La decisión del magistrado del Tribunal Supremo que investiga el 'procés', Pablo Llarena, de retirar las órdenes de detención europea e internacional sobre el expresident catalán Carles Puigdemont y los exconsellers Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret, todos ellos fugados a Bélgica desde el 29 de octubre, es un cebo para que salgan de Bélgica y poder detenerles, según aseguran a Vozpópuli fuentes conocedoras del procedimiento judicial.
Sin embargo, el auto y la providencia con los que Llarena retira las órdenes de detención europea e internacional de Puigdemont simplemente aluden al intento de la Justicia española para que los fugados no se aprovechen de una posible decisión de la justicia belga de no extraditar a los políticos catalanes por los principales delitos, que son los de rebelión y sedición, con penas de 30 y 15 años, respectivamente.
De esta forma, Llarena se adelanta a la posibilidad de que el juez de Bélgica acuerde la extradición únicamente por el delito de malversación de caudales públicos, penado con un máximo de ocho años de cárcel, e impida su imputación por los otros cuatro delitos.
Una eventual entrega de Bélgica de Puigdemont por menos delitos llevaría al procedimiento a un callejón sin salida, ya que el presunto cabecilla de la trama, el expresident catalán, sería objeto de una acusación de menor importancia que el resto, como por ejemplo Junqueras.
Sin embargo, los abogados de los fugados no han caído en el engaño. En un primer momento, el abogado principal de Puigdemont en Bélgica, Paul Bekaert, aseguró que Puigdemont no tenía intención de salir de Bélgica tras la retirada de las euroórdenes. "Puigdemont no abandonará Bélgica tras la retirada de la orden de detención europea. Solo ha sido retirada una orden de arresto de las tres (en referencia a la europea)", dijo el abogado al diario "L'Echo".
Detenido en España
El juez Llarena dictó horas después una providencia en la que puntualizaba que también había retirado la orden internacional de detención, aunque mantenía la española. De esta forma, si Puigdemont se trasladaba a Francia no sería detenido, pero sí en cuanto pisara territorio nacional de España.
Después de conocer esta decisión, el abogado en España de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, reconoció que si el expresidente de la Generalitat viniera a votar en las elecciones del 21 de diciembre sería detenido "inmediatamente" pero que, pese a saber las consecuencias, tenía "un compromiso político firme".
En declaraciones a la emisora Rac 1, el letrado dijo que Puigdemont tiene ahora "libertad de movimiento en Bélgica pero, si pusiera un pie en España, le detendrían inmediatamente". A pesar de estas afirmaciones, el letrado ha abierto la posibilidad de que Puigdemont venga a votar en las elecciones catalanas del 21D por su "compromiso político firme".
De esta forma, el expresidente catalán dejará de estar sometido a las medidas cautelares, como por ejemplo tener que "enviar un correo electrónico antes de las nueve de la mañana informando sobre donde estaría durante el día".
La Fiscalía belga ya anunció de inmediato su intención de pedir al tribunal de primera instancia competente que retire las euroordenes contra el expresidente de la Generalitat.
