José Antonio Monago, junto a otros barones territoriales, ya ha mostrado su disconformidad con la reforma de la ley del aborto planteada por el Gobierno. Sin embargo, el El PP de Extremadura ha dado un paso más y ha pedido al Gobierno central mediante una propuesta "no avanzar" en la tramitación del anteproyecto de Ley del Aborto hasta que "no se haya consumado un diálogo y debate" con otras fuerzas políticas que conduzca a una regulación de la interrupción voluntaria del embarazo "mucho más consensuada" con otras fuerzas políticas.
Así se reclama en la propuesta, recogida por Europa Press, que el Grupo Parlamentario Popular, presidido por Monago, ha presentado en el Parlamento de Extremadura para que, en caso de que cuente con mayoría, se traslade al Gobierno central. En concreto, el Grupo Popular reclama en su iniciativa "abrir un proceso de diálogo y debate con otras fuerzas políticas" que conduzca a una regulación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo "mucho más consensuada, acorde con la sociedad plural y secularizada de hoy", y que esté "en consonancia con las legislaciones de los países" del entorno.
En este sentido, reclama "no avanzar" en la tramitación del anteproyecto de Ley de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Embarazada "en tanto no se haya consumado el diálogo referido en el punto anterior" así como "alcanzado acuerdos de consenso con otras fuerzas políticas".
"Ni negar a una mujer a ser madre ni obligarla a serlo"
En la justificación de la iniciativa parlamentaria, que está firmada por el portavoz del Grupo Popular, Miguel Cantero, se considera que "nadie puede negar a una mujer su derecho a ser madre, ni tampoco nadie puede obligarle a serlo", como ya aseveró el presidente extremeño, José Antonio Monago, en su discurso de fin de año.
Considera el PP extremeño que el derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad "no se puede enmarcar en un debate político, ético o sociológico que no complete como punto de partida irrenunciable la libre decisión de las mujeres". En ese sentido, la propuesta del PP defiende que la maternidad es "un derecho fundamental cuyo ejercicio no puede ser objeto de imposición, ni tampoco de anulación por parte de ningún estamento o instancia política social o religiosa", señala.
Por eso, el Grupo Popular considera que el anteproyecto presentado por el Gobierno no cuenta "con el suficiente debate previo y el necesario consenso", y considera que la regulación que se realice del aborto debe contemplar "al menos la seguridad jurídica de las mujeres", así como la prevención de los embarazos no deseados, a través de la educación sexual.
También la reforma de la Ley del Aborto debe recoger, a juicio del PP, una "combinación racional de los plazos con la regulación específica de determinados supuestos", entre los que cita malformaciones, embarazos de menores de edad o violaciones, entre otros.
