El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lleva un año y tres semanas en funciones. Su presidente, Carlos Lesmes, considera que este retraso "constituye una grave anomalía en el funcionamiento de las instituciones" que, de prolongarse, "puede contribuir al descrédito del propio órgano de gobierno de los jueces", según consta en un comunicado emitido este lunes. Ante esta situación, ante el más reciente varapalo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a España y ante una posible investidura, ha urgido por tercera vez al Congreso y al Senado a llegar a un acuerdo para su renovación.
En sendas cartas dirigidas a las presidentas de las Cámaras -Mertixell Batet y Pilar Llop-, el magistrado recuerda "la necesidad de dar cumplimiento a lo dispuesto" en la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde se establece su obligación de adoptar las medidas necesarias para la renovación del Consejo. Fuentes jurídicas han explicado a Vozpópuli que se trata de un mensaje al Partido Popular (PP) y al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que en 2018 alcanzaron un acuerdo para proponer los cargos al CGPJ.
Tras las elecciones generales del 10 de noviembre, PP y PSOE aumentaron en 18 sus escaños, por lo que bastaría con el apoyo adicional de tres diputados. Las formaciones lideradas por Pablo Casado y Pedro Sánchez suman 208 diputados frente a los 210 que se necesitan para elegir a cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional y a los vocales del gobierno de los jueces.
Lesmes admite que la disolución anticipada de las Cámaras y la repetición de las elecciones generales han podido "condicionar" la culminación del proceso de renovación. Sin embargo, insiste en que es "necesario" volver a recordar "el mandato legal" para que se adopten las medidas necesarias "a la mayor brevedad posible".
Varapalo del tribunal europeo
La reclamación del magistrado coincide con las negociaciones de investidura entre PSOE y ERC, así como con el fallo de Luxemburgo en el que se declara la inmunidad del líder independentista Oriol Junqueras en calidad de eurodiputado. Según el criterio del tribunal europeo, la Sala presidida por Manuel Marchena debió haber permitido a Junqueras acudir al Parlamento Europeo cuando resultó electo y se encontraba en prisión preventiva.
La sentencia representó una bofetada doble -al poderse aplicar también a los procesados rebeldes Carles Puigdemont y Antoni Comín- que fue rematada por el juez instructor del procés al reconocer que la resolución europea tendrá incidencia en la situación de ambos líderes catalanes.
La resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se suma a los 'noes' que ha recibido la causa del procés en otros países de la región. El primer rechazo vino de Alemania, cuando el tribunal regional de Schleswig-Holstein desestimó entregar a Puigdemont por rebelión y solo admitió la malversación, una opción que fue rechazada por España. La segunda negativa provino de Bélgica, que rechazó las euroórdenes contra varios exconsellers por un error de forma. Actualmente, Bruselas estudia el caso del expresidente catalán.
El acuerdo frustrado
Los propios líderes independentistas intentaron, durante la fase de instrucción, torpedear el juicio del procés con una recusación contra varios jueces del tribunal por el Whatsapp que paralizó las negociaciones para la renovación del Poder Judicial.
En aquella ocasión, el PP había pactado con el PSOE cuatro nombres: José Ricardo de Prada, Carmen Sáez, Luis Martín Contreras y José Miguel Castillo Calvín. El acuerdo se vio frustrado a finales de noviembre, después de que desde 'Génova' acusaran a la ministra Dolores Delgado de haber filtrado a la prensa el nombre de Marchena como próximo presidente del CGPJ y de que se filtrara también el mensaje del exsenador Ignacio Cosidó en el que se ponía en entredicho la independencia judicial.
El órgano de gobierno de los jueces se encuentra en funciones desde el 4 de diciembre de 2018 y su presidente ha reclamado ya en tres ocasiones su renovación.
