Pedro Sánchez no está dispuesto a que el Banco Central Europeo (BCE), presionado por el Bundesbank alemán, condicione los rescates de la prima de riesgo española de ataques en el mercado de deuda a la imposición de unos “recortes” de gasto público. No quiere oir hablar porque tensiona la coalición del PSOE con Podemos y además evoca el amargo final de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011 por la crisis; “nada de una vuelta a la regla de gasto por la puerta de atrás y solo para los países del sur”, señalan fuentes gubernamentales a Vozpópuli.

Para frenar esas maniobras de los pro austeridad tanto en el BCE como en la Comisión -será la encargada de aplicar esa condicionalidad a los Estados- el jefe del Ejecutivo cree haber encontrado un buen arma de negociación: el gas. Ahora mismo escasea entre los países más dependientes de Rusia, sobre todo Alemania, pero aquí abunda a buen precio. No solo por la excepción Ibérica, también porque las seis plantas regasificadoras garantizarán el suministro nacional y el de nuestros vecinos a través de la interconexión con Francia si Vladimir Putin decide finalmente cortar el gasoducto Nordstream en represalia por el envío de armas a Ucrania.

Distintas fuentes comunitarias explican que ni en la capital, Bruselas, ni en las principales cancillerías del centro y el norte del continente han pasado desapercibidas las palabras pronunciadas el miércoles por la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, tras despachar con el presidente, cuando advirtió en tono admonitorio: “no aceptaremos cortes de gas, aquí no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades energéticas”.

Unas palabras de la vicepresidenta encargada de la energía que este mismo sábado se vieron refrendadas por el propio presidente del Gobierno, que aprovechó la reuniòn del Comité Federal del PSOE para remachar la idea de que España confía en llegar a un acuerdo con la Comisión, pero no va a aceptar ”imposiciones” en materia gasística.

La vicepresidenta Ribera acusó esta semana al norte europeo de gastar gas ”por encima de sus posibilidades”, evocando así los ataques que recibía España en 2012 por no haber pinchado a tiempo la burbuja inmobiliaria… un especie de donde las dan, las toman

Al margen de que el autorecorte del 15% de gas avalado por la Comisión que preside Úrsula Von der Leyen es rechazado también por Portugal, Grecia, Italia, Hungría e incluso Polonia, las palabras de Ribera y Sánchez, sobre todo las de la vicepresidenta, no resultan inocuas en términos políticos y diplomáticos en el actual momento europeo; evocan aquellos ataques que recibía nuestro país entre 2010 y 2012 por no haber pinchado a tiempo la burbuja inmobiliaria y luego ir corriendo a pedir ayuda a la UE… son un aviso a navegantes, una especie de donde las dan, las toman.

Hace una década España llegó a estar incluida en el acrónimo PIGS (junto con Portugal, Italia, Grecia), juego de palabras -en inglés también significa cerdos- con el que el norte, particularmente Alemania, Holanda, Austria, Dinamarca y los países nórdicos se referían al sur y a su supuesto carácter manirroto con las cuentas públicas. El momento de mayor tensión lo protagonizaba en 2017 el entonces presidente del Eurogrupo, el ministro holandés de Finanzas Jeroen Dijsselbloem, cuando declaró al periódico alemán Frankfurter Algemeine Zeitung: ”Yo no puedo gastarme todo el dinero en copas y mujeres y luego pedirte que me ayudes“.

Dijsselbloem no estaba solo, era la cabeza visible de una mayoría del Eurogrupo que manejaba en tiempos de Ángela Merkel el ministro alemán de Finanzas, el ortodoxo Wolfgang Schauble, sobre la premisa de que el sur, particularmente Grecia, pero no solo, había vivido “por encima de sus posibilidades” gracias a la moneda única puesta en circulación la década anterior (2002) y al crédito barato; algo que llegó a interiorizar el propio gobierno de Mariano Rajoy.

Esa mayoría del Eurogrupo tenía su réplica en el BCE con el todopoderoso halcón Jens Weidmann, presidente del Bundesbank alemán a la cabeza -hasta enero de este 2022-, quien nunca ha visto con buenos ojos en estos dos años de pandemia de Covid la compra de bonos de deuda de los países del sur porque de alguna manera supone mutualizarla entre todos; mucho menos, que la presidenta del BCE, la francesa Christinne Lagarde, lo haya hecho sin someter esa compra a condicionalidad macroeconómica impuesta a los países del sur.

El sustituto de Weidmann al frente del Bundesbank es Joachim Nagel, del SPD pero halcón, más preocupado por controlar la inflación que por la posibilidad de las economías europeas se frenen y se dispare el desempleo; que es lo que atemoriza a Pedro Sánchez en vísperas de año electoral

Weidmann ya no está, pero, para preocupación del Gobierno español, su sustituto al frente del Banco central alemán es Joachim Nagel, con carné socialdemócrata del SPD pero halcón al fin y al cabo, le ha cogido el testigo de la ortodoxia y anda más preocupado por controlar la inflación de la zona euro que por la posibilidad de las economías se frenen y se dispare el desempleo, que es lo que atemoriza a Pedro Sánchez y a su vicepresidenta económica, Nadia Calviño en vísperas electorales.

Y es que el Gobierno de coalición de izquierdas teme que esa condicionalidad a los Estados que el BCE quiere aplicar para poner en marca en denominado Mecanismo antifragmentación entre cotIzaciones de primas de riesgo ate de pies y manos sus políticas de endeudamiento y mayor gasto público en el año electoral que será 2023, primero en los comicios locales y autonómicos de mayo, y posteriormente en las generales de otoño en las cuales Sánchez se juega la reelección frente a Alberto Núñez Feijóo.

El PP y las elecciones anticipadas

”Si a Sánchez le imponen condicionalidad a cambio de controlar nuestra prima de riesgo para que la deuda no suba, eso significaría ir a elecciones anticipadas”, vaticina a Vozpópuli un alto responsable del PP, que duda que Unidas Podemos aceptara seguir en la coalición en tal caso. Hay que tener en cuenta que la subida de medio punto de los tipos de interés impuesta esta semana por los halcones a Lagarde -mas otro medio punto en septiembre- le va a suponer a España un sobrecoste de 22.500 millones más en intereses de la deuda.

Un dinero que el Gobierno necesitaba para otros fines; por ejemplo, pagar los 14.000 millones que va a costar indexar las pensiones al IPC anual que haya a 31 de diciembre -La UE calcula que no bajará del 8,1%- o el aumento de gasto militar. Así que, como España ”ha hecho los deberes” en materia energética, ha dicho la vicepresidenta de Transición ecológica, también parece decidido el Gobierno a usar esa circunstancia como arma negociadora en materia macroeconómica ante el BCE y ante la Comisión Europea en Bruselas.