Pedro Sánchez escuchó una y otra vez el "Sí se puede" después de alcanzar el acuerdo de coalición con Unidas Podemos que permitió su investidura hace dos años. Ahora, sin embargo, cada vez que se plantea el cese de un ministro morado, el jefe del Ejecutivo escucha justo lo contrario. Pablo Iglesias primero, y Yolanda Díaz después, han recordado que esa atribución, reservada en la Constitución al presidente del Gobierno, fue cedida en el pacto firmado entre las dos formaciones tras las últimas generales.
Esa cesión de Sánchez ante los morados quedó patente, a lo largo de 2021, en tres momentos clave para el Ejecutivo: en marzo, cuando Ione Belarra asumió la cartera de Derechos Sociales que dejaba Pablo Iglesias para ser candidato en Madrid; en julio, cuando la crisis de Gobierno solo afectó a ministros socialistas; y en diciembre, cuando Yolanda Díaz eligió a Joan Subirats como sustituto de Manuel Castells en Universidades.
Ahora, recién arrancado el año 2022, Pedro Sánchez ha vuelto a evidenciar que, pese a lo que establece la Constitución, su acuerdo con Unidas Podemos le impide cesar a un ministro, Alberto Garzón, cuya marcha del Ejecutivo ha sido reclamada, incluso, por importantes dirigentes socialistas, como el presidente de Aragón, Javier Lambán.
El titular de Consumo, de hecho, ya ha dejado claro que no teme por su continuidad en el Ejecutivo después de una conversación entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. La vicepresidenta, reveló el propio Alberto Garzón, le transmitió que no hay "molestia" por su permanencia en el Gobierno y que "ha salido a defender lo que hoy es de cajón y será más de cajón el año que viene". Después, la también ministra de Trabajo puso un tuit respaldando a su compañero:
El PP pide explicaciones
Ante esta circunstancia, el PP ha iniciado una ofensiva parlamentaria en el Congreso de los Diputados para que Pedro Sánchez desvele, y por escrito, los términos del acuerdo de coalición con Unidas Podemos que le impiden cesar a ministros morados.
Así, en una batería de preguntas escritas registradas ayer viernes, y a las que ha tenido acceso Vozpópuli, los populares afirman que "el acuerdo de coalición progresista firmado entre el PSOE y Unidas Podemos para la formación del Ejecutivo actual imposibilita, al Presidente, la destitución del Ministro de Consumo cuya gestión se conoce exclusivamente por sus continuas declaraciones en contra de los intereses de España".
El acuerdo de coalición progresista firmado entre el PSOE y Unidas Podemos para la formación del Ejecutivo actual imposibilita, al Presidente, la destitución del Ministro de Consumo
El PP recuerda que la Constitución, el apartado segundo del artículo 98, establece que "el Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión".
A continuación, los populares preguntan si "confirma el Gobierno la existencia de ese acuerdo que limita las facultades constitucionales del Presidente" y cual es el alcance del mismo. En ese sentido, el PP quiere saber si solo alcanza a los ministros, o también "al resto de altos cargos de los Ministerios que afectan a miembros del otro partido de la coalición".
Reproches a Sánchez y Garzón
En esa misma batería de preguntas, el Grupo Popular quiere saber también "en qué medida el actual Acuerdo de coalición está afectando a las funciones constitucionales encomendadas al Presidente del Gobierno" y "cómo está afectando a los intereses de España la imposibilidad de cesa a un Ministro contrario a los mismos".
A continuación, el PP formula otra serie de preguntas cargadas de reproches a Pedro Sánchez y a Alberto Garzón. Así, los populares echan en cara al jefe del Ejecutivo "por qué no ha impulsado ninguna iniciativa para poner fin a un Consejo de Ministros a la deriva en un momento tan complicado para nuestro país".
Por otra parte, preguntan a Sánchez cuándo piensa suprimir los ministerios que "están resultando ineficaces, ineficientes e inoperantes", y si la eliminación de esas carteras "también se lo prohíbe su Acuerdo de gobierno progresista".
Finalmente, el PP carga contra las medidas incumplidas por parte del Ejecutivo y cuestiona al Gobierno "cómo va a poder seguir justificando un Ministerio, como el de Consumo, cuando al menos el 45% de las familias con dificultades para calentar su hogar no ha recibido el bono social".
