La sentencia del Tribunal Supremo dará por probado que hubo violencia en el procés. Los magistrados no comparten la tesis que defendieron en el juicio los líderes independentistas, que presentaron sus movilizaciones como protestas pacíficas para negar tanto la sedición como la rebelión.
Según informan a Vozpópuli fuentes conocedoras de las deliberaciones, la existencia de hechos violentos es una de las conclusiones a las que llegaron los magistrados antes de discutir sobre los delitos concretos por los que fijar las condenas.
Considerar que hubo violencia resulta clave para enfocar lo sucedido en el referéndum ilegal de 2017 y en los hechos ocurridos el 20 de septiembre ante la Consejería de Economía. Aquel día, decenas de miles de personas se concentraron ante el edificio para protestar contra el registro de la Guardia Civil a las órdenes del juez que investigaba la organización de la consulta.
Duración de las penas
Los siete jueces deliberan hasta el último minuto. Tal y como adelantó este periódico, en los últimos contactos los magistrados de la Sala de lo Penal han abordado un intenso debate sobre la duración de las penas a imponer a los condenados.
Para la Fiscalía, esa violencia fue rebelión. "Era un ataque contra el orden constitucional, por eso no puede ser sedición", dijo el Ministerio Público, que lo comparó con un golpe de Estado en el que no hicieron falta "ni armas ni militares". La rebelión castiga los alzamientos violentos y públicos y, dentro de los límites que recoge el Código Penal, la Fiscalía pide penas de cárcel que van hasta los 25 años de cárcel.
La Abogacía del Estado defiende la tesis de la sedición. También aprecia violencia, pero en un grado diferente. Tipificado en el artículo 455 del Código Penal, castiga a quienes se alcen “pública y tumultuariamente” para impedir por la fuerza la aplicación de las resoluciones judiciales.
Violencia organizada
A su juicio, "para que un alzamiento público tenga una violencia de rebelión, debe concurrir que la violencia o la amenaza de emplearla hayan sido organizadas y previstas como un instrumento nuclear para el fin pretendido y en segundo lugar que la amenaza sea suficiente, idónea".
La abogada del Estado Rosa María Seoane no cree que hubiera violencia organizada, sino que lo que se produjo fue un delito contra el orden público
La abogada del Estado Rosa María Seoane no cree que eso sucediese, sino que lo que se produjo fue un delito contra el orden público. Lo que se buscaba en “esas concentraciones masivas” ante los colegios electorales el 1-O y la Consejería era “impedir a la Policía el cumplimiento de una resolución judicial".
Por ello, pide penas que van hasta los 12 años prisión. En contra de la postura de las acusaciones, la mayoría de los procesados negaron los hechos violentos, apelaron al carácter pacífico de las concentraciones y, en todo caso, culparon de los incidentes a las fuerzas de seguridad.
Cantaron el Virolai
Al ser interrogado por su letrado por la violencia, el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras contestó que la concentración ante la Consejería de Economía y Hacienda el 20 de septiembre de 2017 fue "pacífica". Y como ejemplo de ello aludió a que se escucharon cánticos religiosos como el Virolai, dedicados a la Virgen de Montserrat.
Por su parte el diputado de ERC Gabriel Rufián, a preguntas del letrado Andreu Van Den Eynde, restó importancia a las protestas, e incluso llegó a frivolizar con ellas, asegurando, de forma literal: "Me chirría que aquello fuera un tumulto, una rebelión. Yo me fui a merendar y dudo mucho que en una rebelión pueda uno salir a merendar".
El exlíder de la ANC Jordi Sànchez achacó a las acusaciones haber banalizado el concepto de violencia. A su juicio, "el 1 de octubre no fue una jornada de violencia". Su abogado, Jordi Pina, dijo que las acusaciones no pudieron demostrar la "leve violencia", pues en los vídeos que se reprodujeron en la sala no se vieron todos los "escupitajos, lanzamiento de piedras y patadas" que contaron los agentes.
"No hay violencia, ni está conectada con los acusados, ni es idónea", dijo por su parte el representante legal del líder de ERC Oriol Junqueras y del exconseller Raül Romeva
A juicio de este letrado, que también representó a los acusados Jordi Turull y Josep Rull, lo que ocurrió el 1-O fue el "espíritu" de la votación soberanista del 9 de noviembre de 2014, ya que de "2.000 colegios" en los que se celebró el referéndum ilegal, tan sólo en una "treintena hubo algún incidente". "No hay violencia, ni está conectada con los acusados, ni es idónea", dijo por su parte el representante legal del líder de ERC Oriol Junqueras y del exconseller Raül Romeva.
"La gente salió a la calle para pedir a los políticos que actúen con responsabilidad y afronten el conflicto, y lo hizo sin violencia", dijo también en su último alegato la abogada Marina Roig, representante del líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. En sus explicaciones negó que “se pueda entender como un acto de acoso o de violencia” cantar Els Segadors -himno catalán- ante cuarteles de la Guardia Civil o en los hoteles donde se alojaron los policías.
