La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha retirado la imputación de lesiones contra el delegado de Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. Lo ha hecho tras analizar un informe forense aportado aportado a la causa. La magistrada ha acordado de momento mantener la investigación que lleva a cabo desde el pasado 25 de marzo contra Franco por un presunto delito de prevaricación, al consentir "reuniones multitudinarias desde que se emitiera el informe sobre el Covid-19 de 2 de marzo de 2020 por el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades".
La juez ya había ordenado una serie de diligencias de investigación a la Guardia Civil y al médico forense cuando admitió a trámite la denuncia presentada por el abogado Víctor Valladares. Fuentes jurídicas han asegurado a Vozpópuli que la juez ha recibido el informe forense en el que se explica que no se es posible acreditar una "relación de causalidad" entre acudir a una manifestación y contagiarse de coronavirus. Tras su análisis, ha redactado una providencia en la que se indica que la investigación sigue a partir de ahora solo por el presunto delito de prevaricación, tal y como adelantó La Sexta.
En el auto de admisión a trámite del pasado marzo, la magistrada advirtió que "la respuesta a esta cuestión no es fácil". Hizo hincapié en "lo absolutamente excepcional de los hechos denunciados hace que no sea viable buscar precedentes jurisprudenciales que arrojen algo de luz sobre si los mismos merecen reproche penal (o si, por el contrario, de merecer eventuales reproches, estos serían de otra naturaleza, cuestión ajena al campo técnico-jurídico que nos ocupa)".
Denuncia en el Supremo
Aunque la denuncia presentada por Valladares solo contemplaba un delito de prevaricación, la juez admitió tener "serias dudas" sobre la calificación jurídica y llegó a señalar la posibilidad de investigar al Delegado del Gobierno por un delito de lesiones por imprudencia profesional. Tras la sugerencia de la magistrada, el abogado elevó una denuncia contra el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ante el Tribunal Supremo por presuntos delitos de prevaricación y lesiones.
Aún queda pendiente la respuesta de los jueces de la Sala de lo Penal del Supremo, presidida por el magistrado Manuel Marchena, quienes tendrán que decidir si admiten o no a trámite la denuncia de Valladares contra Sánchez.
