El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) presentó este miércoles una denuncia ante el Juzgado de Montijo (Badajoz) contra la empresa Movilex RAEE por un presunto delito continuado contra el medio ambiente. Según las diligencias abiertas, la empresa extremeña, dedicada a la recogida de aparatos eléctricos y electrónicos, gestión integral de residuos y de puntos limpios, habría triturado una importante cantidad de residuos tóxicos y peligrosos procedentes de aparatos con gases refrigerantes emitiendo a la atmósfera gran cantidad de gas CFC. Todo ello, sin la autorización que le permite el tratamiento de equipos con gases refrigerantes.
La denuncia de la Guardia Civil incluye además el traslado de 60 toneladas de la espuma resultante de la trituración de los aparatos de frío a un vertedero de residuos no peligrosos en Sartego, Zamora, cuando la peligrosidad de estos residuos es muy elevada y en ningún caso debían haber sido depositados en dicho lugar. Además de no haber existido notificación alguna, se trata de un traslado irregular, ya que estas espumas son consideradas como Residuo Tóxico y Peligroso porque en ellas se concentra la mayor parte del gas de los aparatos refrigerantes.
Quien trasladó a los agentes las sospechas de lo que estaba ocurriendo con la empresa radicada en la localidad de Lobón fue la compañía sevillana Recilec, también dedicada a la gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Según explican desde Recilec a este diario, hace unos cinco o seis meses detectaron extrañados el envío masivo de aparatos hacia Extremadura. Al hacer un seguimiento un poco más especial descubrieron que estaban tratando equipos de refrigeración, por lo que presentaron una denuncia ante la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía del Junta de Extremadura, sin que hubiera ningún movimiento por parte de la Administración. "La Consejería solo ha demostrado pasividad y ha sido la Guardia Civil la que se ha movido", lamenta el gerente de Recilec.
En efecto, fueron los agentes del Seprona quienes se personaron en las instalaciones y constataron los hechos. Al tomar muestras de las espumas, comprobaron que contenían gas CFC, por lo que lo denunciaron ante el Juzgado de Montijo. Una semana más tarde, confirman que las espumas no se encuentran en el mismo lugar y habían sido trasladadas al vertedero zamorano. Ahora, el caso está judicializado y será el juez quien resuelva.
Para Ecologistas en Acción Extremadura, "60 toneladas de CFC es una barbaridad", y alertan de la peligrosidad de este gas, responsable del aumento del agujero de la capa de ozono y el incremento del efecto invernadero, así como del "grave problema" que representa su inadecuado tratamiento. "No hay derecho a que los ciudadanos se preocupen de llevar los aparatos a un punto limpio o a alguna empresa de gestión de residuos y que luego se actúe así", comentan a Vozpópuli.
A Movilex RAEE, a la que se le atribuyen los delitos medioambientales, la Consejería le otorgó la "autorización ambiental integrada para el centro de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y almacenamiento de residuos plásticos, de maderas, de cartón, de papel, de vidrio, de pilas y de acumuladores". Sin embargo, en la misma resolución, en respuesta a una alegación durante la fase de información pública que denunciaba el "incorrecto tratamiento de aparatos consistentes en frigoríficos ya que no se desgasificaban espumas aislantes expandidas con CFC o HCFC" especificaba que "la instalación no realiza esa parte del tratamiento ni está autorizado para ello, y por lo tanto deben entregar las espumas a otro gestor que sí esté autorizado".
La empresa Recilec y su Consejo de Administración se queja de que, con su actitud, la Consejería favorece el dumping, práctica en la que una empresa establece un precio inferior para los productos que comercializa buscando sacar del mercado a sus competidores. Además, esta "permisividad" puede favorecer el tratamiento de residuos peligrosos sin los niveles adecuados que garanticen la protección medioambiental en favor de los intereses privados. Según denuncia la empresa sevillana, las compañías españolas que tratan equipos de intercambio de temperatura requieren importantes inversiones, y competir en condiciones perjudiciales pueden afectarles negativamente.
