Un total de siete empresarios de la Región de Murcia han reconocido que pagaron a cambio de mantener sexo con menores de edad, pero evitarán ir a la prisión tras pactar con la Fiscalía una pena de cinco meses de cárcel por cada uno de los delitos cometidos.

Asimismo, en la causa figuran otros seis acusados que pertenecían a la red de captación y prostitución de las menores que también han pactado con la Fiscalía y que, previsiblemente, tampoco irán a prisión.

En concreto, ninguno de los 13 acusados irá previsiblemente a la cárcel porque el cómputo de las penas pactadas por cada uno de ellos no excede los dos años de prisión, siempre que satisfagan el pago de la pena en concepto de responsabilidad civil. No obstante, el juez convocará una nueva sesión para ver si suspende las penas o no, tal y como ha podido saber Europa Press.

Cabe destacar que el comienzo del juicio estaba previsto este miércoles, a las 10:00 horas, en la Sala 001 de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, pero finalmente se ha producido el pacto de conformidad entre las defensas de los acusados y la Fiscalía.

Relato de los hechos

Los hechos ajusticiados tuvieron lugar hace una década. De hecho, fue en 2015 cuando la Policía Nacional dio por desarticulada esta red que captaba a jóvenes de entre 14 y 17 años en colegios y discotecas de la Región de Murcia, o bien a través de anuncios de Internet para que se prostituyeran en pisos de alterne y a domicilio.

En el operativo inicial fueron arrestadas 29 personas, entre las que figuraban las tres máximas responsables de la organización y 15 demandantes de servicios sexuales que solicitaron expresamente a menores de edad. La red actuaba en Murcia, sus pedanías y municipios de alrededor como Lorquí. El perfil de los clientes, por su parte, era "muy variado", con edades de 40 a los 80 años, y llegaban a pagar desde 80 a 200 euros por cada servicio. Parte de este montante se lo llevaban las víctimas y otra los organizadores, tal y como trascendió cuando se dio a conocer el operativo.

La investigación comenzó en agosto de 2014, cuando la Policía Nacional tuvo conocimiento de la desaparición de una menor. Sus progenitores indicaron que desde hacía tiempo su hija mantenía un alto nivel de vida, pero que no le conocían trabajo remunerado alguno, por lo que la Policía sospechó que podía estar prostituyéndose.

Tras llevar a cabo numerosas gestiones indagatorias, la Policía Nacional logró localizar a la menor en un piso de la capital murciana, en el que también residían otras chicas y un matrimonio dueño de la vivienda. Los agentes pudieron también constatar que en dicho domicilio la menor y otras jóvenes, algunas también menores de edad, estaban siendo explotadas sexualmente por los propietarios del inmueble.

Pacto con la Fiscalía

La Fiscalía acusaba a tres mujeres que actuaban de 'madames' o 'mamis', es decir, las encargadas de captar a las menores de edad en puertas de discotecas y colegios. Asimismo, entre los acusados figuraban dos hombres que se encontraban de los traslados y una cuarta mujer que actuaba de vínculo entre las 'mamis' y las menores.

En el momento en el que la Fiscalía redactó la acusación figuraban nueve clientes de esta red de prostitución procesados. Para cada uno de los responsables de la red de prostitución, la Fiscalía demandaba siete años de cárcel por cada una de las menores captadas. En el caso de los clientes, el Ministerio Público solicitaba cuatro años de prisión por cada uno de los delitos.

Sin embargo, tras el pacto alcanzado entre las defensas de los clientes y la Fiscalía, la pena se ha rebajado a cinco meses de cárcel por cada uno de los delitos y no tendrán que pasar por prisión.

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