Con todos sus bienes y todos sus productos financieros embargados, el juez sigue muy de cerca las operaciones de Luis Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias. El Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) requirió a la entidad Madrid Leasing Corporation EFC que remitiera al juzgado toda la documentación relativa al contrato de "leasing" -cuyo arrendatario es la empresa Conosur Land- para justificar el pago de 1.559 euros relativo a la compra de un coche realizada por dicha empresa el 30 de julio. Las sospechas del Sepblac respondían a que tal pago se realizó cuando el extesorero llevaba un mes en prisión y tenía sus cuentas bloqueadas.
En un escrito dirigido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, el abogado de Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, afirma que ese pago lo abonó en caja la esposa del extesorero. Pero no fue el único. En el informe remitido al Juzgado de Instrucción número 5 por Madrid Leasing, figuran dos pagos más, uno de 1.559,46 euros con fecha de 14 de agosto, y otro de 1.519,32 euros el día 4 de septiembre. Ambos también ingresos en efectivo. Según la defensa del extesorero, Rosalía Iglesias tuvo que pedir prestada esa cantidad superior a 4.600 euros para ponerse al corriente de pago del vehículo. En palabras de Gómez de Liaño, el pago se hizo "con dinero prestado por algunos de sus familiares, una vez que la compañía le puso al corriente del descubierto mensual".
El pago responde a un contrato correspondiente a una operación para la compra por el método "leasing" de un vehículo Land Rover 4.4 Tdv8 Vogue, por importe total de 91.936 euros. La cuenta que el matrimonio tiene a nombre de la sociedad Conosur Land también está embargada después de que el pasado 2 de julio Ruz ordenara a Bankia el bloqueo "urgente" de las cuentas a nombre de Bárcenas y su mujer.
Tras el embargo de diversos bienes al matrimonio Bárcenas para asegurar el pago de las fianzas que les impuso el juez en concepto de responsabilidad civil, la defensa de ambos reclamó al juez que le dejara disponer de 5.000 euros al mes para poder pagar recibos como luz, agua, gas, teléfono y otros gastos mensuales.
La Fiscalía Anticorrupción atribuye a la esposa de Bárcenas delitos contra la Hacienda Pública relacionados con el IRPF de 2002 y 2003 por las declaraciones conjuntas que presentó con Bárcenas en dichos ejercicios y en las que omitió "ingresos y rentas generados en ese periodo". De esta forma, las cuotas eventualmente defraudadas ascenderían por el momento, y sin perjuicio de una liquidación definitiva, a 307.850,86 respecto de 2002 y de 1.179.670,4 en relación con el año siguiente.
