España

Sánchez negocia ahora que los líderes del procés recuperen su escaño

El PSOE ha ofrecido a PDeCAT limitar el alcance del artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que se utilizó en 2018 para despojar de sus actas de diputados a Raül Romeva, Oriol Junqueras, Josep Rull y Jordi Turull

  • El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez -

Tras la eliminación de la sedición y la rebaja de la pena de malversación, el PSOE ha hecho ahora una nueva oferta al independentismo. El Gobierno ha ofrecido a PDeCAT una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para rebajar el alcance del artículo que permitió al Parlament y al Congreso dejar si escaños a varios líderes del procés mientras estaban procesados por el referéndum ilegal, sin haber sido aún condenados, según avanza Europa Press, que ha accedido al texto de la nueva enmienda que proponen los socialistas. El PDeCAT aún no ha dado el visto bueno a la propuesta de Ferraz.

El PSOE ofrece, en concreto, retocar a la baja el artículo 384 bis de la LeCrim. Según este precepto, "firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión".

Esta previsión se utilizó en 2018 para despojar de sus actas de diputados en el Parlament a Raül Romeva, Oriol Junqueras, Josep Rull y Jordi Turull i Negre. La previsión sirvió también para que la Mesa del Congreso suspendiera tiempo después a los tres primeros de su condición de diputados -además de a Jordi Sánchez- y se ha utilizado para suspender del cargo público a otros políticos independentistas.

El PDeCat, en un principio, defiende la derogación del artículo. De hecho, ya planteó su eliminación en noviembre al enmendar la Ley orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de justicia. Y también lo intentó la semana pasada durante la tramitación de la reforma del Código Penal, con la que el Gobierno ha atenido a las exigencias de ERC de eliminar la sedición y retocar la pena de la malversación. Pese a que los socialistas 'desoyeron' a PDeCat en el debate de las enmiendas, ahora sí que le han ha hecho una oferta en el marco de la tramitación de la ley de eficiencia procesal, que aún se discute en la Comisión de Justicia del Congreso.

Limitar el alcance de la LeCrim

En concreto, lo que propone el PSOE es una enmienda transaccional para limitar el alcance del artículo 384 bis de la LeCrim para que la suspensión del cargo público se produzca en los casos en los que el delito por el que se les procese sea "grave o muy grave" y medie "violencia o intimidación". El texto prevé que "sin prejuicio de lo que se establezca en las regulaciones de los distintos empleos y profesiones públicas", cuando sea "firme el auto de procesamiento, sólo se podrá acordar la suspensión de cargo u oficio público, concretando su alcance", cuando concurran ciertos requisitos.

Otro de los requisitos, según Europa Press, es que la "la medida cautelar resulte necesaria para prevenir el riesgo de comisión de hechos delictivos concretos relacionados con el que es objeto del proceso" y que "sea solicitada por el Ministerio Fiscal o por acusación personada". Además, la enmienda explica que cuando se solicite la adopción de esta medida cautelar, se convocará una audiencia que deberá celebrarse dentro de los cinco días siguientes a la petición de la medida, y a la que deberán acudir el procesado, asistido de letrado, el Ministerio Fiscal y las demás partes personadas.

La reforma, para después de Navidad

La previsión es que la tramitación de la ley orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de la Justicia no se retome en el Congreso hasta después de las Navidades. El PDeCAT es partidario de la supresión de ese artículo de la LeCrim. Según argumenta, ante la demanda presentada por los cuatro políticos que fueron suspendidos en el Parlament, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sostiene que la aplicación del artículo 384 bis de la Lecrim "constituye una violación del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

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