Uno de los principales perjudicados del caso Villarejo, Luis Del Rivero, da la batalla para que se reabra la investigación por los contratos de Repsol y Caixa a José Manuel Villarejo. El magistrado Manuel García Castellón ha dado pasos de calado en esta pieza de la macrocausa Tándem y, tras archivar la investigación a los entes así como a Antonio Brufau e Isidro Fainé, ha dado por zanjada la investigación dejando como máximos responsables de este espionaje a los exjefes de seguridad de Repsol y Caixa. Un movimiento, que según el empresario murciano, es "incongruente".
El expresidente de Sacyr -que también figura como víctima del comisario jubilado en la investigación abierta por los encargos del BBVA- no está conforme con la decisión del magistrado de librar de la causa a toda la cúpula de la petrolera. Por ese motivo ha recurrido el auto del magistrado de la pasada semana en el que daba por terminada la instrucción de esta pieza vigesimoprimera y proponía juzgar a Rafael Araujo y Miguel Ángel Fernández Rancaño, por su papel activo en la contratación de Villarejo.
En el recurso dirigido a la Sala de lo Penal, y al que ha tenido acceso Vozpópuli, Del Rivero califica el cierre de "prematuro" y dice que no comprende la "consigna de cerrar la instrucción a toda costa". A diferencia de las piezas de BBVA e Iberdrola (que arrancaron antes y siguen en instrucción) en este caso el magistrado ha considerado que ni los entes como personas jurídicas ni sus máximos responsables (Antonio Brufau e Insidro Fainé) fueron responsables del contrato en 2011 a Villarejo, entonces policía en activo, para espiar a Del Rivero.
Por ese motivo el empresario pide a la Sala de lo Penal que corrija al instructor y reabra la investigación para impulsar una serie de diligencias que considera clave. De este modo, reclama que declaren como testigos el chief compliance de Repsol, el experto de KPMG que elaboró la pericial para la petrolera o Natividad Martínez (mujer de Del Rivero), entre otros. Además, insiste en que a lo largo de la investigación (que arrancó a finales de 2019) se han producido incongruencias que hacen muy difícil desligar de este espionaje al exsecretario del consejo de Repsol, Luis Suárez de Lezo.
Las agendas de Villarejo
En su auto del pasado 20 de septiembre, el titular de otras grandes causas como Púnica y Lezo consideraba que había indicios más que suficientes para juzgar a los exjefes de seguridad de Repsol y Caixa, además de Villarejo, su socio Rafael Redondo y el exjefe de la UCAO Enrique García Castaño, alias 'El Gordo'. Sin embargo, archivó las pesquisas para los exaltos cargos de Repsol Luis Suárez de Lezo, Joaquín Uris y Juan de Amunátegui, además del exdirector general de Medios de Caixa, Antonio Massanell. En julio ya hizo lo propio con Brufau y Fainé al entender que las direcciones de los entes no tenían por qué estar al tanto de las contrataciones de los proveedores.
El criterio del juez chocó con el de Anticorrupción y el propio Del Rivero que consideraron que los espadas de las grandes del IBEX no podían quedar al margen de estas contrataciones. Pero el empresario murciano no se queda ahí y asegura que Suárez de Lezo, por el cargo que ocupaba en la petrolera y por las declaraciones de Araujo en sede judicial, tuvo poder de decisión en este espionaje. El mismo se impulsó a través del proyecto Wine y tenía como fin último espiar a Del Rivero y su entorno ante el plan de hacerse con el poder de la petrolera en una acción sindicada con la mexicana Pemex.
Por ese motivo, lo primero que solicita a la Sala de lo Penal es que incorpore las anotaciones de las agendas de Villarejo a las que se hace alusión a Isidro Fainé. Aunque desde su entorno han negado en todo momento cualquier toma de contacto con el comisario jubilado, sus manuscritos recogen dos apuntes concretos sobre un intento de encuentro con el banquero catalán. El primero de ellos es el relativo al 3 de junio de 2016 cuando anotó su nombre y, al lado, la referencia 'Anulada', y el segundo el 15 de julio. En ese caso solo adjuntó la fecha sin incluir ningún detalle más.
Suárez de Lezo
Se trata de una petición que ya formuló sin éxito al magistrado antes incluso de cerrarse la investigación alegando que podrían aflorar nuevos indicios. A ello añade la necesidad de que declare Enrique Hernández en calidad de Chief Compliance Officer de Repsol. Según explica, se manifestó un "patente divorcio" entre lo plasmado por Hernández en su informe y lo que expuso Suárez de Lezo en sede judicial al aseverar que discrepaba de sus conclusiones y que no tenía por qué estar de acuerdo con ellas. El documento en cuestión recogía la identidad de empleados del departamento de Seguridad que terminaron declarando como testigo.
Al hilo también explica que debería declarar en sede judicial el experto de KPMG encargado del informe pericial sobre el compliance de Repsol primero porque la pericial no acompañaba la documentación en la que sustentaba sus conclusiones y, segundo, porque no se había dado a las acusaciones "la oportunidad de contradicción". A ello se añade dos diligencias de investigación "claramente omitidas", por el magistrado, entre las que se encontraría escuchar en sede judicial a la mujer del expresidente de Sacyr Vallehermoso.
Natividad Martínez fue, según los investigadores, una de las principales víctimas de Villarejo ya que, para este encargo, habría controlado su tráfico de llamadas telefónicas (tratándose de datos de carácter reservado). Además del entorno más cercano de Del Rivero, Villarejo espió al jefe de Seguridad de Sacyr Rodrigo Álvarez (apodado El Cid) y el antiguo director financiero de Repsol Fernando Ramírez Mazarredo. Los propios imputados en la pieza explicaron en sede judicial que el encargo tenía razón de ser ya que en la petrolera había temor a que se hicieran con el control del negocio fuera y dentro de España. Pese a ello, negaron irregularidades y se desligaron de las técnicas del policías.
Instrucciones verbales
Del mismo modo propone escuchar de nuevo a Massanell para que se pronuncie sobre las llamadas que habría recibido Del Rivero desde el departamento de informática de CaixaBank entre mayo y junio de 2012, coincidiendo con este encargo. La defensa del empresario de la construcción asegura que se trata de un "extremo cuando menos inquietante" porque las llamadas coinciden con las fechas en las que sufrió un ataque informático.
Finalmente insiste en que los indicios contra Suárez de Lezo no solo se mantienen sino que se han incrementado después de que Araujo confirmara en su declaración en sede judicial que despachaba de estos asuntos con Suárez de Lezo y que así lo recogía también el informe del Chief Compliance Officer. Al hilo recuerda también que "lo verdaderamente importante" de todo ello era que los despachos entre ambos fueron orales y que ese sería el quid de la cuestión. "Lo verdaderamente importante, sus acciones más invasivas e inconfesables se trasladaban oralmente para no dejar rastro en las corporaciones
contratantes", sentencia el recurso.
