Feijóo no es el mesías que ansía que la sanidad privada. Ese que hable sin tapujos de las bondades de la colaboración público-privada y tienda la mano al sector sin complejos en una situación de listas de espera sin precedentes en nuestro país. La izquierda siempre ondea el fantasma de la privatización de la sanidad contra la derecha, pero si hay alguien que a la sanidad privada no entusiasme ver en Moncloa es a Alberto Núñez Feijóo. "La impresión que tiene todo el sector de él es mala", manifiesta con rotundidad un primer espada de los grupos hospitalarios privados españoles en conversación con Vozpópuli.
Y no es para menos si se tiene en cuenta que el sector ha llevado a los tribunales al Servicio Gallego de Salud (Sergas) por no remunerar la puesta a disposición de sus servicios en la pandemia de covid-19. Feijóo dejó en Galicia muchos enemigos en la sanidad privada, donde cundía el desencanto por el trato que el entonces presidente de la Xunta les brindaba.
En menos de un año desde su marcha se han resuelto la incompatibilidad de los facultativos. Durante la etapa de Feijóo, sólo se permitía a los médicos ejercer en la privada por su cuenta pero no en los hospitales privados con concierto, porque entendía que todo el centro era concertado y una extensión de la pública, aún cuando desarrollaban especialidades no concertadas.
Sin embargo, la gran enemistad entre Feijóo y la sanidad privada española nace en la pandemia de covid-19, y tuvo como consecuencia el inicio de un proceso legal en los tribunales. La Ahosgal reclama más de 13 millones de euros al Gobierno del expresidente gallego por los “daños y perjuicios causados” por la intervención de los centros sanitarios durante el Estado de Alarma, que les obligó a estar a disposición del Sistema Público de Salud, con todos sus medios “personales y técnicos al completo”, y les impidió desarrollar su actividad normal.
En 2020, el Ministerio de Sanidad de Salvador Illa decretó que la sanidad privada pasaba a estar a disposición de las autoridades públicas. El exministro ordenó la suspensión de toda actividad sanitaria programada no urgente y la imposibilidad de llevar a cabo ERTE por parte de la sanidad privada por ser considerada sector esencial.
Como consecuencia, los hospitales privados españoles se convirtieron en 'hospitales fantasma': centros abiertos, con todo su personal en nómina, con los gastos fijos habituales, pero sin pacientes. En abril de 2020, los hospitales privados gallegos tuvieron un 20% de ocupación. Solo podían atender urgencias, ninguna actividad quirúrgica o consulta programada "no urgente".
Hubo regiones como Cataluña, Madrid o la Comunidad Valenciana que llegaron a un acuerdo económico con la sanidad privada para compensar esta puesta a disposición. En cambio, desde la Xunta de Feijóo ni siquiera se sentaron a negociar con estos agentes sanitarios.
Según informan desde la patronal de la sanidad privada gallega, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ya ha resuelto al menos una de las demandas y le ha dado la razón al Sergas "al entender que la Instrucción de la Xunta era una recomendación pero no de obligado cumplimiento". Los hospitales privados, sin embargo, van a recurrir esta decisión ante el Tribunal Supremo.
Esta misma semana, Feijóo prometía llevar a cabo grandes esfuerzos para reforzar la Atención Primaria. Es más, llegó a afirmar que será "la legislatura de la Atención Primaria". En la sanidad privada española, en cambio, miran con recelo y escepticismo las palabras del gallego.
