El abogado del rey emérito confirmó el pasado miércoles que el exjefe del Estado ha pagado 4,4 millones de euros para regularizar los ocho millones con los que su primo le costeó sus viajes privados durante años. Es la fórmula para eludir cualquier responsabilidad fiscal, pero la decisión del emérito es un arma de doble filo que abre nuevas interrogantes de recorrido incierto para él. De entrada, reconocer que ese dinero fue el pago por unos servicios prestados compromete la versión de su primo Álvaro de Orleans, que siempre defendió que eran regalos desinteresados. 

El dinero para sus vuelos privados se pagaba desde una sociedad con cuenta en un banco suizo y sede en Liechtenstein gestionada por De Orleans. La primera vez que apareció el nombre de este familiar en las presuntas irregularidades que afectan a don Juan Carlos fue en los audios sobre la conversación entre el polémico comisario José Villarejo y la examante del rey Corinna Larsen. Ella afirmaba sin género de dudas que De Orleans era el testaferro del rey y que el dinero en Suiza era realmente del monarca. 

El aludido lo niega. En una entrevista concedida hace ahora un año para el El País, alegó que creó “la fundación para responder a un mandato” de su padre: “Me pidió que estuviera disponible para echar una mano a las familias reales cuando lo necesitaran”. Según desveló Vozpópuli, en sus estatutos figuraban como beneficiarios tanto don Juan Carlos como sus descendientes: Felipe VI, sus hijas Leonor y Sofía y las Infantas Elena y Cristina. El actual jefe de Estado, don Felipe, comunicó su renuncia a recibir ningún tipo de herencia de esa procedencia.

¿Qué servicios podía prestar una figura como la de don Juan Carlos para una fundación con sede en Liechtenstein y cuenta en Suiza?

Con su comunicado, el abogado del rey emérito desmiente de plano a su primo. Dice haberle prestado servicios y que por eso ha regularizado su situación ante Hacienda por IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). Cuando en diciembre hizo una primera regularización fiscal -por una cantidad total de 678.393 euros-, lo hizo ante la Comunidad de Madrid al tratarse de una donación. Según fiscalistas consultados, el porcentaje a pagar por esta vía es más caro que por el IRPF. Calculan que tendría que haber pagado en torno a un 70% de la donación mientras que en concepto de renta se queda en una cifra entre el 40% y el 50% de los ocho millones. En la anterior ocasión no tenía ningún servicio que explicar sino el uso de fondos procedentes de un empresario mexicano amigo. 

Una de las interrogantes, por tanto, gira en torno a qué servicios podía prestar una figura como la de don Juan Carlos para una fundación con sede en Liechtenstein y cuenta en Suiza. También si era compatible con su asignación y el grado de remuneración estaba a niveles de mercado. Álvaro de Orleans siempre ha negado que los fondos de Zagatka (hasta 14 millones en 2014) fuesen del rey.

Este periódico desveló que en 2003 esa fundación se embolsó una comisión tras la compra del Banco Zaragozano por parte de Barclays Bank. La entidad española estaba controlada entonces por un grupo de empresarios liderado por Alberto Cortina y Alberto Alcocer, ambos del círculo de amistades del rey Juan Carlos I. 

De Orleans no se encuentra formalmente investigado en ninguna de las diligencias abiertas tanto en España como en Suiza, donde sí lo están Corinna Larsen y los arquitectos financieros de Zagatka, Arturo Fasana y Dante Canónica. Sin embargo, la declaración del rey rompe por primera vez la tesis en la que se han amparan todos los implicados para despejar cualquier atisbo de blanqueo de dinero. Siempre han defendido que los movimientos de dinero eran regalos que se hacían entre ellos con una única excepción hasta ahora: Corinna Larsen se quejó en declaraciones a este periódico de que le habían hecho devolver el dinero de los vuelos en los que viajó ella.

La coartada del regalo es un muro contra el que choca la investigación ya que dificulta acreditar un posible origen ilícito del dinero. Las fuentes fiscales consultadas destacan que este caso evidencia las lagunas de la legislación a la hora de perseguir el enriquecimiento ilícito, aún sin tipificar en España. Consiste en poder sancionar a aquellos a los que se les descubre un patrimonio superior a sus ingresos ordinarios y no lo puedan justificar.

¿Por qué nadie le requirió nada?

El escueto comunicado emitido este viernes por el letrado Javier Sánchez Junco para confirmar la regularización del rey emérito apenas tiene dos párrafos. Este periódico se ha puesto en contacto con él, pero ha declinado ampliar sus explicaciones. Su texto sí arroja un dato relevante. Afirma que ninguna autoridad les ha requerido nada. Esto es la clave para eludir el delito fiscal. El Código Penal establece que cualquier regularización deberá producirse antes de que la autoridad competente “interponga querella o denuncia” o antes de que realice “actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias".

Se da la circunstancia de que este anuncio de una nueva regularización se produce tres meses después de que El Confidencial publicase que el rey había disfrutado de ocho millones de euros en vuelos privados junto a una profusión de detalles. La Fiscalía guarda silencio ante las preguntas de este periódico sobre si los investigadores del ministerio público que instruyen las diligencias sobre el rey conocían ese dato que lleva semanas en poder de la prensa.

“No damos información sobre el contenido de las investigaciones”, dicen desde el departamento que dirige Dolores Delgado. En diciembre en cambio sí confirmaron que unirían la primera regularización fiscal al resto de sus diligencias. La Fiscalía también confirmaron que en noviembre habían notificado al despacho del abogado del rey la apertura de diligencias de investigación sobre el uso de tarjetas opacas a cargo de su amigo mexicano. Esto pone en riesgo aquella primera regularización.

La Fiscalía del Tribunal Supremo también investiga un fondo offshore presuntamente vinculado al rey y el cobro de 100 millones de dólares procedentes de la familia real saudí que acabaron en su mayoría en una cuenta de Corinna Larsen en un paraíso fiscal. Esto último corresponde a la época en la que el rey emérito era inviolable por su condición de jefe de Estado. Estaba previsto que la Fiscalía informase en fechas navideñas sobre sus pesquisas en el sentido de archivarlas, pero ese paso sigue sin darse. 

En caso de que los investigadores hallen indicios suficientes de delito tendrían que elevar una querella ante el alto tribunal. Por su parte, el Ministerio de Hacienda también podría iniciar una investigación para verificar esta segunda regularización. En caso de que considerase que no existen servicios prestados por parte del rey a la fundación de su primo, los cuatro millones (más la diferencia correspondientes) pertenecerían a la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso al tratarse de una donación.   

¿De dónde procede el dinero?

La información de esta segunda regularización fue adelantada de forma casi simultánea por El Español y El País. Las informaciones aseguran que los más de cuatro millones que ha pagado el rey parten de préstamos de empresarios afines. Esto abre el interrogante sobre el pacto que pueda haber alcanzado el rey para devolverlo, ya sin asignación por parte de la Casa Real para devolver esa cifra. 

La identidades de los prestamistas no han trascendido, pero los fiscalistas consultados advierten de que es necesario que exista un documento que certifique ese acuerdo. De lo contrario, las autoridades podrían interpretar que se trata de una nueva donación por la que el rey emérito estaría obligado a tributar.

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