Iberdrola fue la compañía que mejor toreó la pandemia del Ibex 35 en 2020. Sus acciones cerraban aquel año negro con una revaloración del 32% y ascendía a lo más alto del podio en valoración, por encima de Inditex. Ignacio Sánchez Galán es la cara visible del éxito del imperio energético con sede en Bilbao que había conquistado al mercado en pleno coronavirus apostando todo ‘al verde’. Una ‘luna de miel’ en el mercado que se ha estropeado en este 2021.
La relación de ‘amor y odio’ de Sánchez Galán con el Gobierno español, encarnado en la figura de Teresa Ribera, tiene gran parte de la culpa. El presidente de Iberdrola era hasta la fecha uno de los grandes empresarios que no se perdía ninguna de las convocatorias de Pedro Sánchez. ‘España puede. Recuperación, Transformación, Resiliencia’ o ‘España 2050’ dan fe de este entendimiento. La defensa a ultranza de la descarbonización de la economía a cualquier precio que defiende Moncloa, que refleja el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, casan a la perfección con el plan de inversión de energías renovables de Sánchez Galán.
Este ‘filing’ quedaba patente en sus encuentros públicos con Teresa Ribera. La ministra para la Transición Ecológica, reconocida como una de las mayores ‘gurús’ del ecologismo en España, encontraba en la figura de Sánchez Galán la mejor manera de entrar en un terreno más desconocido como es el mundo empresarial de la energía. La conexión vivió su mayor momento de esplendor en Toledo. Iberdrola presentaba allí un acuerdo con el fabricante estadounidense Cummins para el desarrollo de hidrógeno verde. El presidente logró desplazar para la foto en la capital manchega al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, la ministra de Industria, Reyes Maroto, y el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page.
Esta historia de ‘amor’ también se dejaba sentir en el terreno regulatorio. Sánchez Galán ha sido de los que ha aplaudido con más fuerza una de las medidas estrella de Ribera: Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE). Un fondo que pretende, básicamente, que las ayudas al despliegue de las renovables salgan de la factura de la luz de los consumidores y recaiga sobre las energías emisoras de CO2 como es el petróleo o el gas.
Una relación intensa entre Sánchez Galán y el Gobierno que se empezó a apagar en junio. Con el precio de la electricidad acumulando tres meses de subidas, Ribera presentó el recorte a la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico. La intención del Gobierno es reducir los llamados windfall profits (beneficios caídos del cielo) de las centrales hidroeléctricas y nucleares más antiguas que se consideran amortizadas. Centrales de producción de energía de las que Iberdrola, junto con Endesa, es el gran gestor y que, según los cálculos de los analistas del mercado, supone una reducción del beneficio de las grandes eléctricas de 800 millones de euros.
Un gran conocedor de esta relación habla con Vozpópuli sobre esta decisión como “el principio del fin” de la relación entre Sánchez Galán y Moncloa. Aunque lo peor estaba por venir, con el precio de la luz desbocado en verano. El socio de Gobierno de Pedro Sánchez, Unidas Podemos, culpaba de ello a las eléctricas e insistía en nacionalizar activos energéticos para controlar esta crisis. Teresa Ribera declaraba plenas vacaciones en agosto desde Menorca que estaban investigando a la empresa de Ignacio Sánchez Galán por vaciar el pantano de Ricobayo (Zamora) para aprovechar los altos precios.
Golpe a Sánchez Galán
La ruptura definitiva fue en septiembre. Pedro Sánchez anunciaba a los españoles que de media su factura de la luz iba a ser similar a la de 2018 gracias al paquete de medidas que preparaba el Gobierno. Y, cuando desvelaron sus cartas el 14 de septiembre, aparecía un nuevo ‘hachazo’ al negocio de Iberdrola. En concreto, Teresa Ribera presentaba un recorte de cerca de 2.600 millones de euros al negocio de las eléctricas por el beneficio extra que estaban cobrando por los altos precios del gas. De esta cifra, 2.000 millones saldrían del bolsillo de Endesa y la empresa que preside Ignacio Sánchez Galán.
Los inversores que tanto apoyaban a Iberdrola en 2020 ponían en duda su negocio con la crisis regulatoria en su principal mercado. El desplome acumulado en los nueves meses de 2021 se elevaba hasta el 18%. Sánchez Galán activó su agenda internacional para impedir este castigo de aquellos que, hasta la fecha, consideraba grandes aliados. “El Gobierno debe corregir dos errores, el Real Decreto y la Ley, que bien seguro se produjeron por falta de información”, defendía Iberdrola en una controvertida nota de prensa en octubre.
El comunicado se producía poco antes de conocerse el fichaje de Antonio Miguel Carmona como vicepresidente de Iberdrola España. Un miembro de la vieja guardia del PSOE distanciado de la 'cuadrilla' de Pedro Sánchez. Junto a él, Sánchez Galán renovaba la dirección de comunicación de la compañía con José Luis Fernández Peña, más conocido como 'Chunda', a la cabeza.
Una renovación que también se produjo de forma paralela en el consejo de administración de la compañía. Una traca final que se remató a finales de octubre con 'la marcha atrás' de Ribera en su 'hachazo' en forma de un nuevo real decreto-ley para corregir sus errores. Al cierre de 2021, la relación de Galán y el Gobierno vive un período de 'guerra fría' donde parece que ambos están condenados a reconciliarse.
La sombra de Villarejo
Este desencuentro de Galán con el Gobierno se ha visto interrumpido en varias ocasiones por la aparición del caso Villarejo. En junio, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, citaba al presidente de Iberdrola a declarar por su presunta participación en la comisión de delito continuado de cohecho activo, delito contra la intimidad y delito continuado de falsedad en documento mercantil. En la causa de investiga la contratación por parte de Iberdrola de los servicios de Cenyt, la empresa del excomisario Villarejo, en la pieza decimoséptima del llamado caso Tándem.
Medio año después de su imputación en el caso Villarejo, el pasado 3 de diciembre, Ignacio Sánchez Galán ya conocía su fecha para declarar en la Audiencia Nacional. El magistrado Joaquín Gadea le ha citado para el próximo 18 de enero, mismo día en que se interrogará también al expresidente de Iberdrola España Fernando Becker.
Desde la eléctrica esperan que su presidente sea desimputado una vez finalice su declaración, tal y como sucedió tanto con Isidro Fainé como con Antonio Brufau. Un daño colateral de este proceso es el bloqueo de la compra de la energética PNM Ressources por parte de Avangrid, filial de la multinacional española en Estados Unidos, valorada en 3.625 millones de euros. El impacto directo de la sombra de Villarejo sobre Sánchez Galán que se ha evidenciado en este 2021.
