El ahorro en la prestación de los servicios públicos municipales, una vez puesta en marcha la reforma local, sumada a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y al Plan de Pago a Proveedores, que ha obligado a muchos ayuntamientos a presentar planes de ajuste, permitirá un ahorro de 16.631 millones de euros de aquí al año 2022, según ha estimado el Instituto de Estudios Fiscales.
Al capítulo del ahorro hay que añadirle otro de aumento de los ingresos que, a juicio del mismo órgano, puede elevarse a más de 22.000 millones de euros para el mismo periodo. El cálculo del Instituto de Estudios Fiscales basa su proyección en buena medida en el realizado por el Ministerio de Hacienda de 7.129 millones de ahorro para el bienio 2014-2015, que sería el impacto primero de la aplicación de la nueva ley de reforma local.
Estas estimaciones se realizaron durante unas jornadas celebradas en la Comunidad de Madrid organizadas por la red de Empresas Locales de Interés General (Red ELIGE), que aúna a empresas relacionadas con los sectores de limpieza urbana, basuras, transporte, rehabilitación, turismo o servicios funerarios, es decir, con todas aquellas que prestan servicios en el ámbito municipal.
1.134 empresas públicas municipales dan empleo a 75.000 personas con una cifra de negocio superior a los 8.000 millones
Son 1.134 las empresas públicas municipales, que emplean a 75.000 trabajadores con una cifra de negocio superior a los 8.000 millones de euros, según recoge la revista "Carta Local" que depende de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), muy preocupada por la posible pérdida de competencias a manos de las Diputaciones Provinciales que permite la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que ha promovido el departamento de Cristóbal Montoro.
La Red ELIGE ha desarrollado un instrumento informático que permitirá evaluar el impacto de la reforma local sobre las empresas públicas, aunque, de momento no se ha testado entre otras cosas por los sucesivos cambios que ha ido sufriendo un texto muy discutido por los alcaldes, incluidos los del Partido popular, y que ha llevado a una ruptura de los socialistas por entender que el ahorro que persigue esta reforma facilitará la privatización de la prestación de servicios públicos.
El próximo caballo de batalla será la determinación del coste estándar en la prestación de los servicios municipales, cuestión que tiene muy preocupada a la FEMP y a las empresas públicas y concesionarias de dichos servicios. Por ejemplo, las dedicadas al tratamiento de residuos urbanos han hecho llegar su preocupación a la FEMP por entender que en una cuestión tan vital para los ayuntamientos como éste, la determinación de dicho coste debe hacerse teniendo en cuenta múltiples parámetros, desde el proceso de recogida, el de reciclaje y hasta las condiciones climatológicas. Y es que aquellos municipios de menos de 20.000 habitantes que se salten dichos costes verán como la competencia pasa a la Diputación provincial, reforzadas con esta reforma local.
