Dos ciudadanos, llamados Pilar Pulido e Iván Fernández, ambos comerciales de una empresa, han presentado una querella, admitida a trámite, contra Virginia López-Negrete, que fue abogada de Manos Limpias, por presunta revelación de secretos. Piden su detención o una fianza de cien mil euros.
Los querellantes fueron contratados como equipo comercial por la empresa ADS-Broker, una compañía dedicada a informar online de productos de inversión en el mercado de la publicidad.
El administrador de esa empresa era José Cancino Puga, de nacionalidad mejicana, que contaba como colaboradores al norteamericano Antonio Willians y al también mejicano Juan Fortés.
11% de comisión
La propia Virginia López-Negrete pasó a formar parte de los inversores de ADS-Broker, por lo que recibía sus correspondientes beneficios, según el texto de la denuncia.
La abogada acudía a las reuniones con invitados para que percibieran información sobre los beneficios de las inversiones de la compañía y recibía un 11% de comisión por cada 20.000 euros que lograba.
Durante las reuniones se presentaba como jefa de la asesoría jurídica de Manos Limpias y alardeaba de los casos mediáticos que gestionaba autodenominándose “experta en destapar estafas”.
López Negrete decía a los asistentes que conocía personalmente los entresijos de la empresa y animaba a los presentes a fiarse de la compañía y de los trabajadores de la misma. Acudía acompañado por Víctor Podo, su compañero sentimental, del que decía que era abogado, según la querella.
'Abogada' de ADS-Broker
En una ocasión López Negrete incluso actuó como abogada de ADS-Broker, asesorando en el cambio de oficinas desde el Paseo de la Castellana 111 al número 140 de la misma calle.
En el año 2011 José Cancino, administrador de la empresa, no acudió a una reunión con inversores y trabajadores de la compañía. Los querellantes, tras no lograr contactar con José Cancino, decidieron convocar un nuevo encuentro para explicar a los inversores que temían que el administrador se hubiera fugado con el dinero.
Los empleados e inversores llamaron a la abogada López Negrete, que acudió a una reunión con su pareja, al hotel Eurobuilding. La abogada les pidió que llevaran toda la documentación que tuvieran sobre ADS-Broker. Solicitó que llevaran, especialmente, todos los contratos suyos y los de su hermana, que es juez en Valladolid, al parecer ambas inversionistas.
Los inversores y trabajadores, después de entregar toda información, pidieron a la letrada que les representara frente al ADS-Broker y que interpusieran las acciones legales necesarias.
La querella señala que Virginia López-Negrete “a sabiendas de lo que hacía”, organizó una cita con la cúpula policial de la Sección Central de Delitos Financieros a los que informó que iba a llevar la defensa jurídica de todos los afectados.
Les llevó la documentación que le habían entregado los querellantes “sorprendentemente no para accionar contra los socios y responsables de la empresa, sino para querellarse contra sus propios clientes”.
'Experta en estafas'
De forma paralela creó una Plataforma de Afectados por ADS-Broker en la que ofrecía sus servicios jurídicos como letrada pero no contra los socios y administradores, sino contra Iván Fernández y Pilar Pulido a los que calificó como autores de la supuesta estafa.
La abogada hacía referencia en su ofrecimiento a que era experta en estafas, letrada del Sindicato Manos Limpias y abogada de casos como el de la Infanta Cristina y Urdangarín.
Los querellantes señalan que fue filtrando en sus blogs y plataformas las declaraciones de ambos trabajadores “no respetando su obligación de sigilo, ni secreto sumarial, ni de presunción de inocencias de sus exclientes”.
Delito de revelación de secretos
La demanda señala que los hechos descritos son un supuesto delito de revelación de secretos, así como de deslealtad ya que la letrada asesoró a los querellantes y sin su conocimiento, ni consentimiento, se personó como acusación contra ellos.
Los querellantes señalan que la abogada, conociendo que la documentación entregada no podía ser utilizada en su propio beneficio, los recibió y los utilizó sin reparos consciente de la ilegalidad que estaba cometiendo.
El abogado de los querellantes solicita la detención y prisión provisional de la abogada o que se le exija una fianza de cien mil euros, o embargo equivalente, para cubrir las responsabilidades legales.
