocales normalmente proponen uno de corte más conservador y otro progresista, pero las fuentes internas avisan al respecto: "Los candidatos no están escritos ni hablados". Así que, si se diera la circunstancia en la que el CGPJ no se pone de acuerdo con sus candidatos, la reforma legal que ahora busca aprobar el Gobierno no habría servido para renovar el TC.
Con esta Ley es un obstáculo más. Hay un gran cabreo pero no se espera que se rompan los puentesFuentes de la negociación para renovar el CGPJ
Más allá de la esfera jurídica, esta propuesta ha sentado como un jarro de agua fría en el PP. El otro gran partido que tiene en su mano la renovación del CGPJ asegura que este movimiento enfría un pacto que se vislumbraba para antes de agosto. "Con esta Ley es un obstáculo más. Hay un gran cabreo pero no se espera que se rompan los puentes", explican a este medio fuentes de la negociación.
De hecho, las conversaciones que lideran Félix Bolaños desde el PSOE y Esteban González por parte del PP siguen adelante y no están en punto muerto como ha ocurrido otras veces en el pasado. No obstante, desde el Gobierno insisten en que la culpa de que la parálisis actual es exclusivamente del Partido Popular, por negarse a renovar el órgano de gobierno de jueces.
A todo ello se añade un nuevo frente para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Su socio de Gobierno, Unidas Podemos, se desmarca de esta nueva propuesta de cambio legal. La formación morada, que sí apoyó en 2021 la iniciativa para limitar la actuación del CGPJ en funciones, ahora se desliga de esta alternativa. Ello complica enormemente que la votación de la propuesta en el Congreso de los Diputados salga adelante y vea la luz en las próximas semanas, como pretendía el PSOE.
Desde el Tribunal Constitucional, por su parte, guardan silencio. Tampoco el CGPJ va a hacer comunicación oficial al respecto. La semana que viene el órgano de gobierno de los jueces tiene previsto celebrar Comisión Permanente miércoles y un día después, Pleno. Es probable que allí se aborde lo relativo a esta nueva propuesta de reforma de la Ley que cuenta ya con más rechazos que apoyos antes incluso de nacer.
