El primer y único objetivo de Pedro Sánchez durante los próximos meses es aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2021 porque de ello depende la continuidad de la legislatura y la suya propia en La Moncloa hasta 2023, y esto necesita, sí o sí, el voto de los 32 diputados de Unidas Podemos; en caso contrario, de nada le habrá valido al PSOE trabajarse el apoyo a las cuentas públicas de ERC y hasta de Bildu.
Por eso, admiten a Vozpópuli distintas fuentes socialistas, el Ejecutivo cruza los dedos para que la Sala de Admisión del Tribunal Supremo se lo tome con su habitual parsimonia cuando se trata de aforados y enfríe su decisión sobre la imputación del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, hasta que el objetivo sea conseguido y el peligro de adelanto electoral quede conjurado. Porque sobrevivir como Gobierno de coalición a una eventual votación de suplicatorio al Congreso para procesarle, antes que los presupuestos pasen por la Cámara Baja, se les antoja "muy complicado".
En el socialismo, ministros incluidos -muy significativa la negativa de Nadia Calviño a "especular"-, hay división de opiniones sobre el desenlace judicial y si el caso Dina puede acabar con la carrera política de un Iglesias que ha reaccionado optimista: "Ni como mera hipótesis concibo ser imputado". En lo que hay unanimidad es en resaltar que el asunto es un torpedo en la línea de flotación del Ejecutivo, señala una fuente gubernamental.
54 días para Casado
De momento, Sánchez está siguiendo en público el manual en estos casos: apoyo a su vicepresidente, "respeto" a las decisiones judiciales... y esperar acontecimientos. Creen los socialistas, como argumenta Podemos, que el Alto Tribunal no se va a atrever a imputar a todo un vicepresidente en base a "meras hipótesis" y sin pruebas, como ya le reprochó la sala de la Audiencia Nacional al juez instructor, Manuel García Castellón, cuando le ordenó devolver al líder de Podemos a su condición de víctima en el caso Dina.
Y es que solo uno de los cuatro delitos, el de denuncia falsa, "podría tener algún viso de prosperar", creen en La Moncloa. Recuerdan el precedente de archivo que hizo el Supremo del escrito de la jueza contra Pablo Casado en el asunto de las irregularidades de su máster, "con muchos más indicios" para perseguir judicialmente al presidente del PP, insisten las fuentes consultadas.
Ese archivo tardó en total 54 días en producirse, los que van del 6 de agosto de 2018, día en que la jueza Carmen Rodríguez-Medel remitió la causa contra el presidente del PP al Alto Tribunal por tratarse también de un aforado, y el 29 de septiembre de ese año, cuando la Sala de Admisión dio carpetazo a un asunto que había hecho correr ríos de tinta contra el líder popular.
El hecho de que el Supremo tardara casi dos meses en archivar un escrito que solo contenía dos presuntos delitos cometidos por Casado, prevaricación administrativa y cohecho, hace albergar en el Gobierno la esperanza de que la Sala de Admisiones se tome con más calma el estudio de los cuatro presuntos delitos que se imputan a Pablo Iglesias: además de denuncia falsa, revelación de secretos, daños informáticos (a la tarjeta del móvil de su ex pareja Dina Bousselham) y falso testimonio.
El PSOE ve con cierta preocupación la "celeridad" con la que la Sala de Admisiones del Tribunal Supremo ha pedido ya a la Fiscalía que evacúe su informe sobre la imputación del vicepresidente segundo
No obstante, preocupa la "celeridad" con la que la Sala de Admisiones del Tribunal Supremo ha pedido a la Fiscalía que evacúe su preceptivo informe. El PSOE da por descontado que el Ministerio Público ratificará la negativa al procesamiento de Iglesias ya expresada ante la Sala de la Audiencia Nacional que rectificó a García Castellón, pero teme que un acortamiento de los plazos judiciales dinamite su calendario presupuestario si no es favorable al líder morado.
El cierre de filas en Unidas Podemos, incluso las amenazas de muerte procedentes de ciertas bases moradas y denunciadas por el juez García Castellón, hace temer al PSOE que una petición de suplicatorio al Congreso para procesarle traería consigo su salida del Gobierno ("no podríamos votar que no" porque desde 1988 no se ha rechazado ninguno, argumentan) y, muy probablemente, la del resto de ministros de la formación: Irene Montero (Igualdad), Yolanda García (Trabajo), Alberto Garzón (Consumo) y Manuel Castells (Universidades).
Y eso, por más que en Podemos ya haya empezado el ruido de cuchillos contra su sucesor o sucesora ante una eventual imputación de Pablo Iglesias por el uso de la tarjeta del móvil de la que fue su asistente años atrás, Dina Bousselham. La mejor colocada para sustituirle, dando por hecho que Irene Montero acabaría también tocada tras una salida abrupta del poder de su pareja, es Yolanda Díaz, pero la ministra de Trabajo se ha apresurado a cerrar filas con el secretario general:
Yolanda Díaz -ministra de Trabajo- sale en defensa de Pablo Iglesias pic.twitter.com/dSjhQdHWPu
— Maximino Alvarez Fdez (Mino o Max Alvarez Fdez) (@maxalvareztever) October 7, 2020
De momento, el presidente del Gobierno habló con Iglesias nada más conocerse la decisión del juez García Castellón de elevar el asunto al Supremo y luego ha seguido en público el manual en estos casos: apoyo al vicepresidente segundo y "respeto" a las decisiones judiciales. En privado, los socialistas confían en que esto no afecte al presupuesto y ya con las cuentas aprobadas, "que la Sala Segunda del Tribunal Supremo haga lo que considere oportuno".
Porque, llegados a ese punto, y si Podemos decide salir del Gobierno, "que habría que verlo", ironiza un miembro de la Ejecutiva, Sánchez podrá justificar la remodelación de Gobierno con la cual se especula desde hace semanas y tirar millas apoyado en la geometría variable de pactos en el Congreso y el Senado, ora con ERC y el bloque de investidura ora con Ciudadanos, hasta la disolución de las Cortes en 2023.
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