El pleno del Congreso de los diputados ha rechazado este martes con los votos del PP la devolución de la propuesta de reforma educativa al Gobierno, que había pedido prácticamente toda la oposición con once enmiendas de totalidad al considerar que no reducirá el abandono escolar, segregará alumnos e invadirá competencias de las comunidades autónomas. La Cámara Baja se ha opuesto a todas las peticiones de retirada del proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) por 179 votos, con 149 a favor de la devolución y ninguna abstención en votación a mano alzada, de forma que ahora pasará a la fase de enmiendas parciales en comisión.
En las cinco horas que ha durado el debate, que se ha celebrado en el Senado porque el Congreso está en obras, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha justificado la reforma con el argumento de que el sistema escolar vigente está anticuado y estancado, es excesivamente rígido y uniforme y no proporciona los resultados académicos deseados. Ha asegurado que la reforma ha respondido a un proceso "amplio" de diálogo con los agentes educativos y todos los grupos políticos.
Por el contrario, la oposición -salvo UPN y Foro Asturias- ha augurado una existencia corta de la reforma por considerar que no ha sido consensuada, sino que el Gobierno simplemente pretende "imponer una ley ideológica". Wert ha defendido que se busca aumentar la calidad de la enseñanza, disminuir la tasa de abandono escolar prematuro (situado en el 25%) y mejorar de forma significativa las posibilidades de empleo de los jóvenes, ya que el paro juvenil se sitúa en el 57,5% según la EPA, más del doble de las medias europeas. Además, un cuarto de jóvenes entre 18 y 24 años ni estudia ni trabaja.
El ministro ha asegurado que el sistema vigente es equitativo al garantizar el acceso a la educación, pero no tanto para asegurar la permanencia escolar según la situación económica. Así, el abandono escolar prematuro llega al 35% de los alumnos cuyas familias se encuentran en el grupo de renta per cápita más baja, frente al 10 por ciento de la más alta. Así, ha rechazado que la ley signifique una recentralización de competencias, sino una distribución nueva de éstas "acorde con la Constitución", por ejemplo en la nueva estructura de asignaturas.
Sobre las evaluaciones externas estandarizadas que propone la reforma al terminar la ESO y Bachillerato, ha negado que sean reválidas, pues no tienen fin punitivo o de obstaculizar la progresión de los alumnos, ni tampoco servirá para "clasificar" centros ni establecer rankings. La baja autonomía de los centros y la debilidad de la tasa de titulados de FP también, si se compara con Europa, son otras debilidades.
"La Lomce intenta aplicar y establecer recetas similares a las que han permitido a esos país mejorar sus resultados académicos (...) Son medidas basas en la evidencia, no obedecen al capricho o la improvisación", ha subrayado.
La oposición no apoya la reforma de Wert
El portavoz socialista, Mario Bedera, ha replicado que la ley nace "muerta", lo ha instado a retirarla y ha anunciado que el PSOE la recurrirá en Tribunal Constitucional si es aprobada tal cual, como un modelo "insolidario y elitista y plagado de obstáculos" para los alumnos.
Vestida con la camiseta verde en defensa de la escuela pública, como el resto de sus compañeros de Izquierda Plural, Caridad García ha criticado el "desmantelamiento" de la escuela pública, la intención de "suprimir" las competencias de los consejos escolares en la gestión de los colegios y ha censurado que los directores asuman competencias en la selección del profesorado, por lo que es una ley "antidemocrática", además de "profundamente adoctrinadora".
Por CiU, Martí Barberá ha interpretado que la Lomce impide a las comunidades desarrollar políticas reales educativas "propias" y aspira a la "preeminencia absoluta" del castellano en comunidades con lengua cooficial, lo que ha negado el ministro. Por su parte, el PNV cree que la Lomce es una visión "empobrecida" de la educación y no respeta las competencias; y UPyD piensa que es una ley "inestable", mientras que seis formaciones del grupo mixto - ERC, Amaiur, BNG, CC, Compromís y Geroa Bai- han defendido la retirada por no contar ni con consenso, ni respaldo de los agentes implicados. El diputado de ERC Joan Tardá ha anunciado que su formación trabajará para que el Gobierno catalán no la acate.
Wert ha acusado a la mayoría de los diputados que pedían la retirada de "ignorancia palmaria" sobre el contenido de la norma -expresión que luego ha retirado- y de hacer un ejercicio "estrictamente destructivo" sin alternativas.
